Friday, Dec 13, 2019
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Pacto de impunidad: así construyó tripartidismo el acuerdo para gobernar ‘sin alteraciones’

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Una serie de movimientos rápidos -a veces inteligentes y torpes- se fueron articulando entre el oficialismo y oposición para llegar a instancias que en el pasado eran impensables y equivalieron a una cruenta persecución penal contra los «adversarios» que vendieron la idea de transformar Honduras mediante procesos de consulta y tibias reformas que terminaron demostrando el lado más conservador de la clase política doméstica.

Si bien, esta etapa -incluyendo el golpe de Estado de 2009, elecciones de 2013 y 2017- que dejaron más de 200 personas muertas, el dolor de las familias de los mártires se callaron ante la codicia de ambos bandos por consensuar componendas que les evitará cárcel y vergonzosos juicios en el futuro, por lo que los dirigentes han optado por mantener enfrentamientos simulados para vender la idea de que la lucha es encarnizada contra un gobierno «autoritario», pero que tras bastidores se entienden a la perfección.

ACUERDOS OSCUROS. Estos acuerdos se constituyeron en una suerte de pacto de impunidad ya que los principales actores hacen aparentar ataques feroces, pero a escondidas se limpian acusaciones y señalamientos, desvanecen misteriosamente multimillonarios reparos administrativos que conllevan responsabilidad penal y se reparten cargos en la administración pública que les permita acceder a documentación comprometedora para borrar cualquier huella que hayan dejado sus crímenes o actos de presunta corrupción, en el «menor» de los casos.

Y es que en el contexto del diálogo político, al cual Libertad y Refundación (Libre) se ha resistido a acudir porque afirma que es reconocer al gobierno de Juan Orlando Hernández, ha optado por tener un «diálogo directo» con las cabezas visibles de la administración que ha venido a darle legitimidad al actual mandato; una representación en el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la eventual colocación de un cuadro en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que responderá única y exclusivamente al expresidente Manuel Zelaya, han sido varias piezas movidas en el tablero del ajedrez político ya que se busca que los verdaderos jugadores del proceso puedan enrocarse (o blindarse) para no verse vulnerables ante acciones futuras.

Además, los miembros del principal partido se están mostrando abiertos a una consulta popular formulada por el mismo Oliva, cuando en un pasado reciente era hasta imposible pensar que se podría preguntar a los hondureños temas de interés. También darán su visto bueno a las reformas constitucionales para llegar al TSE, crear una nueva Ley electoral y la tecnificación del RNP. No obstante, se debe dejar claro que en esta coyuntura no hay cena gratis.

El hecho de que Libre, autodeclarado un partido antisistema y partidario del socialismo democrático, se volviera otro gran partícipe de la política vernácula y tradicional, obedece única y exclusivamente a su máximo dirigente, ya que ha hecho gala de su alta capacidad de negociación para volverse una consuetudinaria fuente de consulta de sus amigos y «enemigos» y tener, si es posible la última palabra en todo. Él sabe que en sus manos está -en términos sencillos- el futuro y la paz social de un país asolado por la violencia y miseria. Pero también sabe que su gobierno sigue estando en la mira de los entes controlados «por la dictadura», por lo que si pretende tomar distancia, las secuelas serán muy nefastas que podrían complicarle la vida y a sus leales adláteres.

He aquí cuando Mel saca ventaja porque cuenta con un partido de corte personalista y vertical, aunque los estatutos digan lo contrario, porque puede tomar cualquier decisión que le dé seguridad y estabilidad emocional. Con más de un millón de votos para su formación alcanzada en las elecciones de 2017 y menos de esa cantidad hace unos cinco años, le permiten impresionar y presionar a sus blancos para instaurar pactos de caballeros; los denominados comandos de insurección son su carta de garantía en caso de que los objetivos no se cumplan o salgan como lo había planificado.

Además, Zelaya comprendió que no puede darse el lujo de ser un segundón en la vida pública. Su gobierno, reformas y la manera en la que fue echado hace casi una década le dan el prestigio que siempre quiso. Ay de aquel que se atreva a confrontarlo o lo denuncie porque toda una superestructura se moverá para «destruirlo». Esa demostración de músculo ha puesto a remojar las barbas en más de una ocasión a Hernández y Oliva

Este pacto de impunidad (llámese negociaciones) es, llanamente, atacarse frontalmente con el adversario, rayar pancartas con leyendas «críticas» a la administración nacionalista, al bipartidismo, crear alborotos en plazas públicas, utilización de piezas descartables en beneficio de la conducción; mientras en secreto se echa la suerte de cada actor clave que le permite no deslizar sus zapatos por los tribunales de justicia.

JUSTIFICACIONES. En el caso concreto de Libre, su coordinador Manuel Zelaya ha venido alegando que su formación política «tiene derecho» acceder a la burocracia porque el Acuerdo de Cartagena de 2011 (que también dio origen a la creación del órgano) le da esos beneficios. Por tanto, la justificación de la cabeza visible del partido de corte progresista se basa en el tratado que, de cierto modo, el Legislativo de Mauricio Oliva le comienza a dar guiños, a cambio de una coexistencia pacífica, cargos, dinero y otras prebendas cuyos alcances podrían transgredir la legislación vigente, incluyendo la penal.

Mel dice desconocer al gobierno de Hernández, pero, irónicamente, sí reconoce el Parlamento que dirige el galeno de Choluteca, con quien ha congeniado en muchas cosas, entre ellas, cómo satisfacer el clientelismo político, sus ocurrencias y folclorismo, hasta los votos en plancha para emprender cualquier reforma en medio de un ambiente tóxico.

Este tratado está siendo aprovechado al máximo por el principal protagonista, para obtener altas cuotas de poder, protección e impunidad para sus colaboradores. Sobre el tema, Radio Globo reveló el misterioso desvanecimiento de casos que tiene en su poder el Tribunal Superior de Cuentas, entre ellas, los informes 009-2009-DASSJ-PR-C, 012-2010-DASSJ-PR-B, 009-2009-DASSJ-PR-B y otros, en los cuales se detalla cómo fue dilapidado el dinero público en «atenciones» y compra de joyas, pasto para caballos y sus cuidadores, finísimos trajes y pesadas facturas de telefonía móvil, por lo que tales casos ya fueron cerrados.

Sin embargo, este periódico encontró información referente sobre presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del Poder Ciudadano, cuyos expedientes fueron trasladados al Ministerio Público para su respectiva investigación, judicialización y persecución penal contra los implicados en corrupción pública. Al cierre de este ensayo, no hay requerimientos fiscales contra exfuncionarios de la gestión 2006-2009, excepto aquellos que están total y abiertamente señalados ya que afrontan procesos que los podría llevar a la cárcel. Sin embargo, la protección a este segmento jamás llegó.

BLINDAJE. En cambio, íntimos colaboradores del entonces gobierno liberal han contado con un blindaje legal -llámese impunidad- que los mantiene alejados de cualquier juzgado. En consecuencia, el reparto de dinero donado por Taiwán para la instalación de una central de aire acondicionado y que fue desviado para pagar bonificaciones a altos funcionarios. Sobre el tema, el exadministrador de la Secretaría de Relaciones exteriores, Rafael Barahona, denunció que sus excompañeros de burocracia no han querido rendir cuentas. «Ya me cansé porque el sistema no está funcionando en este país y en toda esta trama quien no ha tenido potestad para decidir qué hacer con este dinero soy yo. Se han negado a rendir cuentas; he expuesto muchas cosas por una lucha y una causa en la que creo”.

Respecto al supuesto mal manejo de unos 370 mil dólares aportados por Taipéi, explicó que el pasado 11 de septiembre envió una carta a la misión anticorrupción de la OEA en la que demuestra que es inocente de cualquier imputación que pudiera recibir. Solicitó a sus exjefes que se presenten ante la justicia para que esclarezcan cómo se originó la trama que lo tiene con problemas. Arremetió contra el exfiscal general Edmundo Orellana al calificarlo de “ladrón y corrupto” y le exigió que presente su pasaporte para que demuestre los viajes que efectuó al exterior en su condición de canciller cobraba viáticos por un valor de 18 mil dólares por cada viaje y jamás pudo liquidar los fondos asignados.

EXIGENCIAS AHOGADAS. En tanto, la expresidenta del TSC, Daisy Oseguera de Anchecta, exigió al Ministerio Público que investigue el gobierno de Zelaya “y que el Acuerdo de Cartagena no sea validado para invalidar un acto de corrupción, en vista de que este acuerdo no protegía los actos de corrupción, lo que protegía era una cuestión política, pero no una cuestión de robo”. Reveló que desde el primer semestre del gobierno liberal que presidió Zelaya se comenzaron a formular pliegos de responsabilidad por presunta corrupción. “Fue una de las más cuestionadas del Tribunal porque no tenían ni seis meses de estar en el gobierno cuando el Tribunal estaba encontrando actos de responsabilidad”, pormenorizó.

Estos reclamos fueron ahogados por las fabulosas negociaciones que podrían alcanzar al círculo íntimo de aquel mandato, ya que el organismo contralor -dirigido por el liberal Ricardo Rodríguez e integrado por el nacionalista José Juan Pineda y Roy Pineda Castro de Libre- han optado por finiquitar cada pliego de responsabilidad, por lo que el Ministerio Público no puede proceder criminalmente ya que no hay «asidero legal» para emitir requerimientos.

PROTEGIDOS Y PERDEDORES. El segmento de liberalismo que dirige Luis Zelaya también está logrando altas cuotas de poder en «beneficio» de la democracia. La acusación en su contra por estafa continuada por la venta irregular de unos terrenos fue desestimada por el Ministerio Público…El hecho de haberse prestado a colocar a Daniel Sibrián como fiscal adjunto en un cuestionado proceso le permite -por el momento- no ser requerido fiscalmente.

“Marcaremos historia en una votación unida como partido y en función de los grandes intereses de Honduras y que tenga fe en que vamos a defender la institucionalidad, no nos apegamos a los intereses de otros”, dijo el excandidato presidencial. El hecho de que se le suspendiera cualquier proceso judicial obedece a que logró una cuota de impunidad con Sibrián como número dos del operador de justicia. Sin embargo, es apenas una tajada del pacto que se ha venido consolidando «en nombre de la institucionalidad».

A pesar de estar pactando con sus adversarios y la «dictadura», es uno de los grandes perdedores junto al presentador de televisión Salvador Nasralla. Ambos han sido opacados por la pesada figura de Manuel Zelaya en la arena política, junto al pecado de cometer nefastas novatadas que les han venido restando caudal político; a los dos los une la codicia, soberbia, aires dictatoriales y falta de carisma. Esas conductas no les permite tener un carisma que Mel supo crear en su carrera como político liberal, presidente y ahora coordinador de Libre.

Acerca de Libre, este organismo prometió que acabaría con el bipartidismo y lo hizo, pues ahora se creó otra megaestructura que mantendrá «la gobernabilidad» de Honduras, es decir que el tripartidismo llegó para quedarse. Los negocios y las grandes decisiones pasarán por consensos, reparto de cargos y «borrón» de delitos que pudieran haberse cometido o que se efectuarán en el futuro.

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