TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Luego de una investigación especial a la denuncia 8010-2021-94 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), practicada a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) informe 02-2022 DPC-DCSD por el periodo comprendido del 24 de julio de 2020 al 14 de marzo de 2022, detalla que Invest-H “efectuó de manera indebida el pago de salarios (subsidios) al señor José Gustavo Boquín Suárez durante el periodo en el cual estuvo con incapacidad médica temporal”.
El TSC expone que en febrero de 2021 se concedió incapacidad médica a Boquín, según consta en el Acta N° 003-2021 emitida el 9 de febrero, tras sesión extraordinaria de la Comisión Interventora de Invest-H.
Según el TSC, el perjuicio económico al patrimonio del Estado es de 1,167,400.88. lempiras.
En el acta se deja en claro que, por su infección Covid-19, sólo los comisionados José Ernesto Leva Bulnes (presidente) y José Alberto Benítez Portillo “estarán firmando, con la finalidad que los procesos tanto internos como externos sean realizados sin ninguna demora y así procurar el funcionamiento acostumbrado de la institución”.
El auditor del Estado, relata que sostuvo una reunión con Leva Bulnes, quien manifestó la incapacidad de Boquín y que incluso fue llevado al extranjero para ser tratado y, en ese contexto, se pidió al interventor hacer llegar las incapacidades concedidas desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, con referencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Según la revisión del movimiento migratorio –desglosa el documento– proporcionado por el Instituto Nacional de Migración, se constató que el señor Boquín Suárez salió del país el 21 de febrero de 2021 con destino hacia la ciudad de México y regresó el 20 de junio de 2021 con procedencia de los Estados Unidos de América; posteriormente, salió del país el 4 de julio de 2021 con destino hacia los Estados Unidos de América y regresó el 11 de julio con procedencia de ese mismo país.
El apoderado legal de Boquín comunicó al TSC que ya contaba con las incapacidades, pero estas eran de dos clínicos privados: Hospital y Clínica San Jorge (Honduras) y del Hospital Christus Muguerza (México) y no estaban –a ese momento– refrendadas por el IHSS.
De oficio, el TSC pidió al Seguro Social que indicara “si existía algún convenio suscrito con INVEST-H respecto al pago de subsidios derivados de incapacidades temporales otorgadas”; el centro asistencial respondió mediante oficio N° 624-2022 RSPS-IHSS, que “se verificó que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) no tiene convenio suscrito con la Institución relacionado al pago de subsidios derivados de incapacidades temporales otorgadas”.
En tal sentido, el TSC concluyó que: “De acuerdo a lo antes expuesto, se determinó que el señor Boquín Suárez no desempeñó las funciones de su cargo en la Comisión Interventora de INVEST-H durante el periodo comprendido del 10 de febrero al 19 de agosto de 2021, sin embargo, se realizaron pagos de sueldo a su favor sin que existiera un convenio suscrito entre esta institución y el IHSS para hacer efectivo el pago de subsidios por concepto de incapacidades”.
Certificación
De acuerdo a una certificación emitida desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización el 22 de marzo de 2021, confirma que el exsecretario privado y exjefe de Gabinete Presidencial, Ricardo Leonel Cardona, autorizó el pago de 1,167,400.88 lempiras al entonces interventor de Invest-H, José Gustavo Boquín Suárez, mientras estaba con incapacidad médica en México, sin estar afiliado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En el documento detalla que, Boquín “se encuentra con incapacidad médica, el comisionado mantendrá los derechos inherentes a su cargo”. También se nombra en la certificación a Ricardo Alfredo Montes Nájera, subsecretario de Justicia.
Aquí el informe completo:
