A cambio de privilegios, Carlos Hernández y ASJ ha callado profunda corrupción en Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(PRIMERA PARTE) Las personas que dirigen la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre ellos, Carlos Hernández y otros, actuaron con negligencia al ocultar escándalos de corrupción de la Secretaría de Salud a fin de jugar con sus intereses para cumplir intereses personales y mantenerse a cualquier costo dentro de la administración pública en posiciones de confianza del actual gobierno.

La costumbre de esta oenegé de revelar irregularidades en varias dependencias gubernamentales ha permanecido con bajo perfil en esta administración del presidente Juan Orlando Hernández a fin de no “afectarlo”; en otros casos, han sido misteriosamente diligentes para justificar en el futuro persecuciones penales contra funcionarios que han sido investigados previamente por las autoridades.

En otras palabras, la ASJ sabe para qué sirve la información, por lo que suele impresionar y presionar a los tomadores de decisiones para que estén dentro de la denominada argolla; caso contrario, las denuncias por ilícitos serán muchas y reclamarán a los operadores de justicia que procedan y apresen a los involucrados.

El organismo, reconocido hace varios años por defender los derechos de los segmentos más vulnerables de la sociedad, ha optado por mantener bajo el tapete la información que pudiera comprometer al Estado, con tal de integrar cuanta comisión interventora o mantener un alto protagonismo en defensa de los intereses particulares, por lo que su función se está reduciendo a una finísima oficina de relaciones públicas.

Una investigación de este periódico confirma que esta organización tuvo una activa participación durante 2013 en varias intervenciones en la Secretaría de Salud, precisamente, en el Almacén Central de Medicamentos para recolectar la información afín a sus intereses y se dedicaron a “monitorear” a los funcionarios para denunciarlos en el momento que incurrieran en irregularidades, pero esa función mermó desde que Hernández y Omar Rivera fueron incluidos por el presidente Juan Orlando Hernández en la junta interventora policial.

Este periódico encontró un documento presentado el 30 de julio de 2015 por la ASJ, el cual fue calificado de “novedoso”, denominado Sistematización de las compras y contrataciones realizadas en el marco del fideicomiso de administración para la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico, insecticidas e insumos suscrito en 2014 por la Secretaría de Salud y Banco de Occidente en el cual hay graves falencias, a pesar de que fue aprobado por el presidente Juan Orlando Hernández y que erradicaría para siempre cualquier denuncia de corrupción en Salud.

Este informe discreto contendría la fórmula mágica para evitar cualquier ilícito durante el proceso de adquisición de medicamentos y equipos quirúrgicos, pero no se ha cumplido en su totalidad; tampoco fue hecho público ya que supondría un duro golpe al presidente y su jefa de Salud, Yolani Batres y las consecuencias serían nefastas a la vista de los organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios a Proyectos (UNOPS, en inglés) y otros entes que vigilan el proceso de compra, almacenamiento y distribución de fármacos.

Pues resulta que el ocultamiento -y encubrimiento de la corrupción pública- del informe preparado por la ASJ hace varios años derivó en la profundización de la crisis en el sistema sanitario nacional ya que los hallazgos, resultados y conclusiones que debieron ser presentadas al público, permanecieron engavetados en virtud que la dirigencia oenegeísta se decantó por los beneficios dados por el Ejecutivo, quien emprendió una sutil campaña para silenciar voces críticas que manifestaran cómo se degradó el esquema que sigue provocando cuantiosas pérdidas de vidas humanas.

La organización decidió pasar por alto cualquier acusación contra Batres y uno de sus colaboradores, identicado como José María Deras, jefe de la Unidad de Logística, a quien se lo sindica en el vencimiento doloso de fármacos por más de 20 millones de lempiras y cuyo caso no ha sido abordado por las autoridades a fin de deducir responsabilidades civiles y penales.

También se determinó a que algunos proveedores de insecticidas no se les exige un análisis de calidad del producto cuando debería ser una norma ya que sería aplicado para contrarrestar vectores como los zancudos transmisores del dengue, zika y la fiebre reumática chikunguña y sus posibles daños a la población.

También callaron otras irregularidades de cómo la Secretaría de Salud permitió la participación de oferentes de medicinas a pesar de afrontar demandas en los tribunales de justicia y afrontar fortísimas multas por incumplimiento de contratos, por lo que violentó el apartado 131 de la Ley de contratación del Estado referente a la imposibilidad de una empresa de vender bienes y servicios a las instituciones de acuerdo a las normas legales vigentes.

La ASJ decidió callar las condiciones especiales que le dieron a la droguería Francelia, a pesar de tener un prontuario de rechazos en los controles de calidad que se deben aplicar a los productos vendidos al sistema sanitario; de hecho, esta empresa incurrió en irregularidades en varias licitaciones por lo que terminaron siendo denegadas, de acuerdo a la información que accedió ConfidencialHN. 

Al respecto, los productos ofrecidos por Francelia fueron descartados en 2013 por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en particular, en cuatro lotes (188, 189, 193 y 196) cuyos envases presentaron anomalías.

Otro de los casos que se han mantenido en silencio es la responsabilidad de Deras en el vencimiento deliberado de los medicamentos retrovirales como Lopinavir (destinado a las personas que conviven con el VIH) y que se siguió con la compra del mismo aún habiendo existencias en el almacén, por lo que originó el reclamo de la exsecretaria general de Salud, Cristina Díaz, ya que a través del oficio 671-2014-SG-SS, del 2 de julio de 2014, mandó a pedir explicaciones del porqué se dejó arruinar el lote del vital fármaco para prolongar la existencia de los afectados por el mortal virus.

El documento detalla que por comprobada negligencia del jefe de bodega se venció la medicina porque no fue distribuido en los hospitales bajo control de la Secretaría. Por este y otros incidentes, la exsecretaria Batres lo destituyó del cargo en julio de 2015. Un conteo hecho por este periódico revela que el también exaspirante a la alcaldía de San Pedro Sula dejó perder alrededor de cuatro millones 074 mil 960 tabletas de retrovirales.

Otro lote que se dejó vencer por negligencia es la hidrocortisona -utilizado como un antialérgico- fabricado por laboratorios Vitrofarma de Colombia. De acuerdo a esta investigación, un lote (M150065) de este compuesto químico caducó en julio de 2017, o sea, hace 14 meses, pero se ha estado distribuyendo en todos los hospitales y centros de salud, cuyo uso podría complicar el estado de salud de una persona por la falta de efectividad de la fórmula.

Los abusos de autoridad en que han incurrido las autoridades sanitarias de Honduras fue silenciado a propósito por la Asociación para una Sociedad más Justa y su subsiadiaria Transformemos Honduras. Para el caso, se registraron desfalcos en la adquisición de fármacos, fracccionamiento de licitaciones para burlar la Ley de contratación y otras irregularidades que no han sido investigadas por el Ministerio Público.

Uno de los casos donde hubo una sobrevaloración es la orden 964-2016, del 9 de mayo de 2016 donde se compró crema tópica Ketoconazol, fabricado por latoratorios Karnel a un precio unitario de 145 lempiras y el lote de mil unidades terminó costando al Hospital Escuela Universitario 145 mil lempiras exactos.

En 2014, la pomada -adquirida por la Secretaría de Salud a los laboratorios Corinfar y Medifor- tuvo un precio de 66 lempiras y por tres mil piezas se pagó 198 mil y en 2012 tuvo un valor de 24 lempiras y el precio por dos mil 600 piezas fue por el orden de 23 mil 180 lempiras.

Este ejemplo revela cómo los funcionarios adulteraron hasta siete veces su valor unitario, cuando pudieron adquirir más unidades por el mismo precio, por lo que se deduce que hubo un acto de corrupción.

Espere la segunda parte…

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