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MONTEVIDEO, URUGUAY

(Sputnik) EEUU y Reino Unido deben retirar los cargos y suspender la extradición contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reclamó la organización Amnistía Internacional.

«Julian Assange no debe ser extraditado a EEUU pues de ser trasladado a ese país corre riesgos de violación de derechos humanos. Las autoridades estadounidenses deben retirar los cargos de espionaje y otros que pesan sobre él y, además, Assange debe ser puesto en libertad de inmediato», afirmó Amnistía Internacional en un comunicado.

El juicio de extradición contra Assange, quien se encuentra preso en Londres, comenzará el lunes 24 de febrero, con una primera fase centrada en argumentos legales y una exposición general de los casos de ambas partes.

Assange está acusado por EEUU de 18 delitos, la mayoría por violaciones a la ley de espionaje, luego de que filtrara miles de documentos clasificados sobre las operaciones del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

Amnistía Internacional afirmó que si no se retiran los cargos contra el ciberactivista, Reino Unido debe garantizar que Julian Assange no será extraditado a EEUU.

«Existe un riesgo real de que sea sometido a torturas, malos tratos y también a un juicio sin garantías dada la campaña pública contra él por parte de autoridades estadounidenses de más alto nivel, que ha dañado gravemente su derecho a la presunción de inocencia», agregó.

La organización sostuvo que el Gobierno de EEUU realizó una «implacable persecución» contra Assange por la publicación de documentos sobre crímenes de guerra, lo que significa «un ataque en toda regla al derecho a la libertad de expresión».

La organización advirtió también sobre el efecto amedrentador que puede tener este caso sobre los profesionales de los medios de comunicación y quienes denuncian actuaciones gubernamentales.

«Según el análisis de Amnistía Internacional, los cargos contra Assange se deben exclusivamente a la publicación de documentos a los que tuvo acceso por su trabajo en Wikileaks. Esta actividad, en sí misma, es un reflejo del trabajo que de forma habitual realizan los periodistas de investigación en el ejercicio de su profesión, y no debería castigarse», agregó.

El activista se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres en 2012, tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para interrogarlo por presuntos delitos sexuales.

Ecuador anuló el asilo al ciberactivista australiano el pasado 11 de abril, y este fue inmediatamente encarcelado por la Justicia del Reino Unido, que lo requería por haber violado las condiciones de su libertad provisional en 2012.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Sputnik) El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), aseguró que la inhabilitación dictada en la víspera por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de su país, que le impide ser candidato a senador en las próximas elecciones, obedece a una orden desde EEUU.

«No quieren que vuelva a Bolivia; es instrucción de EEUU», afirmó el exmandatario durante una rueda de prensa desde Buenos Aires.

El TSE de Bolivia resolvió en la noche del 20 de febrero inhabilitar la candidatura del exmandatario para una banca de senador por el estado de Cochabamba (centro) en las elecciones nacionales que se realizarán el 3 de mayo.

«Esta inhabilitación es otro error jurídico, un atentado a la democracia, porque tienen miedo a la democracia», consideró Morales, quien estuvo acompañado del exjuez de la Corte Suprema argentina, Raúl Zaffaroni, y del abogado Gustavo Ferreyra, que lo asisten como representantes legales.

Los miembros del tribunal «no están garantizando una elección limpia y transparente y se someten a la dictadura y a las políticas norteamericanas», insistió el expresidente.

«Me obligan a no ser candidato en estas elecciones, yo acepté; aprobaron una ley ilegal e inconstitucional que me inhabilita como candidato a presidente, acepto; y ahora, me inhabilitan como candidato a senador», resumió Morales.

El derrocado presidente fue inhabilitado porque «carece de residencia inmediata en los dos años anteriores a su postulación», dijo por su parte Ferreyra.

El abogado añadió que la inhabilitación contradice los postulados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los derechos humanos.

El propio Tribunal Constitucional atendió el reclamo de una candidatura opositora durante la gestión de Morales, en la que estableció que si bien el requisito de la residencia «es un principio general, se debe tener en cuenta que la persona por fuerzas legales o razones de fuerza mayor no esté en el país, de modo que no podría considerarse que la residencia hubiese sido objeto de un proceso de intermitencia».

Ferreyra aconsejará a Morales, por lo tanto, a «acudir a todas las instancias nacionales e internacionales en procura de la defensa de sus derechos, y que presente los recursos dentro de Bolivia aun a sabiendas de que hay autoridades de facto y a sabiendas de sus lineamientos».

Zaffaroni, Ferreyra y el juez español Baltasar Garzón, emitieron un comunicado en el que sostienen que «Evo Morales reúne todos los requisitos jurídicos para ser candidato a senador por el departamento de Cochabamba».

El exmandatario, que tras el golpe de Estado de noviembre se vio forzado al exilio, primero en México y luego en Argentina en calidad de refugiado, fue inscrito por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) como candidato al Senado por el departamento de Cochabamba.

El MAS se ha declarado en emergencia en defensa de sus candidatos, al tiempo que el presidenciable Luis Arce denunció en Twitter que la democracia sufrirá «un golpe artero» si se consuma la inhabilitación.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El vicepresidente del Congreso, Denis Castro Bobadilla, pidió la creación de una contraloría legislativa que permita implementar mecanismos de control respecto a la aprobación de iniciativas de ley.

El alto funcionario solicitó que se «ordene la creación de la Contraloría Legislativa, órgano técnico especializado mediante el cual el Poder Legislativo ejercerá control político sobre los otros poderes del Estado e instituciones obligadas a presentarle informes y desarrollará un sistema de control legislativo, que permitirá vigilar que el proceso de estudio y aprobación de las iniciativas de ley se realice conforme lo establecido en la Constitución, Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás leyes aplicables».

En caso de ser aprobada, las funciones que ejercería el organismo sería la implementación de un control legislativo, «que permitirá verificar que el proceso de estudio y aprobación de las iniciativas de ley se realice cumpliendo con los tramites, normas y procedimientos» ya establecidos.

Asimismo, podrá diseñar y poner en funcionamiento un sistema de revisión, que permita una correcta comprobación del texto aprobado, así́ como de la fiscalización y control interno de todo el Proceso Legislativo; revisar y comprobar que un proyecto de ley o contrato transcrito corresponde con lo decidido por la asamblea.

Entre las funciones a asumir será la de evaluar la seguridad de los procedimientos y registros de las actividades legislativas; fiscalizar libros, registros y documentos, relacionados con los trámites legislativos, cuando sea necesario para la comprobación de la correcta aplicación del procedimiento.

También podrá hacer sugerencias o recomendaciones a la directiva del Congreso sobre cualquier irregularidad detectada en los procesos del conocimiento y aprobación de las iniciativas de leyes o contratos e informar en forma bimensual al pleno del Congreso Nacional sobre las tareas realizadas por la contraloría «así como reportes con datos estadísticos, de la situación de las iniciativas de ley presentadas hasta su aprobación y envío al Poder Ejecutivo».

Se buscará apoyar a los parlamentarios cuando sean requeridos por los operadores de justicia a causa de su actuación en el proceso de formación de las leyes; vigilar la conducta de los hondureños a quienes se les haya concedido permiso para aceptar cargos de otro Estado.

Otra de las atribuciones sería revisar los informes presentados por el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría del Ambiente, Ministerio Publico, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, entidades descentralizadas y demás órganos auxiliares y especiales del estado, a efecto de que el Congreso Nacional pueda aprobar o improbar su conducta administrativa, entre otros.