Tuesday, Aug 20, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Desde la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) se han filtrado documentos sobre relatos brindados por testigos contra capos de la droga, encubierto a señalados de movilizar toneladas de estupefacientes y de ocultar evidencias que comprometen a altos funcionarios del actual Ejecutivo nacionalista.

Un grupo de agentes de esta unidad adscrita al Ministerio Público aseguraron que la actual jefa Soraya Cálix se ha convertido en cómplice por el hecho de hacer la vista gorda ante centenares de evidencias, relatos, imágenes, vídeos y cuanto insumo tiene en sus manos -procedentes de operativos antidroga- y no entregarlos a los juzgados a fin de que se haga cumplir la ley.

Recordaron que cuando dirigió la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) presionó a un agente de tribunales para que no prosiguiera con la acusación contra un colombiano que operaba un narcolaboratorio en el occidental departamento de Santa Bárbara, a sabiendas de que las pruebas recabadas lo conectaban con el ilícito.

Si bien los funcionarios de la DLCN pidieron no ser identificados por temor a inminentes amenazas de muerte y persecución dentro del Ministerio Público, aseguraron que hay una gran cantidad de irregularidades que habría cometido Cálix y su adjunto Jaime Quintanilla, lo que ha impedido que varios casos ventilados en tribunales puedan salir adelante y que finalice con un requerimiento fiscal y los calificaron de cómplices.

Aseguraron que la funcionaria no ha querido entregar a las instancias judiciales un paquete de evidencias que fueron hallados dentro de una caja fuerte decomisada a los cabecillas del cártel de los hermanos Valle Valle, y en cuyos documentos «aparecen pruebas de altos militares y políticos de alta envergadura del país» y que a la fecha se desconoce cuál es el paradero de estas evidencias que consisten en cuadernos con apuntes sobre entrega de dinero a altos dirigentes de varios partidos.

En su momento, Radio Globo informó que la cadena de custodia había sido alterada, ya que se sustrajo el contenido que revelaría cómo fueron cooptados un buen grupo de políticos a fin de neutralizar cualquier acción ejecutiva o legislativa que combatiera el flagelo.

Cálix reconoció la existencia de cuantiosa información proveniente de la caja quitada a los capos, aunque rehusó especificar sobre los vínculos del orlandismo con los ahora extraditados, tampoco los negó limitándose a expresar “que se está investigando”. “No podemos decir ningún dato porque está en proceso judicial. No podemos presentar documentación que puede ser evidencia que se presenta al juez y hasta después se pueden hacer públicos”, explicó Cálix en una entrevista con ConfidencialHN.

Recordó que tal caja fue hallada en 2014 y la misma “tenía documentos dinero que se encuentran en la fiscalía”. La funcionaria aseguró que en “la cajita pequeña habían 11 mil 600 dólares, y documentos sobre adquisiciones de bienes, constitución de sociedades y contratos privados».

Los testigos aseveraron que se giraron órdenes para que escondieran los documentos encontrados en otra caja fuerte quitada a una de las operadoras de confianza de los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga. En la misma habrían fotografías que comprometen a Juan Orlando Hernández, ya que aparecería junto a otro narco denominado el Olanchano junto a varios paquetes con supuesta cocaína.

«Las autoridades de la DLCN sólo se han enfrascado en hacer incautaciones a los testaferros de los Valle Valle y los Cachiros, dejando por un lado a los capos de Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Puerto Cortés y Gracias, entre otros», afirmaron mediante un escrito que giraron a este periódico.

Las filtraciones de información que han salido desde la DLCN podrían surgir de quienes dirigen esta unidad, según la denuncia a Radio Globo y ConfidenciaHN . Los agentes recordaron que un miembro de inteligencia militar fue citado para que declarara respecto a los vínculos de Juan Antonio Tony Hernández y el capo Wilter Blanco -ambos presos en EE.UU.- y en tal encuentro estuvieron Cálix, Quintanilla y un detective no identificado.

La confesión que proporcionó el agente habría sido entregado al titular del Ejecutivo «y este a su vez se lo comunica a Tony Hernández quien se la entrega íntegramente a Wilter Blanco». Esta relación de hechos coincide con la denuncia hecha en su momento por el capitán en retiro Santos Rodríguez Orellana, ya que aseguró que se le llamó a rendir declaración y supo por fuentes de confianza que Blanco tenía en sus manos el documento con su declaración.

Culpó en aquel momento al fiscal general Óscar Chinchilla y a Hernández por cualquier atentado que pudiera sufrir luego de que el exjefe narco supiera su testimonio de primera mano; resulta que en esa ocasión se le consultó sobre un supuesto plan concebido por los exjefes narcos para asesinar al entonces embajador norteamericano James Nealon.

Este extremo confirma las versiones de las dos partes sobre los compromisos y complicidad de la jefa de la DLCN, quien está emparentada con Mario José Cálix Hernández, Cubeta, quien decidió entregarse a las autoridades norteamericanas, de hacerse la vista gorda para no verse comprometida con sus protegidos que están en la mira de la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU.

En consecuencia, añadieron los agentes, «pedimos la renuncia de la directora, el subdirector y la jefa de operaciones Ana Julia Mejía y los coordinadores regionales, por su inoperancia e incapacidad y quedarse callados», tanto en este como en otras causas que comprometen a alcaldes, diputados y altos dirigentes políticos.

La indiferencia de la jefa antinarcóticos para perseguir a su pariente viene a comprobar el grado de complicidad que ha habido en esta dependencia. Para aparentar legalidad y «combate efectivo al delito» el Ministerio Público comenzó a confiscar bienes en febrero anterior a Cubeta cuando la fiscalía del distrito sur de Nueva York lo vinculó con la delincuencia organizada y narcotráfico.

El ente justificó tal tardanza porque no tenían denuncia contra el ex vicealcalde de Gracias, por lo que procedieron a asegurar algunas propiedades del imputado, quien decidió entregarse a la DEA porque estaba siendo buscado por comandos armados para ser asesinado porque tiene mucha información que podría comprometer incluso al jefe del régimen nacionalista.

La quita de propiedades a Cubeta, según el Ministerio Público, se realizó mediante allanamientos, inspecciones de negocios y el aseguramiento de cinco bienes situados en Lempira, Intibucá y Copán; asimismo, le intervinieron alrededor de tres sociedades mercantiles y 13 vehículos.

Según la fiscalía, se “abrió denuncia de oficio en fecha 24 de enero de 2019, una vez que fue publicitada la acusación presentada contra dicho ciudadano en EE.UU. por delitos de narcotráfico en virtud de no existir antecedentes”.

“Se realizó la identificación patrimonial del investigado y su núcleo familiar y de negocios, encontrándose bienes que fueron adquiridos en el período de tiempo que es señalado en la acusación respecto a sus actividades de narcotráfico, razón por la cual con fundamento en la Ley especial contra el lavado de activos y la Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito se ejercen acciones a fin de preservar la disponibilidad de los activos que se presumen ilícitos”, dijo el organismo en un comunicado.

Al respecto, el actual ocupante del palacio José Cecilio del Valle fue mencionado en fecha reciente ante un tribunal federal neoyorquino por el exalcalde de la comunidad copaneca de El Paraíso, Alexander Chande Ardón, de recibir alrededor de 1.5 millones de dólares para financiar la campaña electoral de 2013.

MOSCÚ, RUSIA

(Spútnik) Unas 5.000 personas han sido evacuadas hasta el momento por el incendio que azota a varios municipios de la isla española de Gran Canaria, informaron las autoridades locales.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció que «el incendio sigue sin control y que a las 6 de la tarde (del 18 de agosto) se habían visto afectadas unas 3.400 hectáreas», o 34 kilómetros cuadrados, informó en un tuit el departamento de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

«Desde el inicio del incendio se han evacuado 5.000 personas de 7 municipios», se agrega.

​La autoridades advierten que «la fuerza del incendio indica que durante la noche se llevarán a cabo nuevas evacuaciones».

Se informa que participaron en las labores de extinción «12 medios aéreos a los que mañana se sumarán dos nuevos hidroaviones».

El incendio se inició el 17 de agosto en el Barranco del Andén en el municipio de Valleseco, y se ve complicado por unas condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas de cerca de 40 grados centígrados y los vientos superiores a los 30 kilómetros.

Se trata del tercer incendio en una semana en Gran Canaria.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) La Policía Nacional de Honduras investiga los disturbios previos al partido de fútbol entre los clubes Olimpia y Motagua, que dejaron cuatro muertos y numerosos heridos, entre ellos varios jugadores, reportaron medios locales.

«A través de la Dirección Policial de Investigaciones se están documentando los expedientes para determinar la identidad de los responsables de estos actos condenables», afirmó el subcomisionado policial Raúl Martínez en un programa especial del canal Televicentro.

Varios dirigentes de la corporación policial analizaron el incidente desatado el sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, cuando integrantes de Ultrafiel, la barra brava del Olimpia, atacaron al bus donde llegaban los jugadores del Motagua para el clásico capitalino, suspendido a la postre.

«Cada institución debe asumir su responsabilidad, incluyéndonos como ente de Seguridad, para evitar que estos eventos lamentables se repitan», admitió el también sub-comisionado Atilio Pineda, tras confirmarse la muerte de un cuarto aficionado en los enfrentamientos entre hinchas que sucedieron a la agresión al ómnibus.

La Policía insistió en su recomendación de cambiar la hora de los llamados «clásicos», partidos de marcada rivalidad, para evitar conflictos durante la noche.

​Los fallecidos fueron identificados como Carlos Fernando Alvarado, Jeferson Banegas, Steven Martínez y David Antonio Zepeda, en tanto los jugadores Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier, Matías Galvaliz y Roberto Moreira sufrieron heridas por los botellazos y piedras lanzadas contra el ómnibus de las llamadas «Águilas Azules».

La directiva del Motagua decidió regresar al hotel donde se concentraba el club ante la inseguridad en el estadio, donde los jugadores del Olimpia salieron a la cancha en un gesto criticado, para garantizar los puntos ante la no presentación de sus rivales.

Las fuerzas antimotines dispersaron la trifulca entre hinchas de ambos clubes con gases lacrimógenos, y un individuo de 20 años de edad, presunto seguidor del Motagua, fue detenido con un revólver calibre 38 y una «chimba», pistola de fabricación casera.

«Motagua no juega hoy, lástima por el fútbol. El juego más esperado del año, no se puede así, hay desesperación en el vecino, calma, solo es fútbol. El presidente de la liga no contesta llamadas», denunció el presidente del club atacado, Eduardo Atala, en su cuenta de Twitter.

Los incidentes se dieron pese a los cinco anillos de seguridad desplegados por la Policía alrededor del estadio Tiburcio Carias Andino, de la capital hondureña.