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SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) El informe final de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentado el miércoles, reseña pruebas de que las redes criminales han capturado al Estado y mantienen un esquema de corrupción.

«El informe Guatemala: un Estado capturado, presenta una interpretación analítica de la captura y cooptación del Estado, así como la distorsión de la institucionalidad de la democracia, realizada por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que actúan como redes políticas y económicas ilícitas», informó la CICIG en su web oficial.

El reporte analiza algunos casos emblemáticos investigados por el Ministerio Público y la CICIG, que confirman la profundidad con que los llamados CIACS han ocupado entidades estratégicas del Estado para sus fines.

«Las redes de corrupción aún continúan operando en Guatemala, por eso hablamos de Estado Capturado», explicó Matías Ponce, portavoz de la CICIG, mecanismo cuyo mandato expira la próxima semana, tras 12 años de labores en este país.

Para el jurista colombiano Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, recuperar el Estado demandará «una profunda reforma estructural», más allá de la desarticulación puntual de estructuras ilegales.

Velásquez, a quien el Gobierno del presidente Jimmy Morales prohibió la entrada al país, se despidió de los guatemaltecos a través de una videoconferencia en la cual reiteró los aportes de la Comisión al fortalecimiento de la institucionalidad.

Durante su mandato, la CICIG propició la desarticulación de 70 estructuras criminales, presentó 120 casos de alto impacto y un centenar de solicitudes de desafuero (retiro de la inmunidad a funcionarios) y unas 1.540 personas fueron sindicadas en investigaciones del Ministerio Público.

Entre 2007 y 2018, la CICIG apoyó al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, y muchos de los casos procesados estaban estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país.

En ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra excomisionados militares, y miembros de la policía y el Ejército, incluyendo sus altos mandos.

Con la llegada de Morales al Ejecutivo, en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con apoyo de la ONU, y el 31 de agosto de 2018 el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La fiscalía neoyorquina presentará al juez federal Kevin Castel cómo se conformó una estructura criminal que abarca a operadores de justicia, altos funcionarios del régimen nacionalista,  jerarcas policiales que han estado fuertemente vinculados con el narcotráfico.

Unos documentos que obtuve la oenegé Pro Honduras Network reafirman las sospechas de la fiscalía neoyorquina con relación al juicio contra Juan Antonio Tony Hernández, que se realizará en octubre próximo y en el que aparecen involucrados miembros de esta cuestionada administración.

Si bien el acusador estatal probará en el proceso venidero de que el hermano del actual titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández sí estuvo involucrado en actividades de narcotráfico y también probará que hay muchos personajes hondureños que formaron parte de esta trama que se pretende desarticular.

En el contexto del listado, el docente de la Universidad de Nueva York, Patricio Navia, explicará las particularidades de la política hondureña, pero también se confirmará que muchas personas sí tuvieron una efectiva o sutil colaboración con Tony quien fue operador de los cárteles y su hermano tuvo total y completo conocimiento del hecho.

El fiscal federal Geoffrey Berman, narrará en esta etapa cómo se fueron coludiendo altos cuadros del Ministerio Público, secretarías de Estado, el Partido Nacional, fuerzas de seguridad y defensa en la conspiración para permitir o colaborar de manera activa en el tráfico de estupefacientes a EE.UU.

En el documento al cual tuvo acceso la oenegé aparecen algunos personajes como el jefe del régimen Juan Orlando Hernández y el exsecretario de Defensa Samuel Reyes, el exjefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla y la actual jefa antinarcóticos Soraya Cálix, los exsecretarios de Obras Públicas Roberto Ordóñez y Miguel Pastor, el exalcalde de Yoro Arnaldo Urbina Soto y el exdirector del Fondo Vial Hugo Ardón, hermano del exjefe narco Alexander Chande Ardón.

Asimismo, son señalados los exparlamentarios Midence Oquelí Martínez y Fredy Nájera, así como el actual congresista Óscar Nájera y el expresidente Porfirio Lobo y el ex vicealcalde de Gracias Mario José Cubeta Cálix. Además, son mencionados el exsecretario de Inversiones Yankel Rosenthal y el exsecretario de la Presidencia y excongresista Yani Rosenthal Hidalgo.

Según la fiscalía, al trasluz de esta red se descubrió un modus operandi con el que trabajó Tony para movilizar fuertes sumas de dinero procedentes del narcotráfico para obtener poder, cooptar a cuadros incómodos y cómo se brindó protección a quienes podrían ser alcanzados en su momento por la justicia de EE.UU. Además, se plantea «el interés» de demostrar al juez federal Castel que se configuró una mafia que facilitó que este grupo pudiera realizar sus actividades relacionadas con el narcotráfico y blanqueo de capitales.

Tal estructura criminal también permeó la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), dirigido por Soraya Cálix, pariente de Cubeta, por lo que pudo haber colusión a fin de fomentar negocios turbios, blanquear capitales y otros ilícitos, por lo que comprometería a los hermanos Hernández Alvarado en una trama bien orquestada y que supo permanecer de bajo perfil ante las autoridades estadounidenses.

«Cabe destacar que ocho de los 16 nombres que figuran en los documentos son personas que están siendo juzgadas o que han sido sentenciadas por crímenes relacionados con el tráfico de drogas, y otras 4 señaladas como coconspiradores de Juan Antonio Hernández en anteriores documentos que presentó la fiscalía», según explicó en su web Pro Honduras Network. 

La fiscalía neoyorquina cree que el narco penetró entidades como la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), el Fondo Vial, la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), la DLCN y la Policía Nacional de Honduras, por lo que la exposición del docente Patricio Navia ayudará a comprender al juez federal Castel sobre cómo parte de la institucionalidad hondureña se corrompió por patrocinio de influyentes políticos que en su momento fueron piezas clave en el narcotráfico.

Además, Navia expondrá generalidades sobre Tegucigalpa, San Pedro Sula y la occidental localidad de Gracias, así como las particularidades de los departamentos de Colón, Copán, Lempira y Gracias a Dios, regiones que han tenido un papel estratégico tanto en la toma de decisiones  políticas, así como el movimiento de toneladas de estupefacientes cuyo destino final fue EE.UU.

Llama la atención que la parte acusadora tome esta referencia y, por tanto, coincide con amplias investigaciones que realizaron en su momento los equipos de Radio Globo ConfidencialHN sobre cómo los Hernández Alvarado, en particular Juan, jugaron un rol indispensable para que Honduras se convirtiera en un narcoestado.

Asimismo, la mención de otros personajes como Cubeta y su pariente Soraya y Samuel Reyes también coincide con extensas pesquisas que realizaron ambos equipos de investigación, por lo que estos insumos serían de gran provecho para el fiscal Berman a fin de lograr una condena contra Tony que podría alcanzar la cadena perpetua.

El jefe del Ejecutivo nacionalista, por su parte, ha pretendido desmarcarse de cualquier señalamiento hecho en su contra; en su momento reaccionó de manera virulenta al decir que era una «venganza de un delincuente» como Chande Ardón porque sacó a su hermano Hugo de la desparecida unidad de carreteras, aunque a la fecha no ha podido desvirtuar las acusaciones con pruebas fehacientes de que no tuvo conocimiento de las actividades de su hermano a pesar de ser el hombre mejor informado de Honduras por su condición de gobernante.

Hernández se vio obligado a recurrir a los servicios de la afamada firma legal británica Mishcon de Reya para defenderse de futuras acusaciones que formulará el Departamento de Justicia de EE.UU. a través de la fiscalía de Nueva York y un posible pedido de extradición; se deja en evidencia que el número uno del régimen supo prever los escenarios venideros y sus misteriosos viajes al exterior podrían sugerir que está negociando una probable salida y un asilo en cualquier país de Europa u aquellas naciones que no tengan tratados de extradición con Washington.

Con relación a el Tigre Bonilla o CC7 (coconspirador siete, en inglés), reaccionó molesto cuando apareció en un extenso documento de la fiscalía neoyorquina de haber sido responsable de varias muertes que habrían sido ordenadas por Chande y Tony.  Si bien Bonilla no es explícitamente mencionado en el primer documento, pero encuadra en la época que sirvió como número uno de la fuerza pública y, por consiguiente, se volvió una persona de interés para las autoridades estadounidenses.

«En al menos dos ocasiones, entre 2011 y 2013, el acusado ayudó a organizar asesinatos de narcotraficantes rivales. En uno de esos incidentes, el acusado confió en un miembro de la Policía Nacional de Honduras, quien luego se convirtió en el jefe de toda la fuerza policial, para ejecutar asesinatos», se especifica en el dossier que tiene en sus manos el juez federal Castel.

La planificación y ejecución de los asesinatos contó con el respaldo total e incondicional de Tony; uno de ellos era un supuesto rival en el negocio de la droga y otro habría sido un empleado a quien ultimaron porque «sabía mucho» de sus movimientos y podría convertirse en un colaborador eficaz.

Bonilla amenazó a Radio Globo con entablar acciones legales en caso de que volviera a ser mencionado en la trama, a pesar de que las copias que obtuvo Pro Honduras Network son fieles al documento original que fue producido por el ente acusador.

En cuanto a las imputaciones contra Cubeta, Samuel Reyes y Soraya Cálix, tanto Radio Globo como ConfidencialHN demostraron mediante documentación, evidencias gráficas, relatos y cruce de información de sus posibles nexos con los cárteles de la droga y que coinciden con las investigaciones efectuadas por el Departamento de Justicia.

Cálix Hernández se vio obligado a entregarse a las autoridades de EE.UU. ya que su vida corría peligro, pues un comando armado pretendía matarlo ya que cuenta con información suficiente para evidenciar cómo la delincuencia organizada se permeó en la administración nacionalista.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, cuestionó este miércoles a los relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por pedir la salida inmediata de prisión del director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero, preso desde hace cinco meses por órdenes expresas de Juan Orlando Hernández.

Argueta dijo que no quería cuestionar al organismo adscrito a la OEA, ni a los relatores, sin embargo, dijo que ellos «no ingresan datos adecuados, correctos y verídicos a sus informes».

«Sólo le pido al relator para la independencia judicial y los abogados privados (que tengan) objetividad y que reconozcan las cosas buenas que hemos hecho», fustigó el alto juez.

Aseguró que parece que la gente extranjera cuando viene al país «se contagia de esa vibra negativa que hay en buena parte de la sociedad».

“Los hondureños nos hemos acostumbrado a ver sólo lo malo”, expresó y añadió que «eso pasa con las entidades internacionales, pero como son extranjeros creemos a ciegas en lo que dicen».

Las relatorías de los dos organismos han visto irregularidades en el proceso al que fue sometido Romero, quien recibió una desproporcionada condena de 10 años de prisión, por lo que están exigiendo su inmediata salida de la unidad militar donde se encuentra confinado.

La CIDH emplazó en su momento al Estado hondureño para que acatara las disposiciones legales sobre las medidas cautelares que debería gozar el comunicador, sin embargo, su arresto fue ordenado directamente por Hernández, en represalia a las denuncias en su contra por delincuencia organizada, corrupción y narcotráfico.

Este 28 de agosto, Romero cumple cinco meses de encierro ilegal, en medio de asedio de funcionarios del sistema penitenciario.