viernes, diciembre 4, 2020
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Ley de confiscación de propiedades violenta Constitución hondureña

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito fue diseñado como un instrumento inquisidor para el enemigo y no para el ciudadano. Es la reflexión que hace el exjuez de sentencias, Felix Ávila, luego que el Ministerio Público confiscara la vivienda y pidiera prisión para el subcomisario de Policía José Francisco Sosa por haberse resistido a una orden judicial.

Y es que el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, cuando éste fue presidente del Legislativo, creó normas penales que toman como principio la «presunción de culpabilidad», sin bien la Constitución exige el principio de inocencia para un sospechoso hasta que no se le demuestre lo contrario.

El ciudadano debe demostrar que es inocente mientras que el Estado ya lo supone culpable y, por tanto, el afectado hace titánicos esfuerzos para demostrar que obtuvo un bien inmueble o cualquier activo de manera legal, por lo que entra en conflicto con normas constitucionales que ya establecen la presunción de inocencia.

Asimismo, las normas legales señalan que se garantiza la propiedad privada; el gobierno prefiere confiscar o «asegurar» propiedades supuestamente de origen ilícito y ordena que la expropiación se realizará con fines de utilidad pública. Por tanto, el Estado hondureño no puede confiscar bienes, según la Carta Magna.

Ávila consideró que se debe analizar si existe el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad por el oficial de Policía  ya que es una reacción natural de toda persona a oponerse a una acción forzosa por el Estado y es absurdo que el caso haya sido conocido por un juez nacional, ya que por el tipo de delito es competencia de la jurisdicción (área de cobertura) ordinaria o jueces normales.

«Al Ministerio Público le basta con que haya hecho una invstigación y determine que hay indicios que los bienes de una persona no son de origen licito para iniciar el proceso de privación de dominio por medio del aseguramiento, independientemente que tenga que incoarle un proceso penal, mucho menos esperar la declaración de culpabilidad lo que convierte esta legislación en derecho violento que va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos que sólo los Estados en situaciones de excepción las adoptan», indicó.

Por su parte, el exjuez de sentencias y responsable de la defensa pública, Dimas Echenique, explicó que el órgano jurisdiccional competente (Ministerio Público) tiene la obligación de averiguar el extremo que afirma el subcomisario Sosa que adquirió su propiedad con prestamos en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp),  «ya que la forma en que defendió su hogar se echa de ver que le cuesta».

Los jueces tienen que comprender que hay ciertas conductas humanas que si bien caben en la norma penal son dos requisitos que se deben cumplir: el requisito objetivo que es quebrantamiento de la norma y el requisito subjetivo que es lo más importante, porque lo hace si no se tiene el dolo la intención de cometer ese delito; la situación es atípica y se debe ver si se cumplen los requisitos del tipo penal, explicó Echenique.

 

2 Comentarios

  1. Estos desgraciados de este mal gobierno. Si se les antoja lo pueden dejar en la calle. Aun en contra de toda ley. Realmente aqui sólo Dios nos proteje. Porque no existe. Ley que sea respetada.

  2. Completamente deacuerdo con la valoracion juridica de los abogados. El estado esta transgrediendo las garantias constitucionales. En primer lugar el principio de presuncion de inocencia, en Honduras basta la mas minima sospecha para que el Ministerio Publico se lance como perros en caseria, tras los bienes de una persona, sin ni siquiera emprender una investigacion primero. Esto se llama represion, dictadura, este gobierno es una vil Dictatura pues sus ciudadanos estamos indefensos, no se respetan las garantias constitucionales. Solo basta estorbarle a los politicos para que te acaben la vida, porque ellos son juez y parte en todo, cuando les conviene tuercen la ley a su antojo.

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