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MADRID, ESPAÑA

(Spútnik) La exhumación de Franco llevada a cabo en el Valle de los Caídos en España marca el fin de un agravio a la democracia española, declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje institucional televisado.

«El homenaje público al dictador era más que un anacronismo y una anomalía, era un agravio para la democracia española y ponerle fin era un deber para las generaciones que no vivieron bajo el trauma de la Guerra Civil y del franquismo», dijo Sánchez.

Sánchez recordó que el Valle de los Caídos, donde Franco se encontraba enterrado desde 1975, es «un mausoleo construido por la dictadura, durante la dictadura, y a mayor gloria de la dictadura».

Por ello, se congratuló de una exhumación que «pone fin a una afrenta moral como lo es la exaltación de un dictador en un espacio público».

Asimismo, Sánchez celebró la exhumación como una forma de proyectar una imagen democrática al mundo.

«Nuestra democracia se prestigia no solo ante nuestros ojos sino ante los ojos del mundo», agregó.

En su comparecencia Sánchez recordó que la decisión de exhumar al dictador da cumplimiento a las recomendaciones expresadas durante años por organismos como Naciones Unidas y, además, recalcó que el proceso cuenta con el aval democrático de los tres poderes del Estado.

«Esta decisión cumple con un mandato del Parlamento, con una sentencia del Tribunal Supremo y con una promesa del Gobierno», subrayó.

Además de congratularse de la exhumación, Sánchez aprovechó la ocasión para anunciar que su intención es ir más allá y afrontar algunas de las deudas pendientes de España en materia de memoria histórica.

En ese sentido, recordó que el Valle de los Caídos fue levantado con la mano de obra esclava de miles de presos políticos y que allí fueron trasladados los cuerpos de casi 34.000 combatientes de la Guerra Civil, de los cuales «más de un tercio siguen sin ser identificados».

«Esto es una infamia que más tarde que pronto deberá ser reparada, como deberá serlo el que aún hoy existan miles de fosas repartidas por nuestra geografía», señaló.

A su modo de ver, el país sigue teniendo una cuenta pendiente con las víctimas del franquismo porque la España actual «es fruto del perdón» pero «no puede ser fruto del olvido».

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Las reformas emprendidas la semana anterior por el Parlamento hondureño sobre el fuero legislativo y el fondo departamental fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta y es de aplicación inmediata.

La edición 35,076 del diario estatal indica que los decretos 116 y 117-2019 contemplan los lineamientos sobre las referidas normas, por lo que se convierten en ley.

En el caso del fuero, indica que «la función Legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad Penal, Civil y Administrativa a los Diputados y Diputadas que participen en dicho proceso parlamentario, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 205 numeral 3 de la Constitución de la República, siendo el Pleno del Congreso Nacional el Órgano Competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción».

Asimismo, los congresistas que aprobaron la iniciativa dejaron claro que «contra la Función Legislativa únicamente procede la Acción de Inconstitucionalidad establecida en el Artículo 184 de la Constitución de la República».

Los argumentos esgrimidos, reza el decreto, fueron basados en que «la protección parlamentaria, es un principio sustantivo y fundamental en la función legislativa, en cualquier parlamento o asamblea legislativa de los países democráticos en el planeta, en el sentido, que sin protección parlamentaria, un legislador no puede ser objetivo y justo al promover iniciativas de ley sin el temor de ser agredidos físicamente o cuestionados o procesados legalmente por su condición de legislador y por sus opiniones y posiciones estrictamente legislativas».

«La protección legislativa incluye dos (2) aspectos esenciales, la seguridad física para no ser intimidados o limitados por acciones de fuerza o disturbios contra su persona y contra la inviolabilidad del recinto parlamentario Artículo 201 constitucional, en igual sentido, debe reincorporarse la protección jurídica, para no ser objeto de acciones legales en su contra en razón sus opiniones o accionar legislativo», precisa la iniciativa.

En cuanto a la Ley para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social establece que la norma «es de orden público, de observancia obligatoria; tiene por objeto establecer las normas relativas a la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de los fondos públicos que se asignan para proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales, a través de las distintas Instituciones Públicas del Gobierno Central y/o Descentralizadas, Corporaciones Municipales, Congreso Nacional, Organizaciones no Gubernamentales, Fideicomisos, entes u órganos de derecho privado auxiliares de la Administración Pública y cualquier Persona Natural o Jurídica que dentro de sus funciones o finalidades desde la ejecución de proyectos y programas de orden social, comunitarios, de
infraestructura, de equipamiento de infraestructura, bienes y servicios públicos de primera necesidad y todo tipo de ayudas sociales que vayan destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en las comunidades, así como a la atención de necesidades urgentes de éstos».

Entre las prohibiciones establecidas en la legislación es que no podrán ser beneficiarios los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del gestor de los fondos; los diputados del Congreso Nacional, sus parientes y sus subordinados; los directivos de las Organizaciones no Gubernamentales; los miembros y empleados de las corporaciones municipales; funcionarios del Gobierno Central o Descentralizado; cualquier persona natural o jurídica que gestione fondos para fines sociales y el otorgamiento de préstamos o contraparte para
créditos de miembros de los órganos de gobierno de los ejecutores.

En cuanto a la rendición de cuentas y fiscalización, se indicó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), «es el ente encargado del control y auditoría de los recursos asignados en base a esta ley, a las Instituciones Públicas del Gobierno Central y/o Descentralizadas, Corporaciones Municipales y el Congreso Nacional».

Por tanto, ambas leyes ya se encuentran vigentes luego de que fueran ratificados por el Ejecutivo y remitidos al diario oficial La Gaceta.

LA PAZ, BOLIVIA

(Spútnik) El presidente de Bolivia, Evo Morales, alcanzó en los primeros minutos del 24 de octubre la ventaja necesaria para ganar la reelección en primera vuelta, mostró el cómputo oficial de las elecciones generales actualizado en línea por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al llegar el recuento al 98% de las actas de sufragio, a las 00:08 hora local (04:08 GMT) el gobernante sumaba el 46,76% de los votos válidos, con 10 puntos de diferencia sobre el segundo, el expresidente Carlos Mesa, quien mantenía su llamado a movilizaciones contra un supuesto fraude para eliminar la posibilidad de una segunda vuelta.

La Constitución boliviana exige que, en caso de no lograr mayoría absoluta, el primer candidato presidencial obtenga al menos 40% de los votos válidos, con una diferencia mínima de diez puntos sobre su principal rival, para ser declarado ganador de los comicios.

«Se va confirmando el respaldo contundente del campo, que como dijimos es de donde proceden casi todas las actas de sufragio que no estaban computadas hasta el miércoles», dijo a la RedUno de televisión la parlamentaria oficialista Susana Rivero.

La victoria de Morales, quien ganaría así un cuarto mandato consecutivo, no sería ratificada de inmediato porque aún estaban pendientes de registro poco más de 600 actas de sufragio con unos 120.000 votantes inscritos, la mayoría de ellas de provincias del departamento de Chuquisaca (sur), donde el cómputo estaba paralizado.

Mesa ha desconocido por anticipado la eventual reelección de Morales y lanzó desde el 21 de octubre una campaña de «resistencia democrática» contra el cómputo oficial, cuando comenzaron a reducirse las posibilidades de una segunda ronda conforme avanzaba el cómputo electoral.

En la noche del 23 de octubre, Mesa dijo en una entrevista con la misma RedUno que se mantenía firme en su rechazo al «fraude gigantesco» del que se consideraba víctima y anunció la creación de una alianza de líderes opositores «para luchar por la segunda vuelta».

Morales, por su parte, reiteró el miércoles 23 su proclama anticipada de victoria, denunciando a la vez que las movilizaciones contra el cómputo serían parte de un golpe de Estado de la derecha.

​El avance del cómputo, en el que Morales mantuvo una firme tendencia ascendente en los dos últimos días, había resultado obstaculizado desde la noche del martes 22 de octubre por la destrucción de dos oficinas electorales regionales durante las protestas opositoras.

Confidencial HN