viernes, noviembre 27, 2020

Al desnudo

(Por Edmundo Orellana) Por la función jurisdiccional, el Estado declara, crea o reconoce situaciones jurídicas relativas a los sujetos de derecho, dentro del marco normativo, sin que sea permitido que el juez decida según su arbitrio, atendiendo prejuicios o creencias, circunstancia que de darse constituye lo que la ley califica como “prevaricación”, cuya característica es que la resolución sea “injusta”, bien, porque se dicta “a sabiendas” o porque “es manifiestamente injusta y se dicta por imprudencia grave”; supuestos en los que no debe incurrir el juez, porque, es su deber aplicar correctamente la ley y porque, según la LOAT, los jueces, siendo abogados, son “profesores de jurisprudencia”, lo que no da lugar al repudio o a la ignorancia de la ley aplicable. De ese delito, UFERCO denunció a los jueces que dictaron sobreseimiento definitivo en el caso “Pandora”.

Con las decisiones de la Sala de lo Constitucional favoreciendo a determinados funcionarios cuando son investigados o procesados por el MP, provoca en la población la percepción de que en lugar de defender la Constitución la agrede, negando, en este caso, uno de sus pilares fundamentales: la igualdad ante la ley.

De estas decisiones resulta que ciertos funcionarios del Estado (no necesariamente “altos funcionarios”) gozan de privilegios que no son reconocidos a las demás personas. Entre esos privilegios está el de que no pueden ser investigados sin que previamente sean informados, según la resolución emitida en el amparo otorgado al diputado-presidente; en el caso del edil capitalino (que no es un “alto funcionario del Estado”), con la suspensión del antejuicio parece advertirnos que otorgará el amparo, con lo que se estará sentando un precedente funesto para la justicia hondureña.

Previo a continuar, tenga presente el curioso lector que el amparo solo favorece a los recurrentes, por lo que esas decisiones no pueden ser invocadas a su favor por nadie más, cualquiera que sea su circunstancia. Si alguno pretende la misma gracia, tendrá que accionar en amparo, y orar sin descanso para que el olimpo jurídico se la conceda.

La admisión del amparo con suspensión del antejuicio genera, en la sociedad, la sospecha de que entraña un tratamiento desigual, del que no hay memoria que se haya concedido antes.
Por otra parte, se trata de un privilegio sobre otro privilegio. Porque el objeto del amparo interpuesto es el procedimiento de antejuicio incoado por el MP para luego proceder a interponer la respectiva acción criminal. Los alcaldes, en efecto, gozan de una condición que históricamente solamente se reconoce a los jueces, pero que, los legisladores del momento, decidieron concederla a los ediles para protegerlos de las acciones penales incoadas por el MP en contra de ellos por las innumerables irregularidades en que incurrían; en otras palabras, es otro más de los incontables abusos del Congreso Nacional en su afán de apuntalar el sistema de impunidad en el país.

Lo que está en cuestión, entonces, es un requisito procesal impuesto para ejercer la acción pública penal de oficio, cuyo titular es el MP. No está en riesgo derecho constitucional alguno, que la decisión del antejuicio pueda lesionar. Su estado de inocencia permanece después de declarar con lugar el antejuicio y durante el proceso que habrá de incoarse posteriormente. Sin embargo, la suspensión y eventual otorgamiento del amparo creará un privilegio porque hará imposible deducir responsabilidad a los alcaldes, pero no a todos, porque recientemente le fue denegado a un alcalde del departamento de Cortés (¿sería porque es de un partido opositor?). La decisión no protege al edil de una acción criminal, sino que lo pone a buen resguardo para que sea imposible procesarlo; tampoco tiene por objeto, repito, un derecho constitucional, sino un requisito procesal.

En todo caso, nos encontramos ante una decisión que podría marcar una clara frontera entre ciertos funcionarios y los demás, sean funcionarios o no. Los que entren en la categoría de estos “ciertos funcionarios” podrían ser beneficiados con complacientes decisiones judiciales, los demás, como el citado edil de una municipalidad de Cortés, estarían excluidos de esas “indulgencias”.

La resolución del amparo está pendiente y no hay que perder la esperanza. Todavía no cruzamos el frontispicio del averno. Esperemos, pues, que el sereno y sano juicio de los “honorables magistrados”, miembros de la Sala de lo Constitucional, se imponga frente a los prejuicios y las presiones, conscientes del terrible momento que vive el país, hastiado de tanta corrupción y de tanta impunidad, y resuelvan con apego al Derecho.

Estamos, pues, en un momento decisivo de nuestro sistema de justicia, en el que se hace necesario evitar la plena vigencia del dicho famoso (atribuido al benemérito Benito Juárez), que nos permitimos parafrasear así: “para mis favoritos, justicia y gracia; para los demás, la ley a secas”. Exijamos, pues, la aplicación irrestricta de la ley, diciéndolo muy fuerte, para que los dioses del olimpo jurídico nos escuchen: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

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