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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Un excoordinador de fiscales del Ministerio Público de Comayagua habría sido víctima de una conspiración por jueces y magistrados y sus propios compañeros de trabajo, quienes decidieron ir contra él porque, según denuncias, decidió ponerse de lado de la ley.

El exfiscal Adrián Octavio Rosales halló una pútrida red de corrupción dentro del aparato judicial, por lo que comenzó una cacería en su contra que terminó con una acusación penal por presunto hostigamiento sexual y actos de lujuria por dos compañeras de trabajo, las que fueron presionadas por sujetos acusados de irregularidades y fue aupada por políticos, según denuncias que recabó este periódico.

Se informó que el exfuncionario se vio asediado por sus mismos colegas, quienes recurrieron al chantaje y amenaza que concluyó con la captura y encarcelamiento de Rosales y cuyo principal operador fue uno de los jueces identificado como Ricardo Ordóñez, de acuerdo al relato de una persona que pidió no ser mencionada para evitar ser perseguido por la red corrupta y añadió que miembros de la fiscalía de la mujer plantaron evidencias para enviarlo al presidio como castigo por ir contra ellos.

El plan -agregó- era expulsar de la jefatura de fiscales ya que había incomodidad por las investigaciones que emprendió y que dieron con una red que colinda con la delincuencia organizada, según los oficios FRZC 104, 130, 335, 642, 1052, 1635, 1579, 1636, 1879, 1066, 1093, 1574,  y 1615-2018, las cuales contienen denuncias contra jueces de sentencias, jueces de letras, magistrados de apelaciones y que fueron firmados por el secretario general del Ministerio Público de Comayagua José Luis Cayetano Calderón.

Una constancia que tiene en su poder este periódico hace constar de que «el informe remitido por el abogado Leonardo Martín Orellana, en su condición de fiscal subjefe de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores Judiciales, en los libros de registro de denuncias y la base digital global se encuentran las denuncias presentadas por el abogado Adrián Octavio Rosales Núñez en su condición de la fiscalía regional de Comayagua».

De hecho, entre los señalados se encuentra el juez de letras Ordóñez, asignado a los juzgados de Comayagua, así como Nancy Rocío López, Juan José Ayala y Víctor Cálix Ponce como jueces de sentencia de Siguatepeque; también aparecen Marel Suazo, Rubén Rivera Flores, Mirtila Romero Galeano, Omar Bonilla, Liliana Martínez Meléndez, Selvin Padilla, Rolando Tomé Molina, Dilcia Lizeth Velásquez, Sara Shake Tobar y Edna Aracely Ramos, quienes habrían cometido acciones al margen de la ley y eran investigados.

Algunas fuentes familiarizadas con la causa comentaron que dos damas -Mariela Juárez Galo y Francia Sofía Medina- fueron presionadas para emprender una acusación criminal contra el ahora privado de libertad ya que las habría acosado e incurrido en actos lujuriosos que no pudieron ser demostrados durante la audiencia inicial, pues apenas habían 17 llamadas telefónicas y varios mensajes entre las partes y que resultaron ser de carácter laboral y nunca se halló indicios que sugirieran propuestas sexuales indecorosas contra las supuestas afectadas.

El informe, preparado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), no constata que en algún momento el exfiscal jefe acosara a sus subalternas entre 2014 y 2018, pero fueron desestimadas por el juez Ordóñez y optó por enviarlo al presidio a sabiendas de que la vida de Rosales Núñez estaría en peligro por su condición de operador de justicia. Asimismo, rechazó la petición de medidas sustitutivas que planteó una fiscal que participó en el proceso.

Resulta que el acusado, en un intento por tener una causa apegada a la legalidad, recusó al togado y se basó en artículo 83 del Código Procesal Penal porque se era sujeto de una investigación por abuso de autoridad, de acuerdo a las denuncias 1520612825 y 1558714278-19; tal recusación también alcanzó a los magistrados de apelaciones Omar Bonilla, Mirtila Romero y Rubén Rivera porque incurrieron en su momento en abuso de autoridad y prevaricato. Además, aparecen sindicados los fiscales Bonny Lorena Núñez y Lennin Hazel Aguirre por conductas desleales con los intereses del Ministerio Público.

No obstante, el juez que abordó el caso, así como los magistrados de segunda instancia desestimaron el pedido y a pesar de ser parte del controvertido proceso siguieron con la misma. Por tanto, estos antecedentes se constituyen en una causal de que el proceso fuera manipulado a favor de quienes estaban siendo investigados por Rosales Núñez y habrían vicios de nulidad en el sentido que se trastocó el debido proceso, verdaderas garantías de defensa del encausado y la posibilidad de afrontar un posible juicio en libertad a fin de poder demostrar su inocencia.

Uno de los informantes denunció que los acusados recurrieron a las organizaciones defensoras de la mujer para que emprendieran una campaña contra el exfiscal y cree que se aprovecharon de ellas porque les dieron los insumos, de por sí tergiversados, para que pidiera un castigo ejemplar contra el exfuncionario de la fiscalía.

Ningún miembro del ente acusador ha proferido comentarios en torno a las irregularidades denunciadas por el exfiscal jefe; tampoco ha habido una investigación objetiva que conlleve al esclarecimiento de los hechos y se apliquen los castigos que la ley exige. Las pruebas que fueron entregadas por la ATIC fueron archivadas y el juez Ordóñez, así como los otros señalados de presunta corrupción siguen en sus puestos.

El fiscal general Óscar Chinchilla ha optado por permanecer en silencio ante la arremetida mediática contra el otrora operador de justicia.

Cabe recordar que la cúpula del Ministerio Público ha optado por ver a un lado hechos controvertidos que han puesto en duda la credibilidad y efectividad del papel del organismo que, en teoría, debería ser el defensor de los intereses de la sociedad, de aplicar una correcta justicia y de cumplir a cabalidad con el monopolio de la persecución penal contra quienes estén involucrados en hechos punibles.

Uno de los puntos negros en que ha incurrido el organismo fue tomar la decisión de encubrir a los autores materiales e intelectuales de la funcionaria de la ATIC, Sherill Yubissa Hernández, al asegurar que se quitó la vida en junio del año anterior en la localidad de Santa Rosa de Copán.

Mediante un comunicado girado a algunos directores de medios afines al fiscal Óscar Chinchilla a pocas horas de cerrar labores por el megaferiado de octubre, se hizo saber que la muerte de Hernández fue mediante suicidio y no por asesinato como dictaminó en su momento la exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, quien sustuvo que hubo participación de los miembros de la ATIC en el acto criminal.

El hecho de acudir al ente adscrito al todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por Juan Orlando Hernández, fue para tapar las huellas y perpetuar la impunidad ya que de haber aprehendido a los hechores podrían arrojar valiosa información que comprometería a la alta cúpula del Ministerio Público.

La idea (y complicidad) del fiscal general es que la causa sea cerrada y archivada a modo de evitar cualquier investigación futura, por lo que buscar limpiar la cuestionada imagen de la ATIC que en el último año se vio involucrado en varios asesinatos de estudiantes y personas acusadas de haber pertenecido a la delincuencia organizada.

TECUGIGALPA, HONDURAS 

Las escuelas y colegios que no presentaron un plan de regularización de las clases perdidas durante las protestas de mayo y junio anterior deberán acudir a sus labores durante el megaferiado de octubre, informó la Secretaría de Educación.

En una circular girada el fin de semana indica que las entidades que no presentaron un plan para recuperar el tiempo perdido tendrán que acudir lunes y martes para compensar el tiempo que participaron en las protestas por la gratuidad de la educación y salud.

En cambio, aquellos centros de enseñanza que entregaron un cronograma de actividades podrán gozar del asueto dado por el Ejecutivo desde el viernes anterior.

El secretario Arnaldo Bueso justificó la acción de que se deben recuperar los días perdidos.

LA PAZ, BOLIVIA

(Spútnik) Un camión de carga que iba repleto de pasajeros sufrió un accidente en una carretera del altiplano de Bolivia, dejando 18 muertos y 20 heridos, reportaron medios locales.

«Según datos preliminares de la policía, el conductor del camión perdió el control por exceso de velocidad y se estrelló contra las rocas de un cerro antes girar una curva en la carretera, [y] la policía inició las investigaciones para determinar las causas» del suceso, publicó la cadena radial Erbol en su sitio web.

El medio indicó que el accidente ocurrió en la tarde del 28 de septiembre en una carretera al norte del departamento de Potosí (centro-sur) y casi todos los viajeros eran vecinos del municipio potosino de Pocoata.

«El impacto fue frontal contra las rocas del cerro y por la fuerza prácticamente el camión quedó destrozado, la velocidad a la que circulaba el vehículo hizo que los cuerpos de las personas quedaran esparcidos en la carretera», agregó Erbol, que publicó la lista de los fallecidos.

En las rutas secundarias que comunican a pequeños pueblos de Bolivia, es frecuente el uso de camiones de carga para el transporte de pasajeros.

Este accidente es el cuarto más grave reportado en lo que va del año en las generalmente sinuosas carreteras de montaña de Bolivia.

El suceso de este tipo más grave de los últimos meses ocurrió el 21 de abril, cuando un ómnibus cayó a un precipicio de unos 300 metros en la carretera entre La Paz y la región tropical norteña de Yungas, causando al menos 25 muertes, según la policía.

Confidencial HN