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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, aclaró que la formación política no puede pagar por los supuestos actos de corrupción ocurridos en el contexto de la causa Pandora.

Asimismo, aseguró que tales fondos, saqueados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) no estaban registradas oficialmente dentro de la contabilidad de esta organización.

Argumentó que «el partido fue víctima al igual que el pueblo hondureño ya que fue usado como mecanismo para lavar activos y que el partido es víctima».

“Vamos a hacer todo lo que está de nuestro lado, utilizando los recursos que la ley da para salvaguardar el patrimonio del partido”, afirmó.

Aprovechó para hacer un llamado a todos sus leales a fin de defender los intereses rojiblancos ya que, según él, «fue utilizada para objetivos perversos».

Agregó que si hay personas que han cometidos ilícitos, que se les compruebe y si son culpables que lo paguen.

Zelaya Medrano declaró que él no va a juzgar si son malos o buenos liberales, «que los juzguen los correligionarios; el partido no ha cometido ningún delito si son culpables que la ley sea implacable».

Agregó que no es la primera vez que el jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández miente en el sentido de que «nadie está por encima de la ley lo y que si la primera dama está siendo mencionada debe dársele el mismo trato que a los otros implicados.

El problema, prosiguió es que el país está secuestrado por el narcotráfico, lavado de dinero y corrupción y «es el momento que todos los hondureños tienen que alzar nuestras voces».

Varios dirigentes liberales afrontan una acusación por la trama y en la actualidad gozan de medidas sustitutivas mientras prosigue la causa en su contra.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) La opositora Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) afirmó que el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) dio por concluida la Mesa de Diálogo para superar la crisis política desatada tras las protestas antigubernamentales de 2018.

«La contraparte gubernamental no se ha hecho presente, con lo que se demuestra, una vez más su falta de voluntad para resolver la crisis actual por la vía cívica que también demanda la comunidad internacional», aseguró la ACDJ en una carta publicada en su web oficial, a propósito de la anunciada reanudación de la Mesa de Diálogo.

Por su parte, el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, confirmó a la prensa local la existencia de una carta del Gobierno de Daniel Ortega dirigida al Vaticano en la que informa su decisión de concluir las conversaciones iniciadas el 27 de febrero pasado.

«Recibí una carta dirigida a la Santa Sede, no del presidente Ortega, pero de Minrex [Ministerio de Relaciones Exteriores] a firma del canciller [Denis Moncada] en la cual, entre otras cosas, se comunica que la mesa de negociación ‘se culminó con la ausencia definitiva de la otra parte'», en este caso la Alianza Cívica», aseguró Sommertang al diario local La Prensa.

El Gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el tema en sus canales oficiales, y hasta entonces los funcionarios consultados por los medios se rehusaron a confirmar o desmentir la información.

La ACDJ abandonó el diálogo en mayo pasado, tras la muerte en un motín del reo Eddy Montes, en el penal La Modelo, y como medida de presión para la excarcelación de lo que la oposición considera «presos políticos», y el Gobierno califica de «terroristas».

La parte opositora interrumpió unilateralmente y en varias ocasiones el proceso de diálogo que transcurría en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), alegando una supuesta falta de voluntad política del oficialismo.

El Gobierno, empero, cumplió el acuerdo alcanzado en su negociación con la ACJD de liberar antes del pasado 18 de junio a todos los opositores detenidos durante los disturbios desatados en abril de 2018.

«Al alcanzar la fecha comprometida por el Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, todas esas personas gozan de libertad, con el compromiso de No Repetición, según lo estipulado en la Ley de Amnistía No. 996», señala una nota oficial publicada por el portal gubernamental 19Digital.

El pasado 27 de marzo, las partes negociadoras pactaron la liberación en no más de 90 días a una serie de prisioneros que la oposición considera «presos políticos», término rechazado por el Gobierno, que los procesó por terrorismo y delitos comunes.

Para ello, cada parte elaboró sendas listas de reos a liberar, cotejadas y entregadas para su revisión al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el acompañamiento de Sommertag y el exministro uruguayo Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tras la excarcelación de varios grupos de detenidos, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó el pasado 8 de junio una Ley de Amnistía que posibilitó liberar entre los días 10 y 11 de este mes al resto de los detenidos durante las protestas antigubernamentales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Exceso de pacientes remitidos desde el sistema judicial, falta de seguridad para los empleados, infraestructura insuficiente y atraso en los pagos para empleados que han laborado en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita y Mario Mendoza durante más de treinta años, son parte de la problemática que denunciaron hoy los trabajadores de ambos centros asistenciales.

“Esto lo venimos experimentando desde hace tiempo ya que la carga psiquiátrica ha ido en aumento por la crisis que pasa el país… tanta inseguridad, desempleo, pobreza, las personas se estresan y terminan asistiendo a los hospitales psiquiátricos que pasan sobresaturados”, detalló el presidente del sindicato de los hospitales psiquiátricos Mario Rojas.

Debido a la sobrecarga de pacientes y la ausencia de personal ha precarizado las condiciones de los dos nosocomios nacionales y “no podemos obviar que todo está bien en los hospitales psiquiátricos; el gobierno debería de poner atención a los centros, para dar atención digna a los pacientes” .

“Tomaremos acciones, porque hemos planteado la problemática y la Secretaría de Salud ha hecho caso omiso a lo que presentamos, nos vamos a reunir el viernes para tomar las acciones”.

Asimismo, unos menos 14 trabajadores del Santa Rosita reclamaron que se les haga efectivo el pago del 25 por ciento de su salario, beneficio que les corresponde por ley.

“Desde hace dos  años y medio no nos  pagan  a otros grupos si se los pagan los beneficios, no sabemos por qué, además hay bastante necesidad la calle que conduce a la institución tiene baches, mala alimentación de los pacientes, falta de medicamentos, y pacientes judiciales violentos”, señalaron.