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TEGUGALPA, HONDURAS

“Tenemos un mecanismo de protección que en realidad no está cubriendo las necesidades de los defensores”, lamentó este lunes el director de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fpad) Josué Murillo.

Para su funcionamiento se requiere de un mecanismo autónomo a fin de brindar atención a casos particulares y colectivos, recomendó.

“Tenemos un mecanismo de protección que en realidad no está cubriendo las necesidades de los defensores; periodistas, comunicadores sociales, y operadores de justicia y es desafortunado porque no hay labor más riesgosas en Honduras que la defensa de derechos humanos”, dijo.

Asimismo, señaló que “tenemos casos que han terminado con la perdida de la vida del defensor”.

A su juicio la crisis se genera “cuando tenemos líderes políticos vinculando supuestamente a los defensores con delincuentes o con el narcotráfico donde se crea una estigmatización negativa contra los defensores de derechos humanos”.

Además de la estigmatización de los periodistas que tratan de buscar y reflejar una verdad y no ocultarla como sucede con algunos medios de comunicación, se criminaliza se estigmatiza y se margina al informador, externó.

“Y es una realidad muy desafortunada que tenemos la obligación de revertir”, sugirió.

Al respecto especificó que “queremos generar mesas de trabajo para poder perfeccionar el mecanismo y darle esa fuerza que necesita, para que no repliquemos las experiencias fracasadas que han tenido otros países”.

Según el directivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sugiere que aparejado a un marco normativo sólido, un presupuesto suficiente para atender los casos individuales y colectivos de defensores de derechos humanos y se requiere de autonomía.

“Ocupamos un mecanismo autónomo que no dependa de una Secretaría de estado porque depende de un presidente que manda a la Policía Militar, al Ejército, y a la Policía Nacional a perseguir amenazar, desaparecer y violentar los derechos de los defensores de derechos humanos”.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL

(Spútnik) La defensa del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), recurrió ante el Tribunal Supremo Federal para anular la decisión que aumentó a 17 años la condena por el caso de la finca de Atibaia (estado de Sao Paulo, sureste de Brasil).

La defensa del expresidente confirmó a Sputnik que el recurso presentado este lunes resalta la «violación del orden cronológico» por parte de la corte que condenó a Lula en segunda instancia.

En febrero de este año, Lula fue condenado en primera instancia a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero por este caso.
La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), una corte de apelación, confirmó la sentencia y la aumentó a 17 años.

Para los abogados de Lula, no se respetó el orden cronológico, ya que antes de analizar el caso en sí, el TRF-4 debería haber resuelto un recurso llamado «embargo de declaración».

Este caso es diferente al que llevó a Lula a prisión, que estaba relacionado con un apartamento en la costa de Guarujá (Sao Paulo).

En esta ocasión, Lula está acusado de haber recibido reformas en la casa de la finca de Atibaia, que frecuentaba con su familia a pesar de que era propiedad de un amigo, realizadas por las empresas Odebrecht y OAS.

Según la investigación, el valor de estas obras de reforma (que habrían costado un millón de reales) se habría descontado de las coimas que las empresas debían a cambio de obtener un trato de favor en los contratos con la empresa semiestatal Petrobras.

A pesar de la sentencia en segunda instancia, el líder izquierdista no volverá a la cárcel a corto plazo, ya que el Tribunal Supremo Federal decidió recientemente que es inconstitucional que alguien esté preso hasta que no haya agotado todos los recursos posibles.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Un tribunal de sentencias dictó hoy condena contra los implicados en la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016 en la occidental ciudad de La Esperanza.

Cuatro de los siete autores del hecho recibieron una pena de 50 años y cuatro meses de reclusión, mientras que otros dos deberán servir una sentencia 30 años de cárcel y un séptimo implicado a 34 años.

Los imputados Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez fueron declarados en su momento culpables por coautores del crimen de Cáceres, por lo que recibieron 34 años más 16 años con cuatro meses por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro.

Mientras tanto el único que fue absuelto del crimen fue Emerson Duarte Meza.

La defensa anunció que apelarán el fallo dentro de unos 20 días ante la Sala Penal del Poder Judicial a fin de revertirlo a favor de sus clientes.