El exdiputado Miguel Ángel Gámez compareció en las últimas horas voluntariamente ante un juzgado en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, occidente de Honduras, al estar acusado de fraude.
Luego de la audiencia de imputados, el juez ordenó medidas cautelares menos gravosas establecidas en el Artículo 173 del Código Proceso Penal,
Tras la resolución, Ángel Gámez estará al cuidado de su abogada defensora Doris Madrid, la que deberá cumplir informes del cumplimiento de las medidas. También el exdiputado debe presentarse al juzgado en Jesús de Otoro todos los viernes y se le prohíbe salir del país. La audiencia inicial se programó para el jueves 4 de enero de 2024.
Más temprano, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, había informado que a Gámez se le detuvo por tener una orden de captura pendiente.
Según dijo Sánchez, el congresista había sido capturado por agentes Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), pero después aclaró la situación.
“El exdiputado Gámez ya se habría presentado voluntariamente al juzgado en mención, quien libró una contra orden a la captura, para escucharlo en libertad. Situación que no fue notificada a @PoliciaHonduras. Indagaremos si hay más contra órdenes para retirar equipos”, esclareció.
La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), emitió el requerimiento fiscal contra Gamez y otros cuatro exdiputados nacionalistas: Sara Ismela Medina Galo, Gladys Bernarda Casco Cruz, Freddy Espinoza Mondragón y Carlos Roberto Guevara.
Asimismo, se señala a José Rogelio Sánchez García y Geovanny Castellanos Deras, representantes de la ONG denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (Ajopadih), la cual presuntamente habrían utilizado como medio para desviar fondos de las arcas del Congreso Nacional (CN).
Los imputados enfrentan acusaciones por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en relación con el manejo de 42.5 millones de lempiras a través del Fondo Departamental.
Los exparlamentarios según la investigación, «retiraban los fondos del CN con el supuesto fin de realizar proyectos de desarrollo social y comunitario, obras que nunca se hacían y al final el dinero retornaba a las cuentas privadas de los diputados».
Según el MP, el origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la Ajopadih, acreditadas en un periodo de seis meses.
Uno de los imputados registró su firma en las cuentas que eran de la ONG y se autoacreditó L28 millones y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre ellos la de Miguel Ángel Gamez.
Por este caso ya comparecieron Sara Medina, Carlos Guevara y Gladys Bernarda Casco, a quienes se les dictaron medidas distintas a la prisión en la audiencia inicial.
