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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, confirmó que Tulio Amador Varela, asesinado a finales de octubre dentro del penal de ultra alta seguridad de Morocelí, era la mano derecha del narcotraficante y exalcalde copaneco Alexander Chande Ardón.

La revelación de Maldonado ocurre un mes después del crimen cometido por pandilleros en una de las zonas de esparcimiento del presidio ubicado a unos 60 kilómetros al oriente de la capital.

Denunció a un medio capitalino que ningún funcionario del sistema penitenciario “nunca nos dijo de quien se trataba en sí, pero el Codeh se los va decir, se trataba de la mano derecha del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón”.

“Para nosotros directamente quienes introdujeron las armas fueron los agentes penitenciarios, y que presumimos que desde la misma gente del Instituto Penitenciario se buscaron a los asesinos para que mataran a Magdaleno Meza”, señaló Maldonado.

Cabe recordar que Amador Varela (37) permanecía recluido en la Tolva porque tenía cuentas pendientes con la ley; aunque no se supo por qué delito fue procesado.

El colaborador de Chande fue asesinado a manos del integrante de la Mara Salvatrucha, Marvin Lara Pineda, quien purga una condena de más de 100 años de cárcel.

Un día después, era ultimado en el presidio santabarbarense de Ilama Magdaleno Meza Fúnez, socio del capo Tony Hernández, ya que fue el autor de las narcolibretas que apuntan contra el exdiputado nacionalista y el titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández y que tiene en su poder un tribunal federal de Nueva York.

Tony fue hallado culpable de cuatro delitos; las libretas que detallan nombres y cantidades de dinero obtenidos por la venta de droga en EE.UU. terminó de hundir al líder nacionalista, quien podría ser condenado a cadena perpetua por el juez neoyorquino Kevin Castel por sus nexos con el narcotráfico y delincuencia organizada.

Los fiscales federales mostraron durante el juicio contra el exjefe narco su preocupación por la seguridad de Meza o Nery Orlando López Sanabria, ya que su vída corría peligro, por lo que se convirtió en un candidato a la extradición y que con su relato se habría revelado la trama corrupta en la que estaban involucrados los dos hermanos.

LA PAZ, BOLIVIA

(Spútnik) El Gobierno de facto de Bolivia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los movimientos sociales se proponían completar la negociación de una ley de pacificación, como segundo acuerdo de salida de la crisis política del país tras el pacto que dio luz a una ley para nuevas elecciones.

«Luego del importante paso de pacificación que hemos dado ayer [el 24 de noviembre] en Cochabamba, con un acuerdo regional de fin de conflictos entre todos los sectores, esperamos completar ahora en La Paz el acuerdo nacional de un proyecto común de ley de pacificación», dijo a reporteros el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

La ley en discusión apunta a garantizar la normalidad en el país, luego de cinco semanas de crisis política, con cambio forzado de gobierno por la renuncia forzada de Evo Morales y la autoproclamación de la presidenta de facto Jeanine Áñez, al menos 33 muertos y centenares de heridos y detenidos.

La economía boliviana, líder regional en crecimiento en el quinquenio pasado, sufrió pérdidas millonarias que todavía no estaban completamente cuantificadas, según declaró el fin de semana el ministro de Planificación del gobierno de facto, Carlos Díaz.

La norma que trataban de concertar el Gobierno y la oposición ahora encabezada por el MAS incluye la anulación de un decreto que autorizó la participación de los militares en tareas de orden público liberándolo anteladamente de reponsabilidad penal, lo que fue señalado por diversos sectores como factor agravante de la violencia.

Más de la mitad de las muertes de manifestantes en el conflicto se produjeron luego de la aprobación de ese decreto, cuando las manifestaciones contra Morales habían sido desplazadas por las protestas contra su sucesora, la presidenta de facto Jeanine Áñez.

La presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, dijo que las negociaciones del fin de semana permitieron «importantes avances» en el proyecto de ley que definió como de «garantías para la actividad y la vida de los dirigentes sociales, como clave para la pacificación».

«Hemos predispuesto toda la voluntad política necesaria para sacar adelante primero las elecciones, que nos permita tener pronto un gobierno legalmente constituido, y esperamos lograr hoy mismo el acuerdo de una ley de pacificación», declaró a reporteros este 25 de noviembre, destacando «el compromiso de la mayoría» del MAS, que tiene más de dos tercios de botos en el parlamento.

La ley de las elecciones fue promulgada el 24 de noviembre y prevé que los nuevos comicios, en reemplazo de los del 20 de octubre que fueron anulados, podrían demorarse hasta abril del 2020.

La ley de pacificación en discusión sustituirá en el parlamento a otro proyecto presentado el 23 de noviembre por el MAS, que fijaba garantías para todos los líderes de las protestas y quedó congelado ante una ola de críticas por su supueata intención de dar inmunidad a Morales.

Copa aseguró que el MAS no buscaba inmunidad para nadie.

Facilitadores internacionales del diálogo, como el enviado especial de Naciones Unidas Jan Arnault, destacaron la importancia de la ley de participación, especialmente porque en el diálogo participan dirigentes sindicales y sociales nacionales y de El Alto, ciudad vecina a La Paz.

La fase final de las negociaciones de pacificación se desarrollaba en el marco de pausas en casi todas las protestas, con excepción de bloqueos en la región productora de coca de Chapare (centro), la base sindical y política de Morales en el centro del país, y en provincias agrícolas del departamento tropical de Santa Cruz.

Las actividades en La Paz y El Alto eran casi completamente normales este 25 de noviembre, incluso con la reanudación de clases en escuelas y colegios tras cinco semanas de paralización.

El Ministerio de Hidrocarburos informó que la provisión de combustibles —gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo— se había restablecido plenamente, aunque persistía la escasez de gas natural de uso industrial, por daños en un gasoducto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Las autoridades de Salud confirmaron el lunes que unas 167 personas murieron por el dengue hemorrágico, las cuales pudieron ser confirmadas por exámenes de laboratorio.

En la semana epidemiológica 46, dijo el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, se registraron tal cantidad de decesos por dengue.

Lamentó que el 57 por ciento de esas muertes corresponde a menores y por eso la importancia continuar dándole consejos a la población sobre las medidas de prevención.

Cosenza recomendó, que es importante que los pacientes a los primeros síntomas de la enfermedad acudan de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

Reiteró, que se ha observado que la población está llegando tardíamente a los hospitales y muchos pacientes han sido complicados con otras enfermedades asociadas como la influenza.

Confidencial HN