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SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Sputnik) Una radioemisora de Nicaragua divulgó datos sobre un presunto plan diseñado y financiado por EEUU para realizar un golpe de Estado ante la eventual reelección de Daniel Ortega en 2021.

«El plan contempla la contratación de una empresa, en este caso de EEUU, para que se encargue del orden público en Nicaragua, la que ejecutará acciones vandálicas para llevar a cabo un nuevo golpe de estado antes, durante o después del 2021», divulgó el programa Sin Fronteras, de radio La Primerísima.

Según el documento compartido por La Primerísima en su web oficial, el plan recibirá fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), en colaboración con su filial estadounidense (Usaid) y utilizará a la sociedad civil de Nicaragua.

El texto, cuyo emisor no es precisado, establece tres escenarios para una denominada «transición democrática en Nicaragua», desde la renuncia de Ortega tras una nueva crisis, hasta el triunfo electoral de la oposición, ya sea en comicios adelantados o en la fecha establecida (noviembre de 2021).

Para William Grigsby, director de Sin Fronteras, el documento constituye una injerencia de EEUU, pero también su admisión de que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional ganará las elecciones del próximo año.

El plan establece que, si gana la oposición en las urnas, los militantes sandinistas sean perseguidos, y la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua disueltos, así como otras instituciones.

«La oposición puede negarse a participar, o aceptar participar en desventaja, creyendo que aún puede ganar. También es posible que el Gobierno permanezca en el poder luego de reformas electorales y elecciones justas», refiere el documento.

El texto detalla que la Embajada de EEUU en Nicaragua se encargaría de ejecutar una serie de acciones diplomáticas, como la creación de una comisión para legitimar un nuevo Gobierno impuesto por un golpe de Estado.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El secretario de Estado de EE.UU., Michael Mike Pompeo, informó que están evaluando las relaciones de la Casa Blanca con el Ejecutivo nacionalista que dirige Juan Orlando Hernández, ya que tienen conocimiento de sus relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

En una sesión ordinaria ante el Congreso norteamericano y tras ser increpado por legisladores demócratas sobre las violaciones a DDHH y nexos con el crimen del ocupante del palacio José Cecilio del Valle, Pompeo señaló que conocen perfectamente lo que ocurre en Honduras.

Señaló en una frase lacónica que «estamos trabajando en eso» a la pregunta formulada por uno de los congresistas norteamericanos.

Indicó que «están exigiendo de manera constante» a los liderazgos y que no han tenido los resultados esperados por el Departamento de Estado.

Aunque quedan pocos días para que realicen las elecciones generales en EE.UU., Hernández podría ser una pieza estratégica que podría usar Donald Trump para ganar un segundo mandato, aunque deberá remontar las encuestas que dan como favorito al ex vicepresidente demócrata Joe Biden.

JOH se ha jactado de la estrecha alianza, casi sumisión, a los intereses estadounidenses en la región, en especial, en el asedio a Venezuela, la aceptación acrítica de que Honduras sea un tercer país seguro para la migración irregular, entre otros.

La Casa Blanca ha venido haciendo la vista gorda durante los últimos años respecto al cuestionado líder en sus nexos con cárteles de la droga a través de su hermano, el exjefe narco Juan Antonio Tony Hernández, quien espera ser sentenciado por un tribunal federal de Nueva York por haber trasegado cientos de toneladas de cocaína.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Un grupo de congresistas estadounidenses le hicieron saber  al secretario de Estado Michael Mike Pompeo su preocupación por el recrudecimiento en las violaciones a DDHH cometidos por el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández, en particular, la muerte del director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero.

En una carta girada por varios legisladores, entre ellos, Albio Sires, Norma Torres, Elliot Engel, Ilham Omar y James McGovern, señalaron el secuestro de un grupo de líderes garífunas, ocurrido el pasado 18 de julio, «refleja la determinación continua del poder político del país para evitar el progreso en la lucha por la igualdad de justicia».

Los legisladores plantearon en su carta que Hernández debe explicar a la comunidad internacional el papel de las fuerzas de seguridad respecto a la desaparición de los activistas sociales, así como el deceso de Romero, quien se encontraba de manera ilegal en prisión.

El jefe del Ejecutivo «tiene que responder por los ataques continuos contra líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y periodistas, incluido el reciente asesinato de un activista ambiental y la muerte de un periodista b de derecho ambiental y la muerte de un periodista bajo custodia gubernamental.

Lea la carta:

Congreso de Estados Unidos

Washington, DC 20315, 30 de julio de 2020

El Honorable Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de EE.UU.

Departamento de Estado 2201 C St. N.W. Washington, D.C.20520

Estimado Secretario Pompeo: Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el deterioro de la protección de los derechos humanos y la creciente cultura de impunidad bajo la administración del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

El reciente secuestro de cuatro líderes garífunas, según los informes, por parte de funcionarios de la policía hondureña, refleja la determinación continua del poder político del país para evitar el progreso en la lucha por la igualdad de justicia en Honduras.

Instamos a la Administración Trump a hablar sobre los esfuerzos en derechos humanos y anticorrupción en Honduras y reafirmar el interés de EE.UU. en apoyar los esfuerzos de los hondureños para construir una sociedad justa, inclusiva y democrática. En la madrugada del 18 de julio de 2020, cuatro líderes de la comunidad garífuna fueron secuestrados de sus hogares y obligaron a ir en vehículos sin identificación, a punta de pistola, por agentes vestidos con los uniformes de la Policía Nacional de Investigación (DPI).

Uno de los individuos, Alberth Snider Centeno Thomas, es presidente de la junta de la comunidad local y ya había recibido repetidas amenazas con relación con su activismo por los derechos a la tierra. La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno hondureño emitió una declaración en la que pedía la identificación de los responsables, pero las cuatro personas siguen desaparecidas y los autores siguen en libertad. Este es solo el último ataque contra la comunidad garífuna históricamente marginada. Al menos cinco líderes garífunas han sido asesinados en Honduras desde septiembre de 2019, según las Naciones Unidas, incluido Antonio Bernárdez, cuyo cuerpo fue encontrado el 19 de junio.

El gobierno hondureño debe a la comunidad internacional una explicación sobre el papel que los funcionarios estatales tuvieron en estas enormes violaciones a derechos humanos contra la comunidad garífuna, se deben garantizar investigaciones inmediatas e independientes sobre este secuestro y cada uno de los asesinatos recientes. También debe responder por los repetidos y continuos ataques contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas, incluido el reciente asesinato de un activista de derechos ambientales y la muerte de un periodista bajo custodia del gobierno. 

Estos abusos contra los derechos humanos se han producido en un contexto de creciente impunidad, gracias a una serie de contratiempos en la lucha contra la corrupción en Honduras. El 19 de enero, el presidente Hernández permitió que expirara el mandato de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). La decisión de no renovar el mandato del MACCIH se produjo después de meses de agresivo cabildeo por parte de algunos legisladores hondureños, muchos de los cuales se enfrentaron a investigaciones de corrupción, para matar al MACCIH.

La decisión no solo demostró la falta de compromiso de la Administración Hernández para combatir la corrupción, sino que también mostró un desprecio por la voluntad del pueblo hondureño, el 75% de los cuales apoyó al MACCIH. Envalentonado por su victoria contra el MACCIH, el mes pasado los legisladores hondureños ratificaron un nuevo código penal, que reduce las penas por condenas por corrupción, así como por delitos que afectan a mujeres y otras víctimas de violencia.

Estamos profundamente preocupados de que, en lugar de presionar a las autoridades hondureñas para que rindan cuentas, la Administración Trump se ha tomado fotografías con el presidente Hermández y elogia su asistencia para implementar restricciones de asilo que se basan en una orden ejecutiva que fue revocada en la corte federal de Estados Unidos. El Departamento de Estado también certificó el 7 de mayo de 2020 que el Gobierno Central de Honduras está protegiendo los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la independencia de los medios, a pesar de los tremendos acontecimientos que han demostrado lo contrario. Las expresiones de Trump de apoyo incondicional al presidente Hemández no promueven los intereses estadounidenses o hondureños en su afán para hacer de Honduras un lugar donde los hondureños puedan tener un futuro.

Como miembros del Congreso de EE.UU., creemos que, a menos y hasta que se realicen esfuerzos serios y sostenidos para erosionar la cultura de impunidad de Honduras y garantizar la igualdad de derechos y la justicia para los hondureños desesperados e históricamente marginados, continuarán un peligroso viaje hacia el norte. Es miope pensar que limitar físicamente el movimiento de los hondureños a través de órdenes ejecutivas ilegales, mientras se hace la vista gorda ante el deterioro de las condiciones que obligan a las personas a huir en primer lugar, ayudará a Estados Unidos a lograr una solución a largo plazo para el desafío de migración irregular.

Le instamos a involucrar al gobierno hondureño directamente sobre estos graves contratiempos en la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos, y volver a comprometerse a utilizar la fuerza diplomática de los Estados Unidos como una fuerza de bienestar para Honduras. 

Sinceramente, 

Albio Sires 

Presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental 

Elliot I. Engel

Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes 

Gregory W. Meeks 

Vicepresidente del subcomité para el Hemisferio Occidental 

James McGovern 

Copresidente Comisión Tom Lantos para los Derechos Humanos 

Jamie Raskin 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Joaquín Castro 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Juan Vargas

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Dean Phillips 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Adriano Espaillat 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Jim Costa 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Vicente González 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Ted Deutch 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Norma J. Torres 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Ilhan Omar 

Miembro del Congreso de EE.UU. 

Confidencial HN