Home2020enero (Page 2)

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El secretario del Legislativo, Tomás Zambrano, indicó el viernes que el Congreso «debe aprobar» los acuerdos relacionados con la MACCIH, independientemente se reforme o no su base legal.

A pocas horas que se emita el anuncio sobre el futuro de la misión anticorrupción de la OEA, el legislador consideró que los tratados que firme el Ejecutivo «para su ratificación, es necesaria siempre la previa aprobación del Congreso Nacional, tal como lo establece el artículo 16 de la Constitución, por lo que aunque el actual convenio que da vida a la MACCIH, se amplíe tal como está, debe llegar al Poder Legislativo para su aprobación».

Dejó claro que en el caso de los tratados internacionales son refrendados por el titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández.

Por su parte, el vicepresidente de la cámara, Antonio Rivera, señaló que si Hernández decide ampliar la vigencia del acuerdo, sin realizar ningún cambio, «no es cierto que con un simple intercambio de notas entre Cancillería y la OEA es suficiente».

“La Constitución es clara en el artículo 16, todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo y el artículo 205 constitcional señala que corresponde al Congreso Nacional aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado”, añadió.

La reacción surge luego que la Procuraduría General de la República (PGR) emitiera una opinión respecto al mandato de la MACCIH ya que la misma deberá ir al Congreso para su total implementación.

(Por Víctor Meza) ¡Año nuevo, vida nueva! suele decir alguna gente cada vez que comienza el nuevo calendario. Es una forma de manifestar un discreto optimismo, una cautelosa esperanza, confiados en que las cosas irán mejor y que el nuevo año nos dará más y mejores oportunidades de vida. Soñar, en este caso, no cuesta mucho.

Lo cierto es que, en el caso concreto de nuestro país, no se puede afirmar, sin hacer concesiones a la falsa ilusión, que haya razones suficientes para ser demasiado optimista. El clima que prevalece, tanto a nivel social como económico y político, es uno de incertidumbre y duda. La confusión es la norma, mientras la certeza es la excepción. Muchos son los que dicen no saber lo que va a pasar, a la vez que están convencidos  de que algo debe pasar.

En semejantes circunstancias no es fácil mantener el optimismo. La mayoría de nuestros compatriotas espera, con paciencia bíblica, que se produzca un cambio y nuevos aires soplen sobre estas honduras, cada vez más profundas y peligrosas. La gente desea el cambio, aunque no siempre esté convencida de su posibilidad real. Las convicciones se debilitan con el tiempo, dando paso a nuevas dudas y viejas vacilaciones.

El pesimismo colectivo se traduce en desconfianza o indiferencia, favoreciendo así, sin proponérselo, las ambiciones de poder y la certeza de fuerza que rodean y envuelven al grupo gobernante. No hay espacio más favorable para un gobierno autoritario e ilegítimo que la indiferencia colectiva. El desentendimiento de la gente, su desafección política y el desencanto democrático,  son factores negativos que favorecen la consolidación del régimen y su afán expansionista y concentrador.

Los líderes de la llamada oposición política están obligados a hacer la lectura correcta de estos síntomas sociales. Deben saber captar el descontento que se esconde tras la duda y el desánimo de los ciudadanos, escudriñar y entender los hilos profundos del rechazo y el descreimiento. Para que el cambio se produzca, la gente tiene que  creer que no solo es necesario, sino que también es posible. Y así, necesidad y posibilidad, se vuelven fuentes de energía social y generan dinámica política transformadora.

La unidad de los opositores es condición básica para que el cambio sea posible, pero no es una unidad cualquiera, concebida solamente para el momento del reparto de las cuotas de poder y de  las casillas presupuestarias. Debe ser una unidad para enfrentar al régimen autoritario e ilegal que ha desfigurado el rostro republicano de la patria. Unidad en torno a la reconstrucción institucional de Honduras para devolverle al país su condición de república y su Estado de derecho. Por lo tanto, debe ser una unidad para destruir y reconstruir, es decir para acabar con el régimen autoritario e ilegal,  nacido de la violación a la ley y del fraude electoral, al mismo tiempo que para construir y reconstruir las estructuras institucionales tan vulneradas de nuestro país.

La tarea, pues, es de doble naturaleza pero de esencia dialéctica. Destruir para volver a edificar; reformar para reconstruir; cambiar para avanzar. Honduras necesita incorporarse a las corrientes de modernidad y democracia que recorren buena parte de nuestro continente. Es hora ya de abandonar la política de subordinación y entreguismo que ahora se practica con absoluta impunidad y cinismo. Es hora de lavar el rostro de la patria eliminando las redes delincuenciales del crimen organizado, que han cooptado buena parte de la estructura estatal y nos exhiben ante los ojos del mundo como un Estado degradado, a punto ya de convertirse definitivamente en un régimen tan nauseabundo como fallido.

Estas son algunas de las tareas que tenemos por delante. Si logramos cumplirlas, aunque sea parcialmente, tendremos buenas razones para creer que el nuevo año significa también vida nueva

SANTIAGO DE CHILE, CHILE

(Sputnik) El Gobierno de Chile decretó zona de catástrofe en la ciudad de Valparaíso (centro) para continuar rápidamente con la reconstrucción de la zona tras el incendio forestal que afectó al lugar el mes pasado.

«El Gobierno ha determinado que se va a decretar zona de catástrofe en Valparaíso para poder agilizar aún más el proceso de reconstrucción tras el incendio», señaló el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en una conferencia de prensa.

Este decreto le otorga facultades especiales a las autoridades locales para poder coordinar con menos burocracia la ejecución de programas de reparación para las zonas que se vieron afectadas por el fuego, sobre todo para la reconstrucción de viviendas.

La medida, según explicó el ministro, fue conversada con pobladores de la ciudad y los parlamentarios representantes de la zona.

El incendio ocurrido el pasado 24 de diciembre afectó cerca de 100 hectáreas de vegetación, y además alcanzó partes pobladas, consumiendo 245 casas y dejando a unas 1.000 personas damnificadas.