Thursday, Jul 18, 2019
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Daños a la justicia

(Por Edmundo Orellana) Que los abogados defensores de los acusados criminalmente recurran a los medios de comunicación para descalificar los requerimientos judiciales del MP y las investigaciones y pericias en que estos se sustentan, demuestra la contundencia de estas diligencias.

Si no lo fueran, no acudirían a los medios de comunicación en defensa de sus clientes, aprovechándose de que los fiscales tienen prohibido, por mandato legal, defender sus casos en los medios de comunicación. Intentan vencer al MP en terrenos vedados para este.

Su condición de parte procesal vincula, indisolublemente, el actuar del fiscal al proceso. Es su deber ejercer la acción pública penal de oficio, luego de culminar la investigación y practicar los peritajes necesarios, cuidando de que los hallazgos se mantengan en reserva hasta la presentación formal del requerimiento fiscal, puesto que, de lo contrario, se alertaría a los sospechosos, quienes podrían escapar, destruir evidencias o intimidar testigos.

El defensor, por su parte, tiene prohibido, por la normativa ética que rige el ejercicio profesional, utilizar los medios de comunicación para defender a sus clientes, sin embargo, por negligencia del Colegio de Abogados, contralor moral del ejercicio de la abogacía, actúan como si esa prohibición no existiera, participando en programas de debates televisivos, en los que, curiosamente, en lugar de debatir sobre el fondo del asunto, se dedican a desacreditar a los fiscales, a los investigadores y a los peritos forenses.

Cuando argumentan, sostienen, sin entrar en detalles, que los requerimientos exhiben debilidades, que las investigaciones son insuficientes y que los peritajes carecen de profesionalismo o de técnica, alegatos idóneos para los estrados judiciales, pero no para esos programas, en donde es impertinente plantearlos, sea porque el público no entiende los tecnicismos legales o por las limitaciones de tiempo; sin embargo, logran su objetivo, porque inducen a la duda, presentando a su cliente como la víctima de un sistema deficiente y arbitrario, lo que cae en terreno fértil por la percepción que de este tiene la población.

La diferencia entre el fiscal y el defensor, como puede verse, es abismal. Este defiende a quien, culpable o inocente, pague sus honorarios y a este fin dedicará sus esfuerzos, recurriendo a cuanto medio le sea útil, incluidos golpes de efecto, tan usados en los programas de TV; el fiscal, en cambio, representa a la sociedad, a cuya protección y defensa se compromete incondicionalmente, persiguiendo al responsable del delito, identificándolo y solicitando al juez la pena prevista en la norma para el tipo de delito de que se trate. Sus actos no responden al pago de honorarios, como en el caso del defensor, sino al deber supremo de luchar contra la impunidad, y no contra el delito, responsabilidad propia de la Policía.

Acusan a los fiscales de abusar del ejercicio de la acción pública penal de oficio, pero evitan mencionar que el sistema procesal penal prevé controles a cargo de los jueces para evitar, justamente, los abusos en el ejercicio de esa acción. Tanto en la audiencia inicial como en la preliminar, el juez tiene la potestad para decidir el sobreseimiento provisional o definitivo, es decir, en dos audiencias distintas y bajo reglas diferentes, siempre que el defensor haga su papel; se ejerce, entonces, un severísimo control judicial sobre el accionar del fiscal, antes de la etapa del juicio oral y público. Suficientes controles judiciales para evitar abusos del MP.

Cuando las resoluciones de los jueces no favorecen a sus clientes, los defensores, a sabiendas de que estos también tienen prohibido defender sus fallos públicamente, también van a los medios a cuestionar esas decisiones, en la mayoría de los casos, acudiendo al manido recurso de desacreditar al tribunal, pese a que tienen a su disposición los recursos previstos en la ley para acudir a las instancias superiores, incluyendo, cuando procede, la casación, en defensa de sus clientes.

Estos debates públicos serían ilustrativos y hasta necesarios, si en los mismos participan académicos penalistas, no los abogados defensores, para analizar los casos desde la perspectiva estrictamente científico-jurídica, evitando el sesgo que, naturalmente, impone la paga del cliente. Donde sí es imperativo debatirlos es en la academia, con la participación de académicos penalistas, defensores y estudiantes, para enriquecer la cultura jurídica; práctica que no es costumbre todavía en la academia, desafortunadamente.

El sistema de justicia es, sin duda, un edificio agrietado, a cuya ruina irreversible contribuye el defensor que acude a los medios en defensa de su cliente, porque convierte en víctima al imputado y al sistema de justicia en un instrumento de perversión.

Y usted, distinguido lector, ¿qué opina?

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