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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Juan Orlando Hernández está buscando una solución de emergencia para aferrarse al control del Ejecutivo ya que tiene total conciencia de que poner un pie fuera de Casa Presidencial lo pondría en extrema vulnerabilidad, sería sujeto de persecución de las autoridades y sus aliados que le darían la espalda, así como los cárteles de la droga que tienen jurado vengarse de él por haberlos traicionado y puesto en bandeja de plata ante la justicia norteamericana.

Hernández, quien dirige con puño de hierro y terror el actual régimen nacionalista, sabe que sus opciones para perpetuarse en el poder son pocas y tiene trabajando a contrarreloj a sus leales en alternativas que le permitirían seguir mandando en Honduras, teniendo el control de todos los poderes y, si cabe, aplastar de una vez por todas a la oposición para gobernar sin sudar la camisa. Al fin y al cabo, una bocanada de aire en tiempos de autoritarismo es prolongar la libertad y la vida misma, que son los dos bienes preciados del ser humano.

Al menos, por ahora, no hay condiciones para que JOH busque un tercer mandato porque provocaría una insurrección popular sin precedentes que le podría costar el cargo; tampoco propinaría un autogolpe ya que las FFAA no se prestarían a osada aventura, a sabiendas de que su prestigio está por los suelos y hay mandos que no están dispuestos a incurrir en semejante disparate que realizaron en 2009 cuando sacaron a punta de fusil a Zelaya ya que eso significaría su extinción.

La salida más elegante que el controvertido personaje comienza a acaricar y que se convierte en una verdadera solución a una venidera crisis sería la instalación de una Constituyente, por lo que está dispuesto a seducir -o coaccionar, presionar y robar- a los ideólogos de este proyecto que en otras circunstancias sería idónea para la reconstrucción del Estado de derecho, el imperio de la ley y la devolución de las conquistas quitadas a la población por gobiernos despóticos y neoliberales.

Es así como como uno de sus principales asesores, el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, ha emprendido una sutil campaña para atraer a la órbita orlandista a la oposición agrupada en Libertad y Refundación (Libre) para instalar la Constituyente bajo falsos engaños (que sería originaria y reivindicativa de derechos sociales) cuando en realidad se busca alargar el mandato de Hernández, haciendo caer en la trampa al partido que dirige el expresidente Manuel Zelaya.

«La vía del diálogo y consensos siempre son mejores que provocar violencia y daño a la economía. En esta ocasión estoy de acuerdo con Manuel Zelaya en que los sistemas parlamentarios son más representativos y democráticos que encontramos en el abanico de opciones que da la democracia… El país necesita un sistema parlamentario, con diputados electos por distritos, donde esté dividida la Jefatura del Estado de la Jefatura del Gobierno y donde todos los sectores estén representados dentro del parlamento y el gobierno», posteó Díaz a través de su cuenta de Twitter.

Ese mensaje -que va más allá de la coincidencia con el exgobernante- tiene como finalidad ir recabando apoyos de aquellos actores políticos y sociales (incluyendo sus crudos detractores) para instalar una Asamblea Constituyente que, en las actuales circunstancias, sería contraproducente al verdadero interés de restaurar la institucionalidad, asimismo, haría caer en una trampa al principal partido político y le robaría la principal bandera que ha tenido Mel y sus seguidores desde la fundación de la entidad 2012.

Esa trampa, meticulosamente elaborada por JOH y sus esbirros, servirá para destruir el prestigio que se construyó Libre desde el golpe de Estado de 2009 que dejó más de 200 personas muertas y enterraría políticamente a Zelaya porque pasaría de ser un crítico de línea dura a entablar un cogobierno con un Partido Nacional desgastado por la mala gestión económica de las dos últimas administraciones y sus vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada.

Si Mel aceptara el polémico proyecto que pretende ejecutar Hernández, destruiría su liderazgo nacional y continental, sería mal visto por sus aliados naturales Luis Zelaya y Salvador Nasralla (salvando las diferencias ideológicas y estratégicas) y provocaría fuertes fricciones dentro de la organización política hasta su posible desarticulación, cuyo beneficiariario final sería Hernández.

Más allá de cualquier pacto tácito de gobernabilidad entre Zelaya y Luis con el inquilino del palacio José Cecilio del Valle, el falso camino que se va construyendo para ir a la Constituyente sólo servirá para aplastar las aspiraciones de los hondureños por restablecer la democracia y alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

En teoría, ¿cómo funcionaria esa prolongación del cargo que beneficiaría al actual jefe de Estado? Al instalar la asamblea, sería nombrado de inmediato como un presidente provisional (por dos o muchos más años) mientras se redacta la nueva Carta Magna y quedaría automáticamente habilitado para presentarse a unos nuevos comicios, con una oposición inmovilizada y sus representantes cooptados, encarcelados y exiliados y con muchos más poderes de los que ningún gobernante -incluyendo al sanguinario Carías- habría tenido en el último siglo.

En sencillas palabras, Juan Orlando Hernández está allanando su camino para perpetuarse por mucho tiempo en Casa Presidencial, por lo que habrá instalado una dictadura cuyas consecuencias serán inimaginables.

Otro camino, mucho más largo pero menos riesgoso, será emprender en el Legislativo una reforma constitucional para permitirle tener control e inmunidad en el caso de que dejara atrás la presidencia a través de su investidura como diputado al Parlacen e instalar en Honduras un sistema parlamentario (migrar de Congreso Nacional a un Parlamento) como mecanismo de control de los otros poderes como el Ejecutivo y Judicial.

Eso significa que colocará un jefe de gobierno (o primer ministro) que tendrá muchos poderes -y será leal a Hernández- con un presidente débil que cumplirá sus órdenes y con altos riesgos de ser destituido en caso de que no acate sus lineamientos.

De oficio, todos los expresidentes pasan a ocupar un escaño en el organismo supranacional y cuentan con inmunidad diplomática que les impide ser procesados por delitos de corrupción. El panameño Ricardo Martinelli usó esa figura para no acudir a la justicia de su país que lo acusó de perseguir a sus opositores aunque al final cayó tras refugiarse en EE.UU. al considerar que sería protegido de ese país que lo respaldó durante su gobierno.

Hernández, quien cuenta con mucha influencia en la bancada nacionalista y cierta parte del bando liberal, podría incidir para que una mayoría calificada (86 votos) y sin contar con el aval de Libre, realice la reforma constitucional que podría entrar en vigencia en la tercera o cuarta legislatura correspondiente a 2020 y 2021 y permitiría que los 20 diputados del Parlacen integren un curul en el Legislativo, incluyendo Hernández, que podría catapultarlo como presidente de la asamblea.

Esa jugada sería la opción más barata que tendría el régimen para preservarse, pues se contaría a partir de 2022 con un gobernante frágil y fiel a los dictados de Hernández como presidente del Congreso; a su vez, sería un blindaje ante cualquier pedido de la justicia de EE.UU. en caso de que solicitara en extradición al líder azul por narcotráfico.

Por eso no es raro que desde febrero anterior, Eder Mejía, uno de los adláteres con los que cuenta JOH dentro del Congreso Nacional, presentara la iniciativa de crear una comisión que permita dictaminar la posibilidad que los 20 diputados del Parlacen ocupen un escaño que beneficiará ampliamente a su patrón.

«Al final este es un tema de discusión con las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en el Congreso, y para su aprobación se necesitan 86 votos debido a reformas a la Constitución y debería ratificarse en la subsiguiente legislatura», explicó Mejía luego de presentar el proyecto.

Y es que en la arquitectura continuista se diseñaron estos dos escenarios, un camino largo y más cómodo y uno corto y peligroso, porque saben que los tiempos se van venciendo; confían que las trampas que pretenden instalar para que caigan Libre y el Partido Liberal (cuya fuerza política es de aproximadamente 1.4 millones de votos) funcionen a la perfección y se aniquile cualquier atisbo de revolución que echaría para siempre a Hernández de la titularidad del Ejecutivo.

Juan Orlando está empecinado en irse por los dos escenarios para no verse a última hora en una posición que tomó hace unos meses el expresidente peruano Alan García, quien decidió suicidarse para no rendir cuentas a la justicia por sus vínculos con la corrupción.

La oposición aglutinada en Libre y Partido Liberal tienen la última palabra. Manuel Zelaya tiene en sus manos el futuro que podría tomar la institucionalidad hondureña y Hernández asumirá el papel de la serpiente en el jardín del Edén para tentar a su rival a comer la manzana de la Constituyente y convertirlo en cadáver político. El tiempo apremia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) informó el martes que están trabajando en la revisión del informe sobre los estados financieros del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Una vez conocido el informe se definirán las decisiones y se harán las propuestas para decidir sobre el futuro del banco estatal.

De momento el informe es restringido, no obstante, será enviado al Congreso Nacional, ya que los diputados son los responsables de aplicar cualquier medida que se tome.

Según la CNBS, a diciembre del 2018 Banadesa registraba una cartera de aproximadamente 18 mil deudores, de los cuales el 68 por ciento, que equivalen a dos mil 640 millones de lempiras.

Esta mora del aparato agrícola se incrementaba al 72 por ciento, para reducir se creó el decreto legislativo 047–2018 que incluye la dispensa de intereses al entrar en este mecanismo de readecuación de la cartera de créditos y de los fideicomisos constituidos por el Estado.

BOGOTÁ, COLOMBIA

(Spútnik) Las organizaciones y sindicatos que integran el Comité Nacional del Paro de Colombia se levantaron de la mesa de negociación con el Gobierno y convocaron un nuevo paro nacional.

«El Comité Nacional del Paro, que asistió este martes [26 de noviembre] a la reunión en la Casa de Nariño [sede del Gobierno, en Bogotá] con el presidente Iván Duque, decidió levantarse de la mesa debido a que rechazan, entre otras cosas, la propuesta de que gremios, entes de control y empresarios participen del gran diálogo», publicó la emisora local Blu Radio.

El Comité Nacional del Paro encabezó el 21 de noviembre una masiva protesta en todo el país contra el Gobierno, que derivó en diversas marchas y movilizaciones.

La jornada de del 21 de noviembre supuso la mayor ola de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, y tras las multitudinarias marchas en todo el país hubo algunos incidentes en Bogotá y en Valle del Cauca, donde fallecieron tres personas.

El 22 de noviembre, las movilizaciones y los incidentes continuaron, y al toque de queda decretado en la ciudad de Cali, donde además se desplegó el Ejército, se sumó una medida similar para la capital, Bogotá, a pedido del propio Duque.