TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Luego de conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la exmagistrada Rosalinda Cruz Williams, expresó que el fallo reconoce las garantías que les fueron violentadas.
“Recibimos la sentencia con mucha alegría porque consideramos que se ha hecho justicia”, agregó la profesional del derecho, en comunicación con una cadena radial de la capital.
“La sentencia ha dado lugar a todos los derechos y garantías que nos fueron violentados al ser destituidos en diciembre de 2012”, señaló la togada, quien es uno de los cuatro magistrados que ganaron la demanda contra el Estado de Honduras.
Cruz Williams aseguró que la decisión del Congreso Nacional en ese entonces, fue una “violación flagrante del principio de separación de los Poderes del Estado”.
“Es una sentencia histórica, no sólo para Honduras, sino para América Latina porque el fallo contiene elementos que no se habían abordado en sentencias anteriores como ser el hecho que se hagan reformas legales en el sistema hondureño que proteja la institucionalidad del Estado, especialmente la independencia del Poder Judicial y la inamovilidad de los funcionarios judiciales”, dijo.
La exmagistrada exteriorizó que “esto fue un hecho histórico negativo para el Estado de Honduras, que trajo implicaciones severas para el Estado hondureño porque se empezó a desinstitucionalizar las instituciones y se violó flagrantemente el principio de separación de poderes”.
Rememoró que la destitución ocurrió el 12 de diciembre de 2012 y la denuncia se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de febrero de 2013, aun cuando habían presentado un recurso de amparo ante la CSJ, la cual fue denegada de manera ilegal y absurda.
Mencionó que luego de ser destituidos se puso en peligro sus vidas e igualmente la familia sufrió los embates de esta decisión tomada por la Cámara Legislativa.
Cruz recordó que para argumentar las destituciones el Congreso Nacional pretendió investigar los actos administrativos que realizaba la CSJ, pero raramente se escogió a la Sala de lo Constitucional, pese a que con base a la Ley del Consejo de la Judicatura esa oficina ya no tenía funciones administrativas, ya que habían sido turnadas al presidente de ese poder del Estado.
“Se dijo que estábamos atentando contra la seguridad del Estado. Había un proyecto de ley que se había aprobado en el Congreso sobre la depuración de la Policía Nacional, y nosotros encontramos que en la redacción de ese texto había una cantidad de violaciones a la Constitución de la República y contra los derechos humanos”.
Fue entonces que la Sala de lo Constitución determinó que la ley era parcialmente inconstitucional y se señalaban los artículos que violentaban la Constitución. El falló no fue por unanimidad porque hubo un voto en contra de Óscar Fernando Chinchilla, recordó.
El Congreso Nacional resolvió destituirnos de forma ilegal, no se nos permitió defendernos y tampoco se nos notificó sobre las destituciones y nos enteramos por la televisión.
Los magistrados destituidos estaban reunidos en la CSJ y pidieron hablar con el titular de ese poder, Jorge Rivera Avilés, pero se les informó que éste estaba en el Congreso. Luego fueron notificados que se retiraran porque iba un contingente de las autoridades para arrestarlos.
“Cada uno de nosotros se fue a sus casas. Seguidamente integraron la corte de tal manera que fueran de las personas que iban a aprobar nuestra destitución. Luego presentamos el recurso de reposición que tampoco tuvo ningún efecto y se nos dijo que ningún tribunal en Honduras podría fallar nuestro recurso a favor”, reveló.
Especificó que las destituciones de los cuatro magistrados tuvieron repercusiones nefastas para Honduras y siguió la remoción del Fiscal General, y la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
