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MOSCÚ, RUSIA

(Sputnik) Washington tiene en la mira 52 blancos en Irán que serán atacados «rápida y fuertemente» en caso de agresión iraní contra ciudadanos o bienes de Estados Unidos, advirtió el presidente Donald Trump.

«Que esto sirva como advertencia de que si Irán ataca a estadounidenses o propiedades de EEUU, hemos puesto en la mira 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos blancos, y el propio Irán, serán golpeados muy rápido y muy fuertemente. ¡EEUU no quiere más amenazas!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario afirmó que Irán «está hablando muy duro de atacar ciertas propiedades de EEUU como venganza por librar al mundo de su líder terrorista quién recientemente había asesinado a un estadounidense y herido de gravedad a muchos más, por no mencionar a todas las personas que había asesinado durante su vida, incluidos, recientemente, centenares de manifestantes iraníes», en referencia al general iraní Qasem Soleimani, quien murió el viernes pasado en un ataque aéreo ordenado por Trump.

«Él ya estaba atacando a nuestra embajada y preparándose para ataques adicionales en otros lugares. Irán no ha sido nada más que problemas durante muchos años», declaró el presidente de EEUU.

La tensión en Oriente Medio aumentó después de que el general Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, muriera en un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos el 3 de enero cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, por orden del presidente Donald Trump.

Junto con Soleimani fallecieron varios altos cargos de la coalición paramilitar iraquí Unidades de Movilización Popular (Al Hashd al Shaabi), incluido el vicejefe la coalición, Abu Mahdi al Muhandis.

El Pentágono declaró que la operación se llevó a cabo «para proteger al personal de EEUU en el extranjero» y tenía como objetivo impedir «futuros planes de ataque» por parte de Irán.

Washington considera que Soleimani está implicado en los ataques contra las bases de la coalición en Irak y contra la embajada estadounidense en Bagdad.

Irán expresó una enérgica protesta por las acciones de EEUU y prometió dar «una respuesta contundente» al ataque contra el general Soleimani, que calificó de acto de terrorismo internacional.

QUITO, ECUADOR

(Sputnik) La jueza Daniella Camacho llamó a juicio al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y a 20 personas más en el caso que investiga presuntos aportes irregulares a su movimiento político.

«Veintiún personas son llamadas a juicio y tres son sobreseídos; la jueza Daniella Camacho informó su decisión una vez analizados los elementos de convicción presentados durante la audiencia», dijo en la noche del 3 de enero la Fiscalía General del Estado.

La decisión de la jueza se dio tras más de 10 horas de audiencia que se realizó en Quito, en la Corte Nacional de Justicia.

En la audiencia del 3 de enero, la jueza Camacho también llamó a juicio a Jorge Glas, exvicepresidente de Correa (actualmente en prisión por corrupción relacionada con la empresa Odebrecht), otros altos funcionarios de su gobierno y empresarios privados, procesados en el caso conocido como «Sobornos 2012-2016».

Los procesados fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de formar parte de una estructura entre funcionarios del Estado y empresarios para la entrega de sobornos, a cambio de contratos de obra pública.

Correa y Glas fueron llamados a juicio como autores del delito de cohecho, sancionado en el Código Penal con penas de entre a uno y siete años de cárcel.

Según dijo la Fiscalía de la Nación, funcionarios del gobierno de Correa habrían recibido dinero de empresarios para asegurar contratos con el Estado, y esos recursos presuntamente habrían sido usados por Alianza País, en ese entonces movimiento político de Correa, para solventar gastos de la Presidencia, organizar convenciones, fiestas y otros actos de proselitismo político.

El Procurador del Estado, Iñigo Salvador, afirmó durante el proceso que la «sofisticada estructura de corrupción» fue diseñada, dirigida y utilizada desde la presidencia, vicepresidencia y Ministerios de la República, utilizando sus instalaciones y recursos, para canalizar y administrar sobornos recibidos de empresarios privados, a cambio de los contratos de obra pública.

Salvador pide una indemnización de 23,3 millones de dólares para el Estado.
Durante las audiencias preparatorias del juicio se afirmó que dentro del esquema de corrupción se utilizaban códigos secretos, ocultamiento de identidades, cruce de facturas; el dinero era entregado en efectivo para evadir controles, y los fondos provenientes de los sobornos destinados a actividades de política electoral no fueron reportados a la autoridad de control.

En el caso ‘Sobornos 2012-2016’, se presentaron como pruebas detalles de las facturas, las empresas y los aportes efectuados al movimiento político Alianza País (en la época el movimiento político de Correa) a cambio de contratos con el Estado.

Las acusaciones son negadas por el expresidente Correa y sus exfuncionarios, que aseguran que hay una persecución política en su contra.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El dirigente político y abogado, Antonio García, advirtió que hay un “plan macabro”, de parte del Ejecutivo nacionalista en torno a la renovación del convenio de la MACCIH o la posibilidad de firmar una nueva iniciativa con la Organización de Estados Americanos (OEA).

García dijo “es un plan macabro del gobierno, porque por un lado dice haremos una súper MACCIH, la vamos a mejorar en base a lecciones aprendidas, para que sea más eficaz, esa es la justificación, pero al haber un nuevo acuerdo obliga, según el ordenamiento jurídico de Honduras que vaya de nuevo al Congreso Nacional, porque sería algo diferente y lo que firme o negocie el Ejecutivo, debe ser ratificado por el Legislativo, por ser un acuerdo internacional”.

En este sentido, “al final el Congreso va a matar a la MACCIH y el presidente dirá que si quería a la Misión, pero que es respetuoso del ordenamiento jurídico de Honduras”.

Por tanto, García señaló si se firma la prórroga de la iniciativa anticorrupción de la OEA y la misma se fortalece, la Cámara Legislativa no la va a probar, y si podría pasar con condiciones, como tener que respetar la confidencialidad de las investigaciones, o que el gobierno determine que investigará y que no, por lo que respondería a los grandes retos del país.

Concluyó que avizora protestas en torno a cuatro eventos que se podrían dar este mes, como la salida de la MACCIH, la sentencia de Tony Hernández en Nueva York, el aniversario del régimen de Juan Orlando Hernández y la no aprobación de las reformas electorales.