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LIMA, PERÚ

(Spútnik) El presidente de Perú, Martín Vizcarra, designó a un nuevo primer ministro luego de disolver el Congreso del país.

«Se ha decidido nombrar como presidente del Consejo de Ministros al señor Vicente Antonio Zeballos Salinas. Regístrese, comuníquese y publíquese», se leyó en la ceremonia de juramentación llevada a cabo en Palacio de Gobierno de Lima y transmitida a través de las redes sociales presidenciales.

Vicente Zeballos ejercía el cargo de ministro de Justicia y es precedido por el renunciante Salvador del Solar.

Zeballos, a quien ya tomó juramento el presidente de la República, también se había desempeñado como alcalde de Moquegua (sur del Perú), congresista, jefe de la comisión parlamentaria de Fiscalización y miembro de la de Constitución y Reglamento.

El jefe de Estado comunicó su decisión de disolver el parlamento luego de que éste le negara su apoyo y tras invocar el mecanismo de la cuestión de confianza.

La cuestión de confianza es un instrumento constitucional en Perú por el cual el Poder Ejecutivo pide el apoyo expreso del Poder Legislativo en políticas; si el Congreso censura o niega la confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el mandatario queda facultado para la disolución del parlamento y la inmediata convocatoria a elecciones.

En este Gobierno, el Congreso ya había negado la confianza al Ejecutivo en 2017, por lo que hacerlo una segunda vez facultaba a Vizcarra a cerrarlo.

El Ejecutivo pedía el apoyo a un proyecto de ley que modificaba el método utilizado por el Legislativo para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Según la Constitución, al producirse la negación de la confianza, el Gabinete se declara en crisis y el primer ministro tiene la obligación de renunciar junto con sus demás ministros.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió al Ministerio Público de Honduras investigar de emergencia a un grupo de políticos, empresarios, individuos vinculados a la corrupción y delincuencia organizada ya que tendrían nexos con el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández.

El operador de justicia recibió en una fecha no determinada un escrito de asistencia judicial a fin de ir estableciendo algunos vínculos entre estos personajes con el hermano de Hernández con acciones ilícitas.

«El fiscal solicita la asistencia de las autoridades hondurefias para obtener: registros de las actas constitutivas concernientes a los negocios relacionados con Hernandez Alvarado y sus asociados, registros relacionados a la celebracion de contratos entre el gobiemo hondureño ypresuntos complices de Hernandez Alvarado, registros relacionados a una aeronave en Honduras controlada por Hernandez Alvarado y sus asociados, registros relacionados a viajes de Hernandez Alvarado y sus asociados», establece el requerimiento.

Según el informe de asistencia judicial «Hernandez Alvarado y algunos de sus familiares y asociados han comprado bienes valiosos, incluyendo aeronaves y bienes raices en Estados Unidos. Los fiscales estan investigando si Hernandez Alvarado o sus familiares y asociados utilizaron ganancias ilicitas para comprar dichos bienes con el proposito de esconder la naturaleza ilicita de los fondos».

«Alrededor de 2012, un familiar de Hernandez Alvarado participo en la compra de un avion Beechcraft King Air utilizando un testaferro llamado Félix Francisco Pacheco Reyes y una compañía hondureña de nombre Aviation Partners S. de R.L., C.V. El avion fue registrado en los Estados Unidos al momento de su compra, y actualmente se encuentra registrado en Honduras bajo el registro HR-AXL. La titularidad del avion fue transferida de Aviation Partners S. de R.L., C.V. a Inversionistas Technologicos Unidos, S.A. Se cree que el avion está almacenado en un hangar en Tegucigalpa, junto con un helicoptero Bell 429 con registro honduretio HK-GCA y un avion King Air 200 con registro hondureño HR-CLW, que tambien pertenecen a familiares de Hernandez Alvarado a traves de unos intermediarios», revela.

De acuerdo a un testigo, oficiales hondureños utilizaron fondos del gobierno para alquilar estas aeronaves a fin de ser usado en asuntos oficiales, y una parte de esos fondos del gobiemo, en última instancia, son pagados a la familia de Hernandez Alvarado a traves de intermediarios como Pacheco Reyes.

Este personaje fue acusado por el Ministerio Público por lavado de activos ya que se le sindica en la sustracción de unos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Además, la entidad mandó a pedir los «registros relacionados a licencias de armas de fuego emitidas en Honduras a Hernandez Alvarado y sus asociados, registros relacionados a incidentes en Honduras entre 2008 y 2018 que presuntamente involucraron conducta criminal por parte de Hernandez Alvarado o sus asociados, registros relacionados a una residencia en Tegucigalpa, Honduras, asociada con Hernandez Alvarado, que fue incautada por las autoridades hondureñas en diciembre de 2018 y registros relacionados a cuentas bancarias en Honduras utilizadas por Hernandez Alvarado».

Los investigados por la justicia de EE.UU. son el actual diputado nacionalista por Comayagua, Gerardo Tulio Martinez Pineda; el mismo Pacheco Reyes; Amado Antonio Fernandez Orellana, Marlon Fabricio Pacheco Morales, Theo Franz Uclés Castillo y el socio de la empresa mexicana de construcción Tradeco Carlos González Macías.

Con relación a Tulio Martínez, los equipos de investigación de Radio Globo ConfidencialHN lograron confirmar que fue uno de los políticos que contactaron al magistrado del Poder Judicial Rafael Bustillo para mover el dinero que fue entregado a los jueces que dejaron en libertad en 2014 a los narcotraficantes Rubén Pinilla y Fredy Roldán, quienes operaban un narcolaboratorio propiedad de Tony en la comunidad de La Iguala, en Lempira. Para que esta operación pudiera concretarse, tanto Hernández como el diputado nacionalista ubicaron a Bustillo, quien a su vez se entrevistó con la magistrada que conoció la causa y le ofreció dinero para que Pinilla y Roldán pudieran «defenderse en libertad».

La investigación contra los señalados surge luego de que agentes federales encontraran en las pertenencias del exdiputado nacionalista permisos de portación de armas y otra documentación, por lo que en los próximos días podría arrojar resultados.

EE.UU. reafirmó los lazos de Tony con actividades propias de la delincuencia organizada porque estuvo «involucrado en el procesamiento, recepcion, transporte y distribucion de cargamentos de multiples toneladas de cocaina que llegaron a Honduras por medio de aviones, embarcaciones rapidas, y por lo menos en una ocasion, un submarino, desde 2004 hasta 2016».

«Hernandez Alvarado tuvo acceso a laboratorios de cocaina en Honduras y Colombia, en los cuales parte de la cocaina fue marcada con el simbolo ‘TH’, es decir, ‘Tony Hernandez’. Tambien coordinó y en ocasiones participó proporcionando fuerzas de seguridad fuertemente armadas para el transporte de cargamentos de cocaina dentro de Honduras, incluyendo integrantes de la Policia Nacional y traficantes de drogas equipados con ametralladoras».

Se informó que el imputado asistió a una reunion con Devis Leonel Rivera Maradiaga, «antiguo lider de una violenta organizacion detrafico de drogas de Honduras conocida como los Cachiros, dirigida un antiguo integrante de la Policia Nacional. Una parte de dicha reunion, la cual fue grabada en audio y video, Hernandez Alvarado aceptó ayudar a Rivera Maradiaga, al hacerque autoridades gubernamentales de Honduras pagaran dinero adeudado a una o unas compailias fantasmas de lavado de dinero de los Cachiros a cambio de sobornos por parte de Rivera Maradiaga» y que le pagó alrededor de 50 mil dólares durante la reunión que sostuvo con el exjefe narco.

Al respecto, en su momento, la exfiscal antimafias Soraya Cálix pidió al Registro Mercantil del departamento de Cortés el aseguramiento o bloqueo de las empresas de los Cachiros como la Empresa de Transporte Brisas del Aguán, Ganaderos y Agricultores del Norte, Inversiones Turísticas Joya Grande y la Empresa de Transportes del Norte, ya que fueron usadas como fachadas para blanquear capitales procedentes del narcotráfico.

Al momento de su arresto, las autoridades del orden publico entrevistaron a Marlon Fabricio Pacheco Morales, quien había viajado a Houston con Hernandez y «durante la entrevista Morales declaró, en parte, que habia escuchado ‘rumores’ que Tony era un traficante de drogas, que habian viajado a Houston para reunirse con Theo Franz Ucles Castillo y este viajó a Nebraska para inspeccionar un vehiculo para una posible compra».

Acerca del socio de Tradeco, el documento del Departamento de Justicia señala que «uno de esos contactos, guardado en el telefono bajo el nombre «Carlos Mexico», identificado por las autoridades como Carlos González Macías. Cuando se le preguntó sobre González Macías, Pacheco Morales declaró, en parte, que (i) González Macías era dueño de una compañía mexicana a la que el gobierno hondureño adeudaba dinero en conexion con un contrato relacionado a construccion de caminos, y (ii) Pacheco Morales y Hernandez Alvarado se habian reunido con González Macías el 22 de noviembre de 2018″.

«De acuerdo a registros telefonicos, González Macías había estado en contacto previamente con un individuo que se cree esta involucrado en actividades de distribucion de cocaína en Houston, Texas y Atlanta, Georgia. De acuerdo a registros bancarios obtenidos en Estados Unidos, González Macías está asociado con varias compañías como Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., Tradeco Ingenieria, S.A. de C.V., Tradeco Infrastructure, Inc., Itecsa, LLC, Advantix Payroll, LLC, Cometa USA, Inc., y Ledergy LLC», detalla el informe.

Tony Hernández enfrentará a partir de mañana un juicio en su contra por nexos con el narcotráfico y se prevé que varias personas, sus exsocios, lo delaten por sus actividades ilícitas, cuya condena alcanzaría la cadena perpetua.

Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. podría pedir en su momento la extradición de las personas mencionadas en esta trama; ConfidencialHN reveló hace varios meses que algunos políticos del Partido Nacional estaban involucrados en el narcotráfico, por lo que se convierten en personas de interés para la justicia norteamericana.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Departamento de Justicia de EE.UU. a través de la fiscalía federal de Nueva York solicitará al juez Kevin Castel que el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández no interrogue al agente especial de la DEA Sandalio González luego que este lo cuestionara tras su arresto en noviembre de 2018.

Un documento que obtuvo en exclusiva Radio Globo y ConfidencialHN precisa que el fiscal Geoffrey Berman pidió que se bloquee cualquier pedido de la defensa para que el hermano de Juan Orlando Hernández entable preguntas durante el juicio que arrancará el próximo miércoles, a fin de garantizar la efectividad del proceso que se achaca.

«El Gobierno solicita que la Corte impida al acusado interrogar a los testigos sobre cuestiones de hecho relacionadas con la aplicación de la Regla 4.2 del nuevo reglamento de la conducta profesional ya que cualquier testimonio sería irrelevante y confuso para el jurado», indica el escrito presentado ante el tribunal federal de Nueva York.

Y es que la fiscalía busca dar un paso adelante en el sentido que Castel permita a Tony interrogar a testigos y agentes que participaron en la delación y arresto, respectivamente, pues reafirma que ya no tiene sentido porque hizo una confesión en la que se declaró no culpable (y la efectuada en octubre de 2016) y cualquier pregunta estaría orientada a bloquear las deliberaciones que se efectuarán durante el juicio.

Otro motivo del Departamento de Justicia es que tiene previsto entregar declaraciones efectuadas por el acusado y que serán de utilidad para emitir una sentencia condenatoria, por lo que solicitó al tribunal que entregue los instructivos para aclarar cualquier duda que se pudiera generar en el contexto del proceso judicial.

«El uso de esta evidencia por parte del gobierno es completamente legal. Debe (señor juez)  por lo tanto, independientemente de sus opiniones personales, tenga en cuenta esta evidencia junto con todas las evidencias del caso para determinar si el Gobierno ha demostrado que el acusado tiene culpa más allá de una duda razonable…Usted ha escuchado evidencia que los agentes de la ley recuperaron cierta evidencia y fue admitida adecuadamente en este caso y usted puede considerarlo adecuadamente adecuadamente correcto. Si lo aprueba o desaprueba sobre cómo se obtuvo la evidencia, no debe ingresar en sus deliberaciones», señala la petición girada por Berman.

En la solicitud se plantea que el acusado sea excluido del proceso de interrogatorio a los testigos ya que podría obtener cierta ventaja respecto a fiscalía, pues en su momento pidió que su testimonio fuera  suprimido porque la DEA violó la norma respecto a la compañía de un abogado. «No se debe permitir al acusado interrogar al agente especial Sandalio González, quien realizó la entrevista posterior al arresto…En consecuencia, el acusado debe ser excluido de cuestionar a cualquier testigo», argumentó la fiscalía.

Sandalio, en efecto, es el centro de toda la investigación porque proporcionó toda la información sobre cómo operó la estructura criminal de Tony y sus conexiones con el denominado cártel venezolano los Soles, compuesto por militares y alto rango y que alcanza a la familia presidencial de ese país.

Este funcionario de la DEA fue el responsable de la operación en la que cayeron Franqui Francisco Flores de Freitas y a Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores ya que ambos utilizaron Honduras como un puente para movilizar toneladas de drogas rumbo a la nación del norte, por lo que recibieron una condena de 18 años de cárcel. Entre los colaboradores de los denominados narcosobrinos se encuentra el hondureño Roberto de Jesús Soto García, quien también se declaró culpable de delitos de delincuencia organizada.

¿Cuál es la conexión entre Soto García y Tony Hernández? Radio Globo ConfidencialHN revelaron en octubre de 2016 que un agente, identificado por el apellido Matthews, confesó al capitan en retiro Santos Rodríguez Orellana que estaba investigando a Wilter Blanco (condenado a 20 años de prisión) a Hernández y Soto García, quienes tendrían una sociedad para movilizar estupefacientes hacia EE.UU. y conspirar para atentar contra el exembajador James Nealon.

En tanto, el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández, al tener conocimiento de estos hechos a través de los aparatos de inteligencia, decidió dar un giro radical en las relaciones con Caracas al comenzar a cuestionar a Nicolás Maduro  -a quien calificó de «camarada» durante un mitin político en Managua, ocurrido en 2014 y que en la última asamblea general de la ONU pidió una transición democrática para sacar al gobernante quien vive un asedio internacional liderado por EE.UU.- como una cortina de humo para disipar cualquier sospecha contra su hermano y sus relaciones con el cártel dirigido por militares suramericanos, tanto para quedar bien con Washington, como para mandar un salvavidas al controvertido pariente.

El testimonio que dé Sandalio ante el tribunal federal neoyorquino será de un descomunal peso en el sentido que revelará cómo opera la megaconspiración para introducir drogas al país del norte, quiénes son sus cabecillas, el modus operandi, en qué países se establecieron bases para el procesamiento y distribución de la cocaína y los enlaces políticos, así como los cuadros de las fuerzas de seguridad y defensa que permitieron las operaciones al margen de la ley.

Tony procurará hasta el último instante acceder a interrogar a Sandalio para desviar la atención y generar dudas razonables que, de todos modos, serán desestimados. Aplicará a través de sus abogados Michael Teinn y Omar Malone técnicas a las que recurrieron los narcosobrinos como pedir la supresión de la evidencia y sus declaraciones a los agentes de la DEA, incluyendo a Sandalio, para salir bien librado del juicio que podría tenerlo en prisión de por vida.

El agente González dará su estocada final, ya que obtuvo pruebas durante sus años de investigación de cómo salía la droga de Venezuela, quiénes la recibían en Honduras y los métodos de enviarla hacia EE.UU. Según publicó Reuters en septiembre de 2016 cómo «Gonzalez testificó que la investigación comenzó luego de que un testigo que cooperaba con la agencia en Honduras, un narcotraficante conocido como ‘El Sentado’, le dijo en octubre que un funcionario venezolano llamado Bladimir Flores iba a enviar a un sobrino para reunirse con él».

“Él (testigo cooperante) indicó que esos individuos querían volar aviones cargados de droga a Honduras con planes de vuelo”, dijo Gonzalez, indicó Reuters en su cable. «Ante la corte, Gonzalez calificó a los sobrinos de la primera dama como importantes narcotraficantes», se informó.

El funcionario antidroga detalló que “ellos (narcosobrinos) indicaron que tenían el manejo del principal aeropuerto en Caracas y que entonces podrían fácilmente despachar aviones con drogas desde la rampa presidencial”. Uno de los testigos que utilizó Gonzáles fue un individuo indentificado como Carlos Amílcar Cabrera, el Sentado, quien fue pieza clave para detener a los dos narcotraficantes a pesar que hubo inconvenientes durante el proceso.

En su declaración ante el tribunal federal, González reveló que Leva Cabrera fue asesinado en diciembre de 2015; una de las hipótesis sería que era uno de los operadores que tendría mucha información que comprometería a la alta clase política y gubernamental.

En aquella ocasión, el funcionario antidroga afirmó que el Sentado -identificado como CW1 (testigo colaborador 1) fue ultimado a pocos días de su arresto. “Alrededor del 4 de diciembre de 2015, fui notificado que CW1 había sido asesinado…lo mandaron a matar desde Venezuela”, confirmó González.

Para borrar pistas que pudieran llevar hacia otros actores, el testigo estrella afirmó que también mataron a otras dos personas más, bajo el mecanismo de aniquilar cabos sueltos que sabían mucho de las relaciones con los narcos y la clase política hondureña y venezolana.