TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, señaló que el mensaje que deja a la sociedad hondureña el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, «es claro» y debe «motivar la lucha contra la corrupción» en el país.
«El Estado de derecho es crítico para Honduras, para la democracia y para los derechos humanos. Se tiene que seguir con un compromiso fuerte de todos los sectores, enfocado en una lucha contra la corrupción», exteriorizó Shackelford.
Al consultársele cómo se puede evitar que el dinero ilícito continúe ingresando a las campañas políticas en Honduras, la representante de la ONU se refirió a la Unidad de Política Limpia.
Shackelford opinó que dicha Unidad es una institución con grandes deficiencias que «carece de dientes».
«La Unidad de Política Limpia todavía no tiene dientes, no tiene independencia, ni capacidad investigativa y ahí tenemos una gran deficiencia. Esto tiene que ser una de las prioridades de las reformas electorales pendientes», expresó.
Finalmente, detalló que lo anterior expuesto es uno de los problemas más preocupantes de cara al próximo proceso electoral.
Juicio en la recta final
El jurado del juicio contra el expresidente Hernández estuvo ayer jueves seis horas deliberando sin alcanzar un veredicto, por lo que continuará el viernes 8 de marzo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Los doce miembros del jurado solicitaron revisar los testimonios de dos personas que han testificado en el caso, el narcotraficante Alexander Ardón, preso en Estados Unidos tras entregarse en 2018, y el general Tulio Romero Palacios, que estaba encargado de la seguridad del exmandatario hondureño.
Al parecer, el jurado se interesó en las partes en que ambos declararon unos hechos que se contradecían con la versión de Hernández; concretamente, Romero Palacios dijo que tenía a su cargo la seguridad del presidente y su esposa e hijas, además de su madre y su hermano Tony Hernández (condenado a perpetuidad en EE.UU.), cuando el expresidente negó ante la Fiscalía haber proporcionado seguridad a su hermano.
En cuanto al testimonio de Ardón, se refiere a la advertencia de que él a Hernández de que el cartel de los Valle Valle pensaba asesinarlo, pero el expresidente había dicho a la Fiscalía que se enteró de esas amenazas por comunicación del FBI estadounidense.
En cualquier caso, el jurado ha debatido para terminar solicitando tiempo suplementario, pero la impresión general es que podría alcanzar un veredicto mañana viernes.
Cargos
Hernández está imputado por tres cargos: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras para la comisión del delito anterior, y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, así como su posesión.
El primer delito conlleva una pena de entre 10 años y cadena perpetua; el segundo, de 30 años a cadena perpetua, y el tercero, máxima de cadena perpetua.
En las poco más de dos semanas que ha durado el juicio (comenzó el 20 de febrero), han desfilado por el estrado varios narcotraficantes confesos que se habían entregado en Estados Unidos a cambio de beneficios penitenciarios.
