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RÍO DE JANEIRO, BRASIL

(Spútnik) La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el candidato Alberto Fernández y otros líderes políticos de ese país pidieron la liberación del exmandatario brasileño, Lula da Silva (2003-2011), quien cumple el 20 de agosto 500 días preso.

«La expresidenta Cristina Kirchner, el futuro presidente argentino Alberto Fernández, el futuro gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, junto con docenas de líderes políticos en Argentina, piden la liberación de Lula», informó el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en su cuenta de Twitter.

El PT publicó una carta con los nombres de más de 200 personas, entre las que se destacaban las firmas de Kirchner, Fernández, Pérez Esquivel y Kicillof, así como las del diputado Sergio Massa, y del secretario de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Héctor Daer.

Lula cumple este 20 de agosto 500 días preso en Curitiba, cumpliendo una condena de ocho años y 10 meses por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

«Lula ha estado en prisión durante 500 días por crímenes que nunca cometió. Hay 500 días de injusticia contra el presidente que sacó al pueblo de la miseria y le dio dignidad al pueblo brasileño. Seguiremos luchando por la justicia y la libertad», señaló el PT en su cuenta de Twitter.

En los próximos meses, el Supremo Tribunal Federal analizará una petición de la defensa de Lula para anular la condena en base a la presunta parcialidad del exjuez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia.

En cualquier caso, Lula está imputado en otros casos y podría sumar más años de cárcel si fuera condenado nuevamente.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los jueces y magistrados que laboran para el Poder Judicial de Honduras ya no serán removidos de sus cargos, por lo que podrán pasar por décadas, de manera indefinida, por lo que se convertirán en funcionarios vitalicios, según una iniciativa de ley que fue remitido en fecha reciente por la MACCIH a la enlace con el Ejecutivo Lidia Estela Cardona.

El exjefe del organismo, Luiz Marrey Guimaraes, remitió un oficio a la también procuradora general respecto al proyecto de reforma al artículo 319 constitucional respecto a las garantías de los jueces y magistrados y que, según el diplomático, «se fundamenta en lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del caso López Lone vrs. Honduras, donde establece la obligación del Estado de Honduras de adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la estabilidad e inamovilidad de los jueces y juezas y de otras garantías como mecanismo para asegurar su independencia.

Según el documento, los jueces no podrán ser «removidos, separados, destituidos, suspendidos trasladados, descendidos, ni jubilados sino con su consentimiento o por alguna de las causas y con las garantias previstas en la ley especial de la Carrera Judicial La destitución jubilación suspensión descenso o traslado de jueces y Magistrados sin su consentimiento solo puede realizarse por decision fundamentada en el interes publico en causas previstas en la ley especial de la Carrera judicial asegurando los derechos de defensa».

Asimismo, estos funcionarios «están obligados a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, en consecuencia, deben denunciar cualquier situación que afecte dicha independencia en el ejercicio del cargo es punible conforme a la ley, cualquier intento de menoscabar o coartar la independencia judicial de un juez o magistrado».

En cuanto a la estabilidad, la iniciativa indica que estos podrán ser removidos «si incurre en alguna de las causas establecidas de forma previa expresa, precisa y taxativa en la Ley especial de la Carrera Judicial, mediante un proceso que cumpla con las garantias administrativas y judiciales que respeten el debido proceso».

Además, se plantea que ningún juez o magistrado «podrá ser acusado o interrogado por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No podrá ser detenido o arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal . Si asi ocurriese, la autoridad interviniente debe ponerlo bajo la custodia del juez competente de manera inmediata».

Si bien esta norma conlleva -en apariencia- beneficios para los funcionarioos del Poder Judicial, también podría ser un arma de doble filo para proteger a jueces, magistrados y aquellos que estén señalados por irregularidades, por lo que se convierte en una suerte de inmunidad.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) El proceso contra Evelyn Hernández, recién absuelta luego de tres años presa por un parto extrahospitalario, evidenció lo inhumanizante de un sistema judicial en el que pesa más el prejuicio moral que la evidencia científica, aseguró a Spútnik la consultora política Nayda Acevedo.

«Casos como este nos enseñan lo inhumanizante de un sistema marcado por el patriarcado y el sesgo mediático y religioso: se hizo justicia, pero hay que estar alerta», señaló Acevedo en conversación con Spútnik, a propósito de la liberación de la joven de 20 años de edad, acusada de homicidio agravado porque su bebé no sobrevivió al parto.

La Fiscalía de El Salvador pedía 40 años de prisión para Hernández, una pena considerada desmedida aún para esta nación centroamericana, donde rige una prohibición absoluta del aborto, junto a República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano.

«El problema es cuando los jueces no resuelven con apego al derecho, si no a partir de un prejuicio; la prueba científica demostró la inocencia de Evelyn, pero no había que esperar tres años —que nadie le devolverá— para tomar en cuenta este tipo de elementos probatorios», advirtió la especialista.

Acevedo estimó que la presión social jugó un papel fundamental en un caso que acaparó además atención internacional, mientras varias organizaciones luchan en El Salvador por la legalización de cuatro causales que ampararían un aborto.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) propuso ante la Asamblea Legislativa (Parlamento) legalizar el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, cuando resulte de la trata de persona, cuando amenace la vida de la madre y cuando la embarazada sea una menor de edad víctima de abusos.

Sin embargo, dicha iniciativa choca con el bloqueo de la derecha parlamentaria y grupos religiosos de gran calado en esta nación centroamericana, donde proliferan los cultos de corte evangélico.

«Lo inquietante de estos prejuicios religiosos es que parten de una doctrina que ni siquiera es humanista ni enfocada en la mejora espiritual del ser humano, si no en una condena directa de la que nadie debería alegrarse», acotó Acevedo.

Hernández fue acusada inicialmente de provocar su aborto, y después fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión por la jueza Nury Velasquez, en julio del 2017.

Su defensa presentó recursos de apelación y casación, y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló en diciembre de 2018 el fallo condenatorio en base a «falta de argumentación e infracción a las reglas de la sana crítica», resolviendo la realización de un nuevo juicio, realizado finalmente este lunes (19 de agosto) en Ciudad Delgado.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, valoraron la sentencia absolutoria del juez José Virgilio Jurado, pero expusieron los derechos violentados a Hernández.

«A Evelyn se le han violentado sus garantías procesales, sin tener pruebas fue privada de libertad y se le condenó en 2017, es necesario que las leyes que permiten estas violencias se cambien», manifestó en su web oficial una organización que defiende a 17 salvadoreñas condenadas por homicidios tras emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios.

El Ministerio de Salud de El Salvador reportó en 2017 un promedio de 55 embarazos diarios en adolescentes de 10 a 19 años, que resultaron en 22.241 partos.