Thursday, Aug 22, 2019
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CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

(Spútnik) La organización no gubernamental Acción Ciudadana denunció a los ministros guatemaltecos Sandra Jovel y Enrique Antonio Deguenhart por «desobediencia y abuso de autoridad» al retirar a los agentes policiales de la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

«Los señalados, haciendo caso omiso del amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) (…) tomaron acciones que desembocaron en el retiro de los agentes policiales encargados de la protección de esa entidad, así como de las armas registradas a su favor», sostuvo Acción Ciudadana en un comunicado que fue publicado en su cuenta de Twitter.

Además de Jovel y Deguenhart, la organización denunció al director general de Control de Armas y Municiones, Sergio Antonio Carías Barrera, y al director general de la Policía Nacional Civil, Carlos Tohom Escobar.

El Ministerio Público debió actuar de oficio contra los funcionarios que desobedecieron las órdenes de la CC, pero la reacción de la fiscal general Consuelo Porras fue «pasiva», consideró Acción Ciudadana.

«Asimismo, hacemos un llamado a todos los funcionarios públicos a no obedecer órdenes ilegales de sus superiores, pues ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito», agregó.

El 24 de enero la Cicig anunció que el Gobierno de Guatemala retiró a la policía que custodiaba su sede.

A pesar de esta situación, dicha organización afirmó que continuará trabajando en el país hasta septiembre de este año como fue acordado inicialmente entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 7 de enero, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo en conferencia de prensa que su Gobierno decidió poner fin en 24 horas al acuerdo con la ONU que creó la Cicig debido a que la comisión incurrió en supuestas violaciones contra los derechos humanos.

En respuesta, la CC otorgó el 9 de enero un amparo provisional que congeló la decisión del Gobierno de suspender en forma anticipada el mandato de la Cicig.

La comisión ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusó junto con la fiscalía de financiamiento electoral ilícito.

WASHINGTON, EE.UU.

(Spútnik) EE.UU. ha impuesto sanciones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.

«Hoy (…) estamos anunciando sanciones contra Petróleos de Venezuela, S.A. o PDVSA como se le conoce por sus siglas en español, el monopolio estatal de petróleo», dijo el asesor de seguridad nacional John Bolton en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Por su parte, el senador Marco Rubio también se pronunció sobre el tema.

«El petróleo pertenece al pueblo venezolano y, por lo tanto, el dinero que PDVSA obtiene de su exportación ahora será devuelto al pueblo a través de su Gobierno constitucional legítimo», dijo Rubio.

Rubio también dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado los ingresos del petróleo para «comprar y mantener» el apoyo de los líderes militares del país.

El comunicado de Rubio fue divulgado pocos minutos antes de que EEUU anunciara la decisión de bloquear 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA y de que el pago por la compra de petróleo venezolano por parte de compañías del país norteamericano irá a la cuenta bloqueada.

Además, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijo en rueda de prensa que el dinero de todas las compras de petróleo venezolano que hagan empresas estadounidenses irá a cuentas bloqueadas.

«Con vigencia inmediata, todas las compras de petróleo venezolano por entidades estadounidenses, ese dinero tendrá que ir a cuentas bloqueadas», sostuvo Mnuchin.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ejecutivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)  denunciaron este lunes ante la Comisión Para la Defensa  y Promoción de Competencia (CDPC) una serie de  irregularidades que ha cometido Coalianza que violentan la libre competencia.

Según Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Cohep, Coalianza está generando un descontendo entre inversionistas debido al incumplimiento de contratos.

«Hemos presentado la denuncia orientada a garantizar la libre competencia y esto va orientado en un proceso que se ha abierto, un caso particular que tiene que ver con la concesión del puerto de San Lorenzo”, denunció.

Respecto a este punto, explicó que dos empresas extranjeras están interesadas en desarrollar el proyecto de modernización y desarrollo de la terminal de San Lorenzo, sin embargo una de las empresas ya opera en un puerto de Honduras estaría monopolizando los puertos y está poniendo en riesgo la seguridad jurídica.

Coalianza recibió una propuesta de iniciativa privada para desarrollar el proyecto que como señala la ley; si la iniciativa privada no presenta competencias puede adjudicarse de manera directa, pero esta institución señalada en varias ocasiones “por hacer negocios turbios tenemos conocimiento  que en este proyecto también quiere hacer prácticas anticompetitivas”

Añadió que “nos preocupa que Coalianza esté dilatando los procesos, que tiene otros contratos y que no hay respeto a la institucionalidad. Lo que andamos promoviendo dentro y fuera del país es que invirtamos, pero bajo qué condiciones, ya hay otras instancias que se han quejado por incumplimientos de contratos».

«Cuál es la imagen país que se está dando, de inseguridad jurídica de que en Honduras no se respeta los contratos”, sentenció.