TEGUCIGALPA, HONDURAS
El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández, a fin de financiar su campaña para quedarse ilegalmente por otro periodo al frente del Ejecutivo, se vio obligado a sustraer multimillonarias cantidades de dinero de las entidades públicas, así como los probados nexos con la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que terminó empobreciendo la debilitada economía de los hondureños.
En varias entregas, tanto Radio Globo como ConfidencialHN demostraron con pruebas fehacientes de cómo Hernández y sus cuadros de confianza (compinches) lavaron por los menos unos cuatro mil millones de lempiras procedentes del saqueo institucional y del tráfico de estupefacientes, extremo que lo ha obligado a aferrarse a la titularidad del Ejecutivo.
En las líneas de investigación se detalla de cómo conspiraron funcionarios, empleados de segunda y tercera categoría, quienes contaron con el aval de Hernández, para apropiarse de fuertes sumas de dinero que, al final, terminaron ingresando a las arcas del Partido Nacional y ayudaron para ganar de manera controvertida las elecciones de 2013 y 2017.
Estimaciones independientes, de acuerdo a un documento que tuvo acceso este periódico, se hace constar que hubo un latrocinio de hasta cuatro mil 629 millones 508 mil 480 lempiras (sin incluir los aportados por el narcotráfico), en un total de 26 contratos de emergencia que fueron aprobados por el Consejo de Secretarios de Estado, por lo que también se convierten en cómplices del megasaqueo institucional.
Según hallazgos, los montos por los cuales fueron suscritos alrededor de 26 contratos de emergencia suelen ser de 200 millones de lempiras cada uno y cuyo operador fue el entonces secretario Jacobo Paz Bodden ya que contó con la venia de la alta cúpula del régimen para movilizar dinero a favor de la campaña presidencial que se realizó en 2017.
Entre los contratos suscritos por Paz Bodden se encuentran las series 322, 327, 330, 394, 395, 396, 421, 420, 419, 418, 411, 410, 409, 408, entre otros, suscritos entre el 12 de septiembre y el 13 de noviembre de 2017 y cuyos fondos procedían del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agrícola (Firsa) que terminaron siendo pagados con cheques emitidos por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), según las publicaciones efectuadas en su momento por el diario oficial La Gaceta.
En concreto, en septiembre de 2017 se firmaron tres contratos por un total de 600 millones, mientras que en octubre se registraron otros cuatro por 800 millones, en noviembre se emitieron un total de 16 contratos de emergencia que ascendieron a los tres mil 091 millones 508 mil 480 lempiras, a unos 10 días de que se efectuaran las controvertidas votaciones en las que salió reelecto Hernández.
Asimismo, en mayo del año anterior sólo se dio un contrato por 46 millones y en agosto de 2018 hubo dos acuerdos firmados por un total de 92 millones de lempiras exactos, según investigaciones que ya tiene en su poder el Ministerio Público a través 152 folios y cuya investigación concluyó, de acuerdo a fuentes a las que pudo tener acceso ambos medios.
No obstante, el fiscal general Chinchilla no ha querido emitir los requerimientos fiscales porque la mayoría están dirigidos contra los operadores que ha tenido -y sigue teniendo Hernández- en el Ejecutivo.
En otras palabras, los fondos Firsa se convirtieron en una caja chica de la administración nacionalista, las que no tuvieron controles sobre cómo se ejecutarían los gastos, quiénes serían los beneficiados y el impacto que tendrían esas asistencias financieras para colaborar con el desarrollo de la agricultura y ganadería nacional, pues en los últimos años ha venido mermando su capacidad de producción de granos básicos.
Se suponía que esos fondos, aprobados en sesión del gabinete de gobierno y que están contemplados en los decretos de emergencia PCM 034-2017 y PCM 069-2016, deberían ser destinados a compras de emergencia para afrontar el fenómeno de El Niño en zonas de mayor calamidad social, pero que terminaron en otros asuntos que no están relacionados con temas de agricultura y ganadería.
A través de esos decretos, se pagaron consultorías de hasta 200 millones de lempiras a varias personas, entre ellas, a Jorge Alexander Núñez Guzmán para efectuar trabajos independientes, por lo que tal cantidad termina siendo hasta astronómica, en términos de que esta persona pudo recibir esa fortísima cantidad de recursos, según el acuerdo 322-2017, publicado el 12 de septiembre de 2017.
Entre las irregularidades que fueron detectadas se encuentran una misteriosa asignación de 400 millones de lempiras para la construcción de un embalse que serviría para irrigar apenas 20 manzanas de tierra en la comunidad paceña de Cane y que fueron suscritos entre Paz Bodden y Kelvin Ernesto Turcios Flores (de apenas 32 años) y Maximiliano Flores Aguilera, de acuerdo a los convenios 394 y 395, firmados el 23 de octubre de 2017.
En estos contratos primaron la sobrevaloración de los mismos, ya que se pagaron multimillonarias cantidades de dinero a personas en remotas comunidades por servicios que quizá nunca se realizaron o cuentan con graves deficiencias que serían sujetos de reparos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Un ejemplo de esa irregularidad es el acuerdo 421-2017 del 9 de febrero de 2018 ya que se destinaron 91 millones 508 mil 480 lempiras por el alquiler de un local ubicado en Lepaera, en Lempira, que fue acordado entre el exsecretario Paz y Dilia Argelia Pinto Pérez.
El pago de la enorme suma de dinero no coincide con el local que podría tener Pinto Pérez, la ciudad donde se encuentra emplazada y el propósito que debería tener esa edificación para el almacenamiento de insumos, instrumentos y aquellos que podrían ser utilizados para combatir los daños que provocó El Niño en su momento.
Ese patrón de entregar elevadas cantidades de dinero también se pudieron detectar en otras regiones como en los departamentos de Copán, El Paraíso, Intibucá, Santa Bárbara, La Paz y Francisco Morazán, y los que no tienen una justificación del porqué se tuvieron que erogar las amplias sumas de dinero para obras que no pudieron haberse ejecutado.
En teoría, el fideicomiso Firsa debería servir para la reactivación del aparato agrícola, en la cual Hernández había decidido que las solicitudes de crédito de los pequeños productores se proporcionarían en menos de 24 horas y de paso reducir la lista de requisitos para optar a financiamiento.
En su momento, el jefe del programa que administra el fideicomiso, José Benítez, detalló que “se van a aprobar las solicitudes de crédito, para las personas que tengan proyectos de siembra de granos básicos”, y lo que se busca “es que los interesados llenen los requisitos, y tener respuestas al siguiente día”.
Al cierre de esta investigación, el Ministerio Público no ha emitido requerimientos contra los involucrados.
El ocupante del palacio José Cecilio del Valle ordenó desde junio anterior que las FFAA se dedicaran a la producción de granos básicos a través del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) por lo que les proporcionó alrededor de cuatro mil millones de lempiras para, según él, que el país vuelva a ser «el granero de Centroamérica».
Sin embargo, organizaciones como la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) se pronunciaron en contra de esa idea al afirmar que transferir semejante cantidad de dinero al brazo armado para la agricultura va en contra de las funciones del Poder Ejecutivo.
La CCIT pidió a las FFAA que se limiten al ejercicio de las funciones y actividades para las cuales fueron instituidas y entrenadas como lo dispone la Constitución. Esa postura hizo cambiar de opinión a Hernández, quien dijo posteriormente que el aparato castrense ya no administrará ese dinero, aunque creó una unidad denominada C10, la responsable del controvertido programa.
Insistió que los militares «no van a manejar recursos. Ellos están trabajando con un grupo de campesinos y es un proyecto en el que comenzamos a hacer un piloto, probablemente a finales de este año y principios del otro”.
