Monday, Aug 19, 2019
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BOGOTÁ, COLOMBIA

(Spútnik) EEUU concedió la extradición a Colombia de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura reclamado por la Justicia de su país para que pague una condena de más de 17 años en prisión por delitos de corrupción, informó la Cancillería.

«La Embajada de Colombia en Washington recibió este 10 de julio una nota por parte del gobierno de Estados Unidos, en la cual se notifica al Estado colombiano que se concedió la extradición hacia Colombia de Andrés Felipe Arias, requerida por la Corte Suprema de Justicia, y se solicita a las autoridades competentes ponerse en contacto para coordinar lo correspondiente a su entrega», indicó la cartera en un comunicado.

Asimismo, indicó que «procederá a remitir esta nota al Ministerio de Justicia, entidad competente para adelantar las coordinaciones correspondientes».

Según el fallo de única instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, emitido en 2014, Arias, en su cargo de ministro durante el segundo periodo presidencial del derechista Álvaro Uribe (2007-2010), ordenó directamente la entrega de subsidios de riego y drenaje para proyectos de hacendados millonarios que no necesitaban de tales ayudas por parte del Estado.

De acuerdo con esa alta instancia, existían interés políticos para que dichos subsidios fueran entregados a familias adineradas con el fin de que financiaran posteriormente las aspiraciones de Arias a la Presidencia de la República, por lo cual fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos y obligado a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares).

Antes de que se conociera el fallo de la Corte, Arias se refugió en Miami desde junio de 2014, luego de que salió de Colombia tras pasar un tiempo en prisión y de que argumentara falta de garantías al ser sentenciado por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Sin embargo, las autoridades del estado de Florida lo detuvieron y encarcelaron en virtud de la reclamación de extradición hecha por Colombia, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 años y cuatro meses de prisión.

El alto tribunal lo pidió en extradición desde el 27 de agosto de 2014 y la Embajada de Colombia en Washington presentó oficialmente el 21 de noviembre de ese año la petición, por lo que Arias permanece detenido en una cárcel de Florida.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández pretende beneficiar a su principal arquitecto político Arturo Corrales con la cesión de la base de datos de los abonados que administra el consorcio Energía Honduras y que costará a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) alrededor de 50 millones de dólares.

Este periódico y Radio Globo supieron de primera mano que algunos ejecutivos de la estatal, leales a los designios de Hernández, han sostenido reuniones con miembros de la empresa Ingeniería Gerencial, propiedad del habilidoso político, a fin de saber con total y absoluta precisión la ubicación de cada persona, el consumo de energía y que puede ser utilizado para fines ajenos.

Incluso, el uso de centenares de gigabytes de información, en manos de Corrales y Hernández, apuntaría a una conspiración de grandes proporciones que podría incluso definir el futuro del inquilino del palacio José Cecilio del Valle por los siguientes cuatro años. Es decir que la base nacional de datos podría ser instrumentalizada para la comisión de otro fraude que sería de catastróficas consecuencias para el bando opositor.

Algunos testigos que conocieron del hecho, pero que catalogaron de impúdica la actitud de los ejecutivos afines a Jesús Mejía, explicaron a ambos medios que en fecha reciente se concretó un encuentro en el cual se acordó el traspaso de discos duros a Ingeniería Gerencial, por lo que su costo -según estimaciones por términos de producción- sería de mil 224 millones 480 mil lempiras (al cambio del 11 de julio de 2019 a una tasa promedio de 24 lempiras con 48 centavos por cada dólar).

Sobre el tema, otras fuentes que pidieron no ser citadas por temor a duras represlias, dijeron que las visitas a la oficina de Corrales se han incrementado en los últimos días a fin de entregar los documentos, discos duros principales y de soporte para colocarlo en los sistemas informáticos de esa empresa y actualizarlos mientras se da la estocada final a Energía Honduras.

Esta acción, de acuerdo a conocedores del caso, se busca un doble beneficio: sacar del camino al consorcio delegado por la Superintendencia de Concesiones de las Alianzas Públicas y Privadas (SAPP) para que Corrales -respaldado incondicionalmente por Hernández- se apropie de la red de distribución y coloque a la controvertida compañía omo la operadora estratégica del sistema de comercialización de la ENEE. Asimismo, la información sería manipulada en beneficio de los intereses de este binomio.

¿Cómo será manejada tal base de datos? Corrales, al tener el ciento por ciento de la información nacional, podrá saber con precisión, cuan reloj suizo, cuántos usuarios están conectadas a la red eléctrica pública, en qué zonas viven, cuál es el consumo promedio de energía mensual y procederá a actualizar sus apuntes por lo que se convierte en la persona mejor informada de Honduras y tendrá una principal herramienta que le servirá como moneda de cambio para colarse en cualquier gobierno sin importar cuál sea su ideología.

Ese as le hará ganar fuertes sumas de dinero porque el codiciado paquete podría ser «prestado» al Partido Nacional (y cualquier otro), cuyos dirigentes tendrían una mejor comprensión de las regiones donde cuentan con caudal político y aceitarían su maquinaria para movilizar a las urnas a sus activistas o chantajear con suspenderle los beneficios que otorga el régimen a los que se resistan a votar por Hernández.

Además, el también exsecretario de Relaciones Exteriores será el pivote clave -partiendo de un hipotético escenario- para hacer predicciones sobre resultados de las elecciones (en particular, de 2021) que terminarían favoreciendo a un Hernández, acosado por denuncias de corrupción y delincuencia organizada, quien se enrocaría en el palacio al usar patrañas de que no ha hecho lo suficiente y las bases le exigen repetir presentarse a  un tercer mandato, en caso de que el Legislativo no regulara la reelección presidencial.

Desde luego, para llegar a este teatro de operaciones, la SAPP será usada como cabeza de playa para realizar una intervención y cancelar la concesión a EEH sin importar que se violenten las normas establecidas y los socios de la empresa -incluyendo al Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE)- alegarían una ruptura del convenio y cuyo costo, según previsiones preliminares conservadoras, podría alcanzar los 280 millones de dólares.

Una parte del consejo de secretarios de Estado tiene conocimiento del traslado ilegal de las bases de datos a la oficina de Corrales, entre ellos, el secretario de la Presidencia Ebal Díaz y la titular de Finanzas, Rocío Tábora, dos personas de confianza de Hernández, ya que saben sobre este incidente, pero hacen la vista gorda para simular normalidad.

Con relación a este hecho, el jefe del gabinete económico, Marlon Tábora, advirtió a los conspiradores que «no saben en qué problema se están metiendo» para «los que piensan que se volverá al pasado con el tema de medición, facturación y cobro de la energía eléctrica». A través de Twitter, el también expresidente del Banco Central de Honduras pronosticó que «antes pasarán muchas cosas, se los puedo asegurar. Si esta información fuera cierta, sería lamentable y muchos saldrán a la luz».

De concretarse esta trama, los principales beneficiarios serían tanto Corrales como Hernández, porque accederían a un tesoro que tuvo que elaborar Energía Honduras en el plan de recuperación de pérdidas y el acceso a nuevos clientes residenciales e industriales, supondría un fatal golpe a la seguridad jurídica y enviaría un mensaje a potenciales inversores de que Honduras es una nación no apta para instalar empresas o hacer negocios.

Asimismo, las alarmas se encienden porque -aparte de maquinar contra el consorcio- la manipulación de la base de datos daría réditos al titular del Ejecutivo ya que sería utilizado para fraguar un fraude que mataría cualquier atisbo de retorno a la institucionalidad.

En el pasado, la empresa Servicios de Medición Eléctrica de Honduras (Semeh) fue reconocida por ofrecer un mal servicio, de acuerdo a las denuncias de los abonados y todo indica que la historia volvería a repetirse.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) El Ministerio de Defensa de Guatemala descartó el eventual derribo de aviones dedicados al narcotráfico con las dos aeronaves Pampa III recién compradas a Argentina, mediante un proceso investigado por la Contraloría y el Ministerio Público del país centroamericano.

«Como firmante del Convenio de Chicago, Guatemala no tiene ley de derribo», admitió el viceministro de Defensa, Jorge Ruiz, al ser interpelado sobre la compra de los cazas por una comisión del Congreso de la República.

Ruiz agregó que los Pampa III no traen armas, pero se les pueden adaptar e incluso llegar a lanzar misiles inteligentes, aunque el Gobierno pretende usarlos para escoltar a los llamados narco-aviones y obligarlos a aterrizar.

El llamado Convenio de Chicago, del año 1944, establece que ningún estado suscriptor puede derribar a las naves que invadan su espacio aéreo sin autorización, y en caso de hacerlo debe informar las razones a la Organización Internacional de Aviación Civil.

El ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda, explicó que el Gobierno adquirió los aviones Pampa III ante la necesidad de detectar y anular a las aeronaves que transportan droga en el espacio aéreo de Guatemala, algo imposible con los helicópteros existentes.

El funcionario afirmó que existía espacio en el presupuesto para financiar la compra por 28 millones de dólares, pero el Ministerio Público anunció el martes que la Fiscalía Contra la Corrupción investigará el procedimiento, ante denuncias de supuestas irregularidades.

Según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, la compra de los Pampa III no pasó por los correspondientes procesos de licitación, amén de que tampoco existe un plan estratégico para combatir el narcotráfico que avale el uso de dichas aeronaves.

La Contraloría General de Cuentas agregó que el convenio de cooperación firmado en 1980 entre Guatemala y Argentina tampoco ampara la compra de estos aviones, como alega el Gobierno del presidente Jimmy Morales, y por ende no aprueba la compra.

De comprobarse que la adquisición contravino la Ley de Contrataciones del Estado, la Contraloría emitirá una sanción pecuniaria y luego procederá a una denuncia ante el Ministerio Público, con el ministro Ralda como principal responsable.

Ralda adelantó que los Pampa III serán pagados con recursos del Ministerio de la Defensa Nacional, sin precisar cuáles programas se verán afectados por el reacomodo presupuestario, y Argentina los entregará el próximo 30 de noviembre.

El director ejecutivo de la Fábrica Argentina de Aviones, Fernando Sibilla, anunció el pasado 4 de julio el acuerdo para la compra de los dos Pampa III, destinados a actualizar el desfasado parque de aviones de Guatemala.

Durante la presidencia de Otto Pérez Molina (2012-2015), Guatemala anunció la compra de seis aviones A-29 Súper Tucano por 133 millones de dólares a la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), pero la transacción fue suspendida al comprarse una sobrevaloración cercana a los 2,5 millones de dólares.

La flota aérea de Guatemala ha tenido aviones DC-6 y DC-12, PC-7 Pilatus, Focker, Pillan, Gran Caravan y Archel, algunos donados y otros vendidos por Estados Unidos, amén de varios helicópteros.