Sunday, Sep 22, 2019
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TEHERÁN, IRÁN

(Spútnik) Washington debería reconocer que su política de restricciones económicas contra Teherán ha fallado, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní al comentar los recientes vetos contra instituciones financieras persas.

«Los estadounidenses deberían reconocer que su política de sanciones, su política resultó un fracaso», dijo el diplomático, agregando que en las restricciones anunciadas no hay nada nuevo, se trata de «viejos vetos con una nueva apariencia».

El pasado 14 de septiembre, las refinerías de la empresa Saudi Aramco en las localidades de Adqaiq y Khurais, en el este de Arabia Saudí, fueron objeto de un ataque con drones reivindicado por las milicias yemeníes de los hutíes.

Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán de estar detrás de esos ataques, cargos que Teherán rechazó rotundamente.

Poco después el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí también afirmó que Irán patrocinó los ataques.

Desde marzo de 2015, Arabia Saudí lidera una coalición contra los hutíes que luchan en Yemen contra el Gobierno del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi.

El 20 de septiembre el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que su Gobierno impondría sanciones contra el Banco Nacional de Irán.

Según el mandatario norteamericano, las nuevas restricciones representan las «sanciones más altas jamás impuestas a este país».

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, a su vez, aseguró que el banco era «la última fuente de fondos» para las autoridades de Irán.

El Banco Nacional de Irán es la mayor institución financiera y comercial del país cuyos activos se estimaban en 2016 en 80.000 millones de dólares.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El especialista del Departamento de Recaudación del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Manuel Ortega, indicó a todos los contribuyentes tributarios sujetos al régimen de pagos a cuenta, que este próximo 30 de septiembre vence el plazo para realizar tal obligación.

Señaló que con el fin de facilitar sus gestiones y lograr el cumplimiento voluntario de los ciudadanos, el saldo de las obligaciones pendientes puede ser consultado en la oficina virtual a la que puedan acceder desde la página web del SAR.

El funcionario confió en que al cierre de este septiembre se supere la meta de recaudación de este tributo, que sería de unos cuatro mil millones de lempiras.

Remarcó, que es importante que los contribuyentes cumplan con esta obligación en el tiempo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuya fecha límite es el 30 de septiembre, a fin no ser sancionados.

Los contribuyentes que no cumplan con esta obligación estarán sujetos a sanciones desde el 1 de octubre y las mismas conllevan el pago de un interés del tres por ciento.

“Por lo tanto es conveniente que el obligado tributario evite el cargo de este interés, cumpliendo con el pago de la segunda cuota de pagos a cuenta a tiempo”, advirtió Ortega.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) Un acuerdo migratorio suscrito entre EEUU y El Salvador, sin que el Parlamento o la ciudadanía hayan sido consultados, podría convertir al país centroamericano en un «tercer destino seguro», aseguró a Spútnik el diputado Gustavo Acosta.

«Me preocupa que el Ejecutivo adopta compromisos sobre migración y seguridad cuyos términos no quedan totalmente claros para la población, y pareciera que el Gobierno da la espalda a los emigrantes, criminaliza el fenómeno de la migración y quiere convertir de facto a El Salvador en un tercer país seguro», declaró a esta agencia el parlamentario del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda).

Los gobiernos de El Salvador y EEUU aseguraron que un acuerdo de asilo suscrito el viernes en Washington enfrentará de manera conjunta el fenómeno de la migración en América Central, pero no revelaron sus términos ni alcance.

Según un comunicado de la Embajada de EEUU en El Salvador, el acuerdo de marras recoge el compromiso de ambos gobiernos para abordar la cuestión migratoria de «forma conjunta y humana», para que «contribuya a mejorar la prosperidad y seguridad de la región».

Acosta señaló que el convenio recién rubricado en Washington no difiere en casi nada de la carta de intención firmada el 28 de agosto pasado por el secretario interino de Seguridad Nacional de El Salvador, Kevin McAleenan, y la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.

El diputado cuestionó la falta de transparencia con que la administración del presidente Nayib Bukele maneja ciertos acuerdos, como el despliegue de una patrulla en la frontera con Honduras y Guatemala, o el comienzo de un estudio de factibilidad para instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador.

«Habría que revisar la legalidad de estos acuerdos, porque la Constitución mandata que la Asamblea Legislativa evalúe y apruebe este tipo de convenios», insistió Acosta, quien integra la Comisión de Seguridad del Parlamento.

McAleenan admitió, en rueda de prensa, que un uso potencial del acuerdo podría ser que los individuos que crucen a través de El Salvador sean capaces de solicitar protección en la nación centroamericana, una de las principales emisoras de emigrantes a EEUU.

Hill confirmó el objetivo de desarrollar un sistema de asilo en El Salvador, junto con mayor inversión, seguridad y soluciones permanentes para los emigrantes que ya viven de manera legal en EEUU.

Desde su triunfo en las presidenciales del 3 de febrero, Bukele afianzó un discurso en el que reivindica a EEUU como el mayor aliado internacional de El Salvador, lo cual ratificó el pasado 9 de septiembre en su discurso a propósito de sus primeros 100 días de Gobierno.

El presidente estadounidense Donald Trump es un crítico habitual de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) por su presunta incapacidad para controlar la emigración irregular.