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BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Sputnik) El Ministerio de Salud de Argentina informó a Sputnik que son 27 los decesos que ha provocado la enfermedad respiratoria COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, en el país tras la muerte de tres mujeres en la provincia de Chaco (norte), La Rioja (noreste) y Córdoba (centro).

«Son 27», puntualizó el organismo. Una de las pacientes, una médica de 63 años, fue diagnosticada con el virus SARS-CoV-2 el 15 de marzo, cuando fue internada en una clínica privada de la capital de Chaco, Resistencia.

Según trascendió, contrajo la enfermedad al ser contacto estrecho de otro caso positivo.

Otra mujer, una médica pediatra de 52 años que fue ingresada el 22 de marzo en un establecimiento privado de La Rioja, presentó un diagnóstico de neumonía bilateral además de estar en tratamiento inmunosupresor por una patología reumática.

Por último, falleció una mujer de 89 años con antecedentes de diabetes en Córdoba.

De tal modo ascienden a 27 las víctimas mortales por el COVID-19, en un país en el que se detectaron hasta el momento 966 casos.

El subsecretario de Estrategias Sanitarias de Argentina, Alejandro Costa, informó este 31 de marzo que se amplió la definición de caso sospechoso del conoravirus.

A partir de ahora se incorpora a esta definición quien haya tenido una estadía o sea residente de un área con transmisión local o comunitaria.

Estas zonas son el área metropolitana que abarca la ciudad y parte de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe (centro-este), la ciudad de Córdoba, de Alta Gracia, de Río Cuarto en la provincia de Córdoba y Ushuaia, en la jurisdicción patagónica de Tierra del Fuego (sur).

El Ejecutivo de Alberto Fernández optó por cambiar «la definición del caso para ampliar la sensibilidad y adecuarse a la situación en la que está nuestro país», indicó la secretaria de Acceso a la Salud de Argentina, Carla Vizzoti.

Por otro lado, «el 2 de abril se cumple el primer período de incubación del virus», de modo que «vamos a poder analizar «el impacto que ha tenido la medida de distanciamiento social tan intenso que se generó en Argentina», añadió la funcionaria durante una comparecencia pública.

Los diagnósticos, que hasta el pasado 20 de marzo dependían del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos Malbrán, único laboratorio reconocido por la Organización Mundial de la Salud, comenzaron a descentralizarse a una red de 34 laboratorios de virus respiratorios que tiene el país.
En 21 de los 24 distritos del país se registra algún caso de COVID-19.

El presidente Alberto Fernández anunció el 29 de marzo que se extenderá hasta el 12 de abril la cuarentena por el COVID-19 en el país, vigente desde el 20 de marzo previo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A nueve se elevó la cantidad de fallecidos producto del coronavirus, luego que dos personas perdieran la vida por la enfermedad, según un boletín emitido el martes por el Sistema Nacional de Riesgos (Sinager).

Uno de los decesos ocurrió en el hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la capital y el segundo en el centro asistencial sampedrano Leonardo Martínez.

La primera víctima se encontraba en terapia intensiva, mientras que el segundo tenía una edad de 46 años y originario del occidental departamento de Lempira, pues murió por el patógeno y padecía diabetes.

El paciente que estuvo interno en el IHSS, según Sinager, visitó las localidades de San Pedro Sula y Villanueva, por lo que en ambos lugares pudo contraer la enfermedad.

Hasta ahora, Honduras presenta 141 casos positivos del SARS CoV2, mientras que tres personas se curaron y están bajo seguimiento médico.

Algunos especialistas prevén que abril será un mes crítico porque se registraría un dramático incremento en los casos que podrían rebasar la capacidad hospitalaria.

El Ejecutivo nacionalista prolongó el estado de sitio hasta el próximo 13 de abril, aunque podría prolongarse ante la previsión de escenarios relacionados con el coronavirus.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El trabajo periodístico de Radio Globo ConfidencialHN está siendo obstaculizado por funcionarios del Ejecutivo nacionalista al impedir la libre locomoción en la cobertura de la actual emergencia provocada por el coronavirus.

Desde el inicio de la crisis, las fuerzas de seguridad y defensa han pretendido frustrar que el personal logre efectuar su trabajo, pues suelen ser retenidos en los retenes policiales y militares ya que no portan un salvoconducto emitido por las autoridades; tanto la secretaria de Desarrollo Económico,  María Antonia Rivera y el secretario de Trabajo, Carlos Madero, han incurrido en manifiesta negligencia al no colaborar con las solicitudes de ambos medios.

De hecho, en dos ocasiones se giraron las solicitudes correspondientes a Madero, responsable de la emisión de los salvoconductos, sin embargo, a la fecha, ha hecho caso omiso, por lo que está bloqueando de manera aviesa la circulación de los periodistas de ambos medios.

Al respecto, el pasado 17 de marzo hubo comunicación con Madero, a quien se le pidió un correo electrónico para remtirle el listado del personal asignado a sus respectivas fuentes informativas, periodistas de estudio y personal técnico, no obstante, dijo que la solicitud fuera remitida de inmediato a su número personal de WhatsApp y jamás notificó instrucciones sobre la entrega de los salvoconductos.

A pesar de ello, los periodistas, en su afán de informar a la sociedad, siguieron transitando por las calles de la ciudad, siendo sujetos de detenciones por funcionarios policiales y militares, quienes posteriormente dejaban irlos en medio de reproches al trabajo que efectúan.

Posteriormente, el 24 de marzo, cuando el Ejecutivo determinó endurecer la emisión de los salvoconductos, hubo otra comunicación directa con el secretario Madero y se le volvió a solicitar la emisión del referido documento para facilitar la labor informativa, su respuesta fue el silencio. Ante la negativa de resolver la petición, se le llamó a su número personal y apenas hubo dos impulsos, ya que el funcionario optó por cortar la llamada y desviarla al buzón de voz, para no verse comprometido en la conclusión de la diligencia que realizaron Radio Globo y ConfidencialHN en tiempo y forma.

Este periódico se abocó al portavoz policial Jair Meza para buscar una solución al impasse generado por la restricción a la circulación del equipo periodístico y se limitó a decir que la Secretaría de Seguridad no podía hacer nada al respecto porque esa función fue encomendada a Rivera, Madero y al general Julián Pacheco.

Dijo a los representantes del medio que debían bajar la aplicación del Registro Nacional de las Personas (RNP) para constatar si los reporteros tenían el visto bueno, por lo que se procedió a seguir la instrucción: ninguno de los comunicadores fue registrado por Madero en la plataforma, dejándolos expuestos a ser sujetos de detenciones ilegales y vejaciones a sus derechos.

Esta irresponsabilidad cometida por Madero ha hecho que el equipo de prensa de los dos medios informativos estén expuestos a ser detenidos por la fuerza pública porque no se sujetan a las duras normas diseñadas por Juan Orlando Hernández y reducir a la mínima expresión la capacidad humana y logística para no verse incomodado por las denuncias de corrupción que han surgido en el contexto de la emergencia del coronavirus.

Radio Globo y ConfidencialHN han venido padeciendo acoso y perseución por el actual Ejecutivo nacionalista que dirige Hernández ya que ha puesto al descubierto masivos actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada, que ha valido incluso el encierro ilegal del director del medio David Romero, quien cumplió un año confinado en una unidad militar.

El trabajo de auditoría social y periodismo de investigación ha incomodado a los altos funcionarios del orlandismo, por lo que se han empeñado en bloquear cualquier labor que realicen los periodistas en sus coberturas cotidianas.

Estos abusos, que datan desde hace más de una década, han sido documentados por organismos como la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como entidades nacionales, entre ellas, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y Ciprodeh.

En el caso de Ciprodeh, ha venido dando seguimiento a las vulneraciones a la libertad de expresión y documentando los abusos de las autoridades, a fin de informar a órganos internacionales de cómo se persigue a la prensa crítica a las políticas estatales de Hernández.