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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

«Casi me matan a golpes, intentaron violarme. Fue horrible. Todos estaban casi drogados y borrachos porque les gritamos ladrones en el sentido que nos robaron hasta la comida a nueve de nosotras y a otra la violaron en la iglesia».

Este es el relato de una de las privadas de libertad que fue torturada por efectivos de la Policía Militar del Orden Público el pasado 25 de diciembre dentro del penal de El Progreso cuando realizaron un operativo sorpresa, ya que se encontraban en evidente estado de ebriedad, según pudo constatar este periódico mediante fuentes creíbles.

Por este ataque que sufrieron las mujeres que se encuentran confinadas en uno de los módulos de la prisión norteña, ya se abrió una investigación penal que va contra un alto mando militar que ordenó el operativo, de acuerdo a un informe preliminar al que tuvo acceso Radio Globo y ConfidencialHN, por lo que se prevén inminentes requerimientos fiscales contra el funcionario y quienes torturaron y ultrajaron a las afectadas.

Una de las juezas de ejecución, identificada como Mildred López, elaboró el informe sobre lo ocurrido durante el martes anterior, cuando los militares, procedieron a golpear con tablas, cables eléctricos y objetos romos a las mujeres mientras decomisaban hasta las pulseras que habían elaborado y que estaban listas para su respectiva comercialización.

De hecho, se hace constar en el informe que está en manos de la fiscalía de DDHH, que al momento del operativo los soldados se encontraban en evidente estado de ebriedad ya que las testigos pudieron percibir que en sus alientos habían restos de alcohol, este extremo sería considerado como un agravante para solicitar el encarcelamiento de los que participaron en el operativo que concluyó en masivas violaciones a garantías individuales.

La bitácora de hechos, que está en poder de las autoridades, confirma que alrededor de las 5:30 de la mañana ingresaron alrededor de 200 militares bajo el mando de los coroneles Óscar Manuel Nájera y Ramiro Fernando Muñoz. También ingresó el subinspector de Policía Fernando Méndez con unos 22 agentes y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Además, aparecen en el libro de novedades las fiscales Ángela Aguilar y Vilma Mairena, quienes supervisaron el operativo.

Con relación a los actos vandálicos cometidos por los policías militares, una de las agredidas dijo que los funcionarios comenzaron a llevarse todo, incluyendo alimentos preparados para el desayuno, almuerzo y cena, por lo que les reclamaron del porqué incurrían en un abuso de autoridad y que fue el detonante para la brutal agresión.

«Luego que les reclamáramos nos comenzaron a golpear con pedazos de madera y alambre eléctrico; a una de ellas la violaron, eran nueve pero solo a una violaron. Todos ellos, andaban calientes, con olor a trago o borrachos y otros drogados», dijo una de las reclusas a personal del Poder Judicial que participó en la investigación.

Otra  de las afectadas, es de nacionalidad colombiana y la embajada de ese país le tomó declaración jurada en torno a los hechos ocurridos dentro del penal progreseño. Asimismo, una de las fuentes familiarizadas con ese incidente comentó a este periódico que la legación diplomática solicitó el informe pormenorizado de los hechos para elevar una queja formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque se da por descontado que el reclamo no tendrá connotaciones mediáticas por la excelente amistad que mantiene Juan Orlando Hernández con Iván Duque.

El documento que elaboró la jueza López contiene una serie de datos que ayudarán a esclarecer cómo los miembros de la Policía Militar maltrataron física, psicológica y sexualmente a las mujeres, quienes temen por sus vidas luego de la brutal incursión, pues alegaron que destruyeron casi todo, incluso los techos de algunas celdas, de acuerdo a las imágenes que tienen en su poder ambos medios.

Las víctimas denunciaron ante el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT) los malos tratos que recibieron durante el día de la navidad, por lo que sus apoderados legales procedieron a interponer la denuncia ante el Ministerio Público.

A pesar de que tanto el CPTRT y la fiscalía de DDHH tienen conocimiento y documentaron la paliza y agresión sexual, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Tito Livio Moreno, negó la agresión, por lo que automáticamente se convierte en encubridor.

“Las fotografías son de las señoras que aparecen allí, en ningún momento aparece un militar u otro miembro. Además estaban la Policía Nacional, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (Fnamp), Policía Militar y fiscales”, dijo y añadió que “los privados de libertad se van oponer y buscar muchas excusas para debilitar este proceso”.

Trató en su momento de justificar la paliza al sostener que «desde las cárceles mandan órdenes a grupos criminales que están libres para seguir cometiendo actos ilícitos que son abusos a la población hondureña».

La postura de Moreno es comprensible: en su momento fungió como comandante de la Policía Militar y durante su gestión se documentaron varias violaciones a DDHH contra personas que fueron requeridas por la supuesta comisión de delitos. El historial de agresiones de esta fuerza datan desde 2013 cuando fueron creadas por el actual jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández para, según él, combatir la delincuencia.

Este es el primer hecho delictivo que comete la entidad luego que Hernández ordenara la intervención del sistema penitenciario a fin de «controlar» la oleada de violencia que se vive en los 18 presidios que operan en Honduras.

Organizaciones defensoras de DDHH advirtieron en su momento que la remilitarización de las cárceles provocaría abusos por los militares ya que no están preparados para atender a los privados de libertad.

Fusina ha permanecido desde hace varios años en apoyo a las autoridades carcelarias, sin embargo, su presencia no ha ayudado a frenar los hechos violentos; desde que asumieron el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se reportan alrededor de 37 personas muertas en reyertas en los presidios de mínima seguridad de Tela y El Porvenir.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Sputnik) El expresidente derrocado de Bolivia, Evo Morales, anunció desde su exilio en Buenos Aires que el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) se reunirá el 19 de enero para elegir a su candidato a presidente y vicepresidente para las elecciones generales del año que viene.

«Esa reunión se va a realizar el 19 en Buenos Aires», aseguró el exmandatario durante una rueda de prensa desde el hotel Bauen, en la capital argentina, tras encabezar una reunión oficial del MAS.

Durante la conferencia de prensa, que comenzó con más de tres horas de retraso, el exgobernante aseguró que la idea del partido que preside «es revertir el golpe (de Estado) con elecciones».

Los intentos de proscribir el MAS en Bolivia son, en este contexto, «un odio a lo indígena», afirmó Morales tras la reunión del partido en la que participaron siete presidentes de los nueve departamentos de Bolivia y un representante del Departamento de Potosí, entre otros dirigentes del MAS.

Durante su comparecencia ante los medios, Evo Morales presumió de que aun sin candidato, el MAS lidera todas las encuestas de cara a las elecciones generales que se celebrarán el año que viene en su país.

El expresidente derrocado anunció que realizará un balance de su gestión el próximo 22 de enero en Buenos Aires si el Gobierno argentino lo autoriza.

«Si el Gobierno argentino lo permite, el 22 de enero quiero dar un pequeño informe de mis 14 años de Gobierno», señaló el exgobernante.

El exjefe de Estado, cuyo mandato constitucional terminaba esa fecha, comentó que todavía no decidió si acudirá a votar al departamento boliviano de Cochabamba (centro), donde esta empadronado, para ejercer su derecho al sufragio en las próximas elecciones.

Forzado a renunciar el pasado 10 de noviembre tras un golpe de Estado en su país, Morales, que compareció con un casco de mineros cooperativistas, insistió en que el término «fraude» en relación a los pasados comicios generales del 20 de octubre fue utilizado por el Gobierno de facto para generar un golpe de Estado.

Tras 13 años y nueve meses en el poder, el exgobernante informó que ha solicitado a instituciones internacionales, como el Centro Carter de EEUU o incluso a Naciones Unidas, que impulsen una Comisión de la Verdad para discernir lo ocurrido en aquellas elecciones, cuestionadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Morales, que no se presentará a las próximas elecciones que se celebren en su país, como confirmó en una entrevista con Sputnik, lamentó que el Gobierno de facto que preside Jeanine Áñez no haya investigado ni encarcelado a ningún responsable por la represión de las últimas semanas en Bolivia.

La presidenta del Senado, Eva Copa, anunció que no participaría en la reunión convocada el domingo en la capital argentina, como tampoco asistió la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Tupaj Katari, que confirmó su apoyo «unánime e innegociable» al excanciller David Choquehuanca (2006-2017) en representación del departamento de La Paz.

Entre los posibles candidatos del MAS figuran el excanciller Diego Pary Rodríguez, el exministro de Economía Luis Arce, el exembajador ante la OEA (Organización de Estados Americanos) José Alberto González, el excanciller David Choquehuanca, y el vicepresidente de la coordinadora de las Seis Federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba (centro), Andrónico Rodríguez.

Bolivia está inmersa en una crisis política desde el pasado 10 de noviembre, cuando Morales renunció a su cargo presionado por la cúpula de las Fuerzas Armadas y la policía tras las protestas que cuestionaron las irregularidades detectadas en los comicios del 20 de octubre, en los que el MAS fue la fuerza más votada.

Se estima que las nuevas elecciones se organicen en el primer semestre de 2020, aunque todavía no hay una fecha precisa.

El Tribunal Electoral tiene plazo hasta el 2 de enero para emitir la convocatoria a las elecciones en las que Morales no podrá ser candidato, según el acuerdo político entre el Gobierno de facto que preside Jeanine Áñez y la mayoría del MAS, que controla el parlamento.

La fiscalía de la ciudad boliviana de La Paz ordenó detener al líder indígena para que responda por acusaciones de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, lo que implica que sería detenido si intenta ingresar al país.

Desde Argentina, la Comisión Nacional para los Refugiados trabaja en estos días para conceder el estatus definitivo de refugiado al expresidente boliviano y otra veintena de funcionarios de su Gobierno que se encuentran asilados en el país sudamericano.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La dirigente empresarial Juliette Handal, pidió a la comunidad internacional que no acepte condiciones respecto a posibles cambios al acuerdo que suscriba el Ejecutivo nacionalista con la OEA para extender el mandato de la MACCIH.

Al respecto, señaló que los patrocinadores de la misión anticorrupción “no deberían aceptar condiciones, porque si se habla de renovación no se tiene que cambiar nada”.

Sostuvo que solo basta un intercambio de notas entre Juan Orlando Hernández y Luis Almagro para la extensión de la MACCIH, sin necesidad de efectuar cambios al memorando de entendimiento.

“Es obvio que el trabajo de la MACCIH, aunque no ha dado los resultados al 100 por ciento que hubiésemos querido, pero ellos mismos dicen no han tenido la colaboración de los órganos de justicia en el tema de investigación y de condenas”, explicó la también expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Un grupo de funcionarios, encabezados por el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, viajaron el jueves a Washington para instalar junto a Almagro una mesa técnica para proceder a la renovación del organismo que dirige la peruana Ana María Calderón.