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Acusación contra exconcejales de la judicatura no ameritaba persecución penal: TSC

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Jose Juan Pineda, aclaró que el proceso contra los exmiembros del Consejo de la Judicatura debió ser administrativo y no de carácter penal, de acuerdo a la ley.

Asimismo, reveló que están realizando una auditoría al Poder Judicial para determinar si actuales funcionarios y excolaboradores son sujetos de reparos.

Y es que los los exconcejales permanecen privados de libertad en un batallón de la periferia sur de Tegucigalpa ya que se los acusa de presunta corrupción en el uso de los viáticos mientras ejercieron el cargo en la Corte Suprema de Justicia; la defensa ha venido insistiendo que se violentaron normas legales acerca de los delitos que habrían cometido sus clientes.

El magistrado indicó que el Ministerio Público debió emitir el requerimiento fiscal contra los exconcejales luego de que el TSC culminara la auditoría e hiciera la petición que a los implicados se les debe perseguir penalmente.

En caso de indicios racionales, detalló, «la ley manda que en los actos administrativos donde interviene un funcionario se tiene que agotar la vía administrativa y se esclarece el desempeño que tuvo la persona mientras estuvo en el cargo».

Apuntó que si los ex altos servidores incurrieron en responsabilidad civil, los expedientes son referidos a la Procuraduría General de la República (PGR) y en caso de delitos, la documentación es enviada a la fiscalía para que procedan a entablar una demanda judicial por enriquecimiento ilícito o irregularidad que haya afectado al Estado hondureño.

«En el caso de los viáticos, si un funcionario hizo un tipo de trabajo y no lo completó, cabe es una responsabilidad civil y por eso se podría sancionar a los exconcejales», comentó.

Aunque no conoce el caso que pende contra los ex altos funcionarios del Poder Judicial -dijo-, por lo que ha podido enterarse indica que debieron ser procesados por la vía civil y «al escuchar lo que manifestó el expresidente de la Corte que se vino antes de tiempo de una asignación especial por cumplir cosas urgentes y (el dinero asignado para) esos días no los devolvió y tampoco se lo robó porque tenía que cumplir con asuntos urgentes…el TSC tenía que conocer el asunto para agotar la vía administrativa».

Cuando a un funcionario se le halla que incurrió en una omisión o habría cometido alguna irregularidad, se le tiene que hacer la auditoría para que se determine si hubo delito o no y tal extremo debió suceder con los exconcejales, exteriorizó.

No obstante, dejó claro que se deben sancionar a los corruptos basado en el debido proceso, pues «hemos visto casos que se han perdido porque no se siguieron las normas y se deja una mala opinión en la sociedad».

La reacción del funcionario coincide con la opinión de la defensa de los encausados y conocedores del debido proceso, quienes aseguraron que los exconcejales no tuvieron que ir a prisión porque la ley manda que debían ser sujetos de reparo ordenados por el ente contralor.

Por este hecho, permanecen en prisión el expresidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, y los exconcejales Teodoro Bonilla (quien purga condena por tráfico de influencias), Lilian Maldonado, Celino Aguilera, Francisco Quiroz y Julio Barahona.

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