HomeNacional¡Alerta!: Conozca la estrategia de JOH para reprimir a oposición antireeleccionista

¡Alerta!: Conozca la estrategia de JOH para reprimir a oposición antireeleccionista

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Con el objetivo de prevenir “situaciones” durante su campaña continuista, el líder del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández mandó al palacio legislativo el controvertido paquete de reformas penales que mantendrán al margen a los disidentes de la relección ilegal y anticonstitucional impuesta por el gobierno de turno.

Entre las demandas del orlandismo destacan las siguientes:

ARTÍCULO 1.- Reformar por adición el Artículo 25, agregando un inciso 4), 222, 332 y un Párrafo Segundo al Artículo 335, nuevo Artículo 335-A del Decreto Legislativo No. 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983, que contiene el CÓDIGO PENAL y sus reformas, los cuales deben leerse de la manera siguiente:

“ARTÍCULO 25.- Causas de inculpabilidad:

Quien obra….;

Quien incurre…;

Quien en la creencia…; y

Quien siendo personal policial, militar, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a una persona”.

ARTÍCULO 2.- Reformar por adición un segundo párrafo al Artículo 2 numeral 3) literal b) del Decreto Legislativo No. 241-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de 18 de noviembre de 2010, que contiene la LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual debe leerse de la manera siguiente:

“ARTÍCULO 2.-  Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

ACTIVIDADES…

Las personas…

Los contadores;

Los abogados…

Cualquier…

ACTIVOS O FONDOS…

ACTOS TERRORISTAS…

Aquellos…

Convenio…

Convenio…

Convención…

Convención…

Convención…

Protocolo…

Convención…

Protocolo…

Convenio…

b) Cualquier otro acto que tenga por finalidad o este destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un ciudadano civil, o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto o evento, por su naturaleza o contexto, sea el de intimidar a la población, o de obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o a abstenerse de realizar cualquier acto.

Se considera terrorismo además quien o quienes desarrollen acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

A continuación lea de manera íntegra el proyecto:

EL CONGRESO NACIONAL,

 

CONSIDERANDO:   Que conforme Artículo 59 de la Constitución de la República “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 61 de la Constitución de la República, es obligación del Estado garantizar a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.

CONSIDERANDO: Que el delito de extorsión, previsto en el Artículo 222 del Código Penal, actualmente tiene una configuración legal insuficiente, que no corresponde con la realidad, ya que el mismo, por su carácter pluriofensivo, no solamente lesiona o pone en peligro el patrimonio de un individuo y aún y cuando no llegue a configurarse un menoscabo patrimonial efectivo, dichas acciones ya han afectado otro bienes jurídicos individuales como la autonomía personal.

CONSIDERANDO: Que Honduras es parte de diversos convenios e instrumentos internacionales, dentro de los que destacan el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo,  en los que se obliga a adoptar medidas eficaces para la prevención, combate y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

CONSIDERANDO: Que las razones principales para la existencia del Estado es proteger a las personas en su vida, en su integridad física y moral, así como sus bienes, estableciendo marcos legales que  aseguren a su población bienestar y prosperidad en un ambiente de confianza, seguridad y garantía de los derechos señalados en la Constitución de la República, convenios internacionales y demás Leyes.

CONSIDERANDO: Que el terrorismo constituye un grave fenómeno delictivo que preocupa profundamente y representa una amenaza para los valores democráticos, la seguridad y la paz nacional e internacional, impidiendo el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, desestabilizando y socavando las bases de toda la sociedad, afectando además el desarrollo económico y social de los estados.

CONSIDERANDO: Que recientemente en nuestro país grupos de asociación ilícita, identificados como “maras” o “pandillas” han ejecutado diversas acciones que violentan gravemente derechos humanos de poblaciones residentes en determinadas zonas del país, en las cuales estos grupos ejercen control, donde sólo puede circularse con permiso de las pandillas, e incluso desalojan de sus casas o barrios a quienes no se someten a su control, aumentando el número de muertes violentas, el desplazamiento forzado de cientos de familias que son extorsionadas o amenazadas por las maras, causando grave intimidación y temor.

CONSIDERANDO: Que en la actualidad los grupos de asociación ilícita han evolucionado su modus operandi, de tal forma que su actividad delictiva no solamente va dirigida a producir un daño específico contra sus víctimas, sino que utilizan este daño o amenaza, como medio para causar intimidación y temor en la población,  con el objeto de coaccionar a la sociedad o al Estado para que hagan o dejen de hacer algo.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 87 de la Constitución de la República, las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social, en los que se procurará la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su preparación para el trabajo.

CONSIDERANDO: Que los establecimientos penales constituyen un componente esencial del Sistema de Justicia Penal del país para garantizar la seguridad de los habitantes de la República.

CONSIDERANDO: Que corresponde al Congreso Nacional la potestad establecida en el Artículo 205 numeral 1) de la Constitución de la República de crear, decretar, reformar, derogar e interpretar las leyes.

POR TANTO,

 

DECRETA:

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

 

ARTÍCULO 1.- Reformar por adición el Artículo 25, agregando un inciso 4), 222, 332 y un Párrafo Segundo al Artículo 335, nuevo Artículo 335-A del Decreto Legislativo No. 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983, que contiene el CÓDIGO PENAL y sus reformas, los cuales deben leerse de la manera siguiente:

 

“ARTÍCULO 25.- Causas de inculpabilidad:

  • Quien obra….;
  • Quien incurre…;
  • Quien en la creencia…; y
  • Quien siendo personal policial, militar, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a una persona”.

“ARTÍCULO 222.- Extorsión.- Comete el delito de extorsión, quien de cualquier forma participe en un hecho mediante el cual se amenace, ejerzan actos de intimidación o de violencia contra alguna persona natural o jurídica, intentando obtener de ella, para sí, para un tercero o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios.

 

También comete este delito, quien al intentar obtener para sí o para un tercero, cualquiera de los beneficios enunciados en el párrafo anterior, obliga a una persona natural o jurídica a:

  1. Hacer….;
  2. Suscribir …; y,
  3. Suscribir, otorgar,…

 

Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan.

Si en ocasión…

La extorsión se considera consumada con independencia de si la acción se haya llevado a cabo, y responderán como autores tanto el que realice la amenaza, exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero en forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas en instituciones financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito.

Si como consecuencia del delito de extorsión se produce el debilitamiento o cierre de una empresa de cualquier naturaleza, al responsable se le aplicará la pena prevista en el párrafo tercero del presente artículo aumentada en un tercio (1/3)”.

 

“ARTÍCULO 332.- Asociación Ilícita

 

La misma pena…

 

La pena señalada…

 

La pena señalada…

 

Los integrantes…

 

Quien o quienes desarrollen acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, será o serán penados por el delito de terrorismo de conformidad a lo establecido en el Articulo 335 del Código Penal”.

 

ARTÍCULO 335.- Delito de Terrorista.- Cometen el delito de terrorismo, quien, realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un ciudadano civil o cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto o evento, por su naturaleza o contexto, sea el de intimidar a la población o de obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto.

 

Incurre además en dicho delito quien o quienes utilizando sustancias toxica, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible(derivados del petróleo y/o nuclear), mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro  medio violento, intencionalmente realice actos en contra  de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a este para que tome una determinación.

 

También comete delito de terrorismo, quien realice cualquiera de las conductas establecidas como delitos en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por Honduras respecto al terrorismo, entre estos:

  • Formando parte…;
  • Asaltan y se apoderaren…;
  • Fabriquen, comercialicen…;
  • Realicen actos…;
  • Planifiquen, organicen…;
  • Integren bandas…;
  • Dañen bienes…;
  • Obliguen a otra persona…; y
  • Obligue a otra…

 

El responsable del delito de terrorismo será sancionado con la pena de reclusión de cuarenta (40) a cincuenta (50) años, mas multa de tres mil a cinco mil salarios mínimos establecidos para la zona donde se comete el delito.

 

ARTÍCULO 335-A.- Se aplicarán las penas contempladas en el artículo precedente a quien, en forma personal o como integrante de organizaciones criminales de cualquier tipo, busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, tales como, el control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de la justicia penal, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemáticamente e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país”.

ARTÍCULO 2.- Reformar por adición un segundo párrafo al Artículo 2 numeral 3) literal b) del Decreto Legislativo No. 241-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de 18 de noviembre de 2010, que contiene la LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual debe leerse de la manera siguiente:

ARTÍCULO 2.-  Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

  • ACTIVIDADES…
  1. Las personas…
  2. Los contadores;
  3. Los abogados…
  4. Cualquier…

 

  • ACTIVOS O FONDOS…

 

  • ACTOS TERRORISTAS…
  1. Aquellos…
  • Convenio…
  • Convenio…
  • Convención…
  • Convención…
  • Convención…
  • Protocolo…
  • Convención…
  • Protocolo…
  • Convenio…

 

  1. b) Cualquier otro acto que tenga por finalidad o este destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un ciudadano civil, o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto o evento, por su naturaleza o contexto, sea el de intimidar a la población, o de obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o a abstenerse de realizar cualquier acto.

 

Se considera terrorismo además quien o quienes desarrollen acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

 

  • CLIENTES…
  • COMISO…
  • COMISION…
  • ..
  • INSTITUCIONES…
  • INSTRUMENTOS…
  • MEDIDA…
  • OABI…
  • APOYO…
  • ORGANIZACIONES…
  • ORDENANTE…
  • PRODUCTO…
  • PERSONA…
  • SUJETOS…
  • SUJETOS…
  • TRANSACCION…
  • TRANSFERENCIAS…
  • TRANSACCION…
  • TITULAR REAL…
  • TERRORISTA…
  • TECNICAS…y,
  • UIF…

ARTÍCULO 3.- Reformar por adición un párrafo al Artículos 173; Artículo 237-B segundo y último párrafo; derogar el párrafo cuarto del Artículo 277; Reformar el Artículo 311 del Decreto Legislativo 9-99, contentivo del CÓDIGO PROCESAL PENAL, emitido el 30 de diciembre de 1999, el cual se leerá así: 

 

ARTÍCULO 173. Medidas cautelares aplicables. El órgano jurisdiccional, concurriendo los presupuestos legitimadores, podrá adoptar, por auto motivado, una o más de las medidas cautelares siguientes:

  • Aprehensión…;
  • Detención …;
  • Prisión…;
  • Arresto…;
  • Someter al imputado al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe periódicamente al juez;
  • Obligar …;
  • Prohibirle …;
  • Prohibirle al imputado concurrir…;
  • Prohibirle al imputado…;
  • La constitución…;
  • El internamiento …; y,
  • Suspensión …

Para los mismos fines previstos en éste artículo…

Para los casos del literal d) del Artículo 25 del Código Penal, se aplicará la medida cautelar del numeral 5 del presente Artículo la cual se cumplirá en la institución a la que pertenezca el encausado.

ARTÍCULO 237-B De la participación en el proceso de las personas en condición de vulnerabilidad…

La práctica de esta diligencia se realizará con presencia de las partes y el órgano jurisdiccional, quienes formularán las preguntas a la víctima o testigo, a través del facilitador. En el caso de las personas menores de dieciocho (18) años de edad descritas en el numeral 1) del artículo 237-A precedente, además deben seguirse las reglas establecidas en el Artículo 331 del presente código.

El material grabado…

A petición de parte….

La reproducción del vídeo de la diligencia o declaración rendida bajo estos procedimientos, será considerada como una declaración presencial en el juicio oral, en consecuencia, deben ser siempre admitidas por los Juzgados de Letras y Tribunales de Sentencia competentes en cualquier etapas del proceso, no siendo necesaria una nueva comparecencia o declaración de la víctima o testigo; por lo que los Tribunales de Sentencia no podrán rechazar las mismas ni solicitar que se efectúen nuevamente de manera presencial. Esta prueba deberá ser valorada conforme a lo dispuesto en el Artículo 202 del presente código.

ARTÍCULO 277. Actos jurisdiccionales: Pruebas anticipadas. En caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, adoptará las medidas necesarias para evitar el peligro, y en su caso, ordenar la recepción anticipada de la prueba.

Igualmente, el órgano jurisdiccional…

Del mismo modo procederá el órgano jurisdiccional…

DEROGADO.

En todo caso, el juez librará…

El imputado que se encuentre detenido…

 

ARTÍCULO 311. Lecturas y reproducción de medios audiovisuales autorizados. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura o reproducción, en su caso que hará el secretario:

1) Los testimonios o pericias…;

2) Los testimonios o pericias practicadas…;

3) Los testimonios rendidos en juicio o excepcionalmente,…;

4) Las actas que documentan inspecciones,…;

5) Los informes periciales…;

6) Las declaraciones del acusado…; y,

7) Los testimonios o diligencias relacionadas a las personas en estado de vulnerabilidad descritas en el artículo 237-A de éste Código; obtenidas a través de medios audiovisuales o dispositivos análogos, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 237-B.

DEROGADO.

El tribunal tendrá a su disposición…

Ningún otro elemento de prueba podrá ser introducido al juicio para su lectura

ARTÍCULO 4.- Se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que destine los recursos necesarios a fin de que se construyan y habiliten «Cámaras Gesell» u otros mecanismos o instrumentos de protección análogos en los Juzgados de Letras Penales de los departamentos con una mayor incidencia en la comisión del delito de extorsión.

ARTÍCULO 5.- Reformar por adición el Artículo 29, Titulo IX, Del Centro Nacional de Información, Capítulo Único, Creación, Integración y Administración del Decreto Legislativo No. 211-2012, contentivo de la LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL, el cual se leerá así: 

ARTÍCULO 29.- Crease el Centro Nacional de Información…

En tanto entre funcionamiento el Centro Nacional de Información a que se refiere en el párrafo anterior, la Dirección Nacional de Investigación e  Inteligencia tendrá acceso a las bases de datos de las entidades que administran información de interés para la seguridad y la defensa nacional, incluyéndose el acceso presencial o remoto en tiempo real a los sistemas de video vigilancia derivados del Programa «Ciudad Segura».

ARTÍCULO 6.- Derogar el Segundo Párrafo del Artículo 1; Reformar por adición el Artículo 2 del Decreto Legislativo No. 43-2015 que contiene la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niños y Niñas a Nivel Nacional, los cuales se leerán asi:

 

“ARTÍCULO 1.- Se prohíbe, en los Centros Penitenciarios…

DEROGADO.

Se exceptúan los Servicios de Telecomunicaciones…”

ARTÍCULO 2.- Los operadores de Servicios…

En el Presente Decreto deberá  entenderse por señal  todos los tipos de frecuencia radioelectrónica inalámbrica que permita cualquier forma de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos o imágenes, verbigracia, telefonía celular analógica o digital, telefonía satelital, sistemas de transmisión inalámbricas (WiFi, WiMax, Bluetooth, etc.), Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), entre otras.»

Dichas soluciones técnicas…

El costo de instalación y funcionamiento…

En los establecimientos donde…”

ARTÍCULO 7.- Reformar  los Artículos 27, 33 en su párrafo tercero y 41 del Decreto Legislativo No. 243-2011 que contiene la LEY ESPECIAL SOBRE INTERVENCIONES DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS los que se leerán de la manera siguiente:

“ARTÍCULO 27.- Contenido y Entrega de Transcripciones. La transcripción o sinopsis contendrá los datos necesarios para identificar la fuente de donde fue tomada y las circunstancias relativas a la intervención y serán entregadas en copias certificadas al Fiscal o agente de la Procuraduría General de la Republica en su caso, asignado al caso cada siete (7) días, salvo que por razones de urgencia deba hacerse la entrega antes de este tiempo, y una vez finalizado todo el proceso deberán entregarlas en original al juez que ordenó la medida, en un plazo no mayor de veinte (20) días, bajo responsabilidad penal en caso de no hacerlo, adjuntando los soportes técnicos en los cuales será guardada, grabada o registrada la información que respalda la transcripción. Los datos o informes que resulten de la intervención serán igualmente agregados a la investigación.”

“ARTÍCULO 33.- Creación de la Unidad de Intervención de las Comunicaciones

Estructura de U.I.C…

Cuando los investigados, imputados a través de su Defensor, o el Ministerio Público, requieran para sus alegatos, análisis de vinculaciones y hagan uso de peritos no oficiales, estos deberán ser nombrados e investidos por el Juzgado competente en audiencia donde deberán estar presentes las partes previamente notificadas.

En los casos descritos en el párrafo anterior, los peritos oficiales que laboran para la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) no estarán obligados a comparecer al proceso en condición de peritos, ya que lo hará el que ha sido designado.”

“ARTÍCULO 41. Tramite de llamadas entrantes y salientes. Para el trámite de las llamadas entrantes y salientes se seguirá el procedimiento de obtención a través de la UIC, quien recibirá oficio remitido por el órgano jurisdiccional.

No será objeto de nulidad que el agente de tribunales obtenga directamente la información de la empresa o personas naturales o jurídicas que ha de proveer la información, si cuenta con el mandamiento expedido por el órgano jurisdiccional ordenando tal diligencia.

Las empresas telefónicas deberán garantizar sin limitaciones de días y horas el acceso de los peritos especializados de la UIC a las plataformas o sistemas de comunicación para la intervención y extracción de toda la información que se pueda adquirir en un aparato telefónico, incluyendo realizar vaciados referentes al celdaje de las antenas.»

 

ARTÍCULO 8.- Reformar por adición el artículo 2, creando el Articulo 2-A del Decreto Legislativo No.  21-2014 mediante el cual se creó la LEY DE RECOMPENSAS, el cual se leerá así:

“ARTÍCULO 2-A.- Se establece un pago de recompensa por información efectiva  que produzca la confiscación o comiso de dinero en efectivo perteneciente a grupos criminales.  El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad definirá el monto de dicha recompensa para lo cual elaborará la tabla correspondiente y emitirá el reglamento que garantice la seguridad del informante.”

ARTÍCULO 9.- Reformar los artículos 7, 8, 9, 15, 16, 18, 18-A, 19, 20, 26, 27, 33, 35-A, 38, 40, 46, 51, 56, 59, 66, 68, 73, 76, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 98-A, 98-B, 106, 106-A, 106-B, 114 y 115 y Derogar los artículos 8, numeral 1, 10, 11,12,13, 99, 109, 110, 111, 112, 113 y 116 de la LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, creada mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, los cuales se leerán así:

“ARTÍCULO 7.- Créase el Instituto Nacional Penitenciario (INP) o Instituto, como  una Institución de seguridad del estado, autónoma, con personalidad jurídica, independencia técnica presupuestaria, administrativa y autodeterminación normativa; con asiento en la Capital de la República y jurisdicción en todo el territorio nacional, al cual le corresponde, la organización, administración y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional y los servicios que le son inherentes.”

“ARTÍCULO 8.- El Instituto Nacional Penitenciario (INP), tiene las siguientes atribuciones:

1) Derogado.

2) Elaborar y Ejecutar la política penitenciaria y las medidas privativas de libertad, dictadas por las autoridades competentes, orientando a la rehabilitación, la reeducación y reinserción social de las personas que cumplen penas, conforme al régimen progresivo que establece esta Ley;

3)…;

4)  Crear y organizar los establecimientos penitenciarios del Estado;

5)…;

6)…;

7)…;

8) Elaborar su proyecto de presupuesto y su plan Operativo anual;

9)…;

10)…;

11)…;

12)…;

13)…;

14)…;

15)…;

16)…;

17)…;

18)…;

19)…;

20)…;

21) Elaborar aprobar y ejecutar los programas del sistema de trabajo para privados y privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios del país, y;

22) Los demás que establezca esta Ley y su Reglamentos conforme a la misma.”

 

“ARTÍCULO 9.- El Instituto Nacional Penitenciario (INP), tendrá los órganos siguientes:

1) Dirección Nacional;

2) Tres (3) Sub-Direcciones Nacionales: Gestión Penitenciaria  y Administrativa, Seguridad  y,  Desarrollo Institucional;

3) Secretaría General;

4) Inspectoría general;

5) Auditoria Interna;

6) Departamento de Gestión Penitenciaria;

7)  Departamento de Seguridad, Inteligencia y  Logística;

8) Departamento de Planificación y Desarrollo;

9)  Los Establecimientos Penitenciarios;

10) Academia Penitenciaria;

11) Unidad de Protección de Derechos Humano;

12) Unidad de Infraestructura y Proyectos;

13) Unidad de Cooperación Externa;

14) Unidad Coordinadora del Trabajo,

15) Unidad de Comunicación Institucional y;

16) Los demás Departamentos y Unidades que se establezcan en los Acuerdos respectivos;

Los Reglamentos de esta Ley deben establecer la organización y funcionamiento de los Departamentos y Unidades indicados en el presente Artículo.”

 

ARTÍCULO 10.- Derogado.

 

ARTÍCULO 11.- Derogado.

ARTÍCULO 12.- Derogado.

ARTÍCULO 13.- Derogado.

 

“ARTÍCULO 15.- Para ser Director(a) Nacional se requiere:

1) Ser hondureño por nacimiento mayor de (30) treinta años;

2) ….;

3) Ser un profesional con grado académico universitario, con formación en ciencias jurídicas, criminológicas, penitenciarias o afines; dando preferencia a quien   cumpliendo con estos requisitos sea  un(a) funcionario(a) de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario;

4) …; y,

5) …”

 

“ARTÍCULO 16.- Son funciones del Director(a) Nacional:

1) Ejercer y dirigir la Dirección Superior del Instituto;

2) Proponer la política penitenciaria del Estado;

3) Velar por el cumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos y las resoluciones que apruebe;

4) Aprobar y reformar los Reglamentos y Manuales para la aplicación de esta Ley;

5) Conocer y aprobar los planes, programas y proyectos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), así como los informes técnicos, financieros y contables;

6) Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto Anual del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

7) Aprobar el Informe Anual del Instituto y velar porque oportunamente se someta a la consideración del Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado;

8) Crear, ampliar, reducir, suprimir o modificar, las dependencias del Instituto, establecimientos penitenciarios y otros centros para el cumplimiento de medidas de seguridad y determinar sus competencias, así como establecer las secciones administrativas y órganos de asesoramiento o consulta que estime necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

9) Nombrar, suspender o remover, de acuerdo con la Ley y el Reglamento de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario, al Auditor Interno del (INP);

10) Nombrar, suspender o remover, de acuerdo con la Ley y el Reglamento de la Carrera de Personal del Servicio Penitenciario, a los Subdirectores (as) Nacionales  y al Inspector(a) General.

11) Nombrar el Auditor Interno del Instituto Nacional Penitenciario (INP) conforme a la ley;

12) Le corresponde la ejecución de la política penitenciaria;

13) Crear, fusionar o cerrar las dependencias, secciones o departamentos  en la forma que estimen necesarios para el mejor funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario (INP);

14) Ejercer la representación legal del Instituto Nacional Penitenciario (INP);

15) Ejercer funciones de coordinación interinstitucional, supervisión, seguimiento y evaluación del Sistema Penitenciario Nacional; y para asegurar su eficiente desenvolvimiento administrativo;

16) Sancionar, de conformidad con esta Ley y sus Reglamentos, a los funcionarios y empleados que incurran en faltas;

17) Conocer de las sanciones impuestas a los (las) internos(as) por infracciones al régimen disciplinario, de acuerdo con las resoluciones giradas por el Departamento Técnico;

18) Regular la distribución y el traslado de la poblacional privada de libertad cumpliendo penas, a las instituciones del Sistema Penitenciario Nacional correspondientes, conforme a esta Ley y sus Reglamentos, previa opinión de los Departamentos Técnico y de Seguridad y Orden del Establecimiento respectivo, salvo las excepciones que para casos urgentes y justificados establezca esta Ley y su Reglamento;

19) Intercambiar información pertinente con instituciones u organismos extranjeros o internacionales que desarrollen actividades afines a las del Instituto Nacional Penitenciario (INP);

20) Suscribir contratos de conformidad con las disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y la Ley de Contratación del Estado;

21) Establecer los valores, fondos presupuestarios y de cualquier otra naturaleza, que deben estar a cargo de los (las) Administradores(as) de los Establecimientos Penitenciarios así como las modalidades para su ejecución; igualmente, determinar las cuantías de los contratos que en ellos se celebren;

22) Suscribir, los acuerdos y convenios de colaboración o cooperación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y las organizaciones no gubernamentales, Asociaciones, Patronatos o Grupos de apoyo a la población privada de libertad nacionales o extranjeras;

23) Elaborar los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de los fines del Instituto;

24) Elaborar, aprobar y ejecutar anualmente al menos un programa de trabajo para los (as) privados de libertad por cada establecimiento penitenciario;

25) Para el mejor desempeño de su cargo, el Director(a) Nacional, tiene la facultad de poder distribuir sus funciones a los Sub-directores(as) Nacionales en la forma que el considere oportuna sin que esto lo excluya de las responsabilidades de dichas funciones; y,

26) Las demás que determine la presente ley, sus reglamentos y otras leyes.”

 

“ARTÍCULO 18.- Los Sub-Directores Nacionales deben cumplir con los mismos requisitos que el(la) Director(a) Nacional,  En el ejercicio de su cargo, debe cooperar con el(la) Director(a) Nacional en los aspectos administrativos, de gestión,  de seguridad y técnicos que éste le asigne, o estén establecidos en esta Ley y sus Reglamentos, y lo sustituirán en casos de ausencia o impedimento físico o legal de acuerdo a la delegación que éste haga.”

 

“ARTÍCULO 18 A.- Los subdirectores asistirán al director nacional en los temas siguientes:

1) La Subdirección de Gestión Penitenciaria y Administrativa: apoyara en el área de administración, la gestión de los asuntos penitenciarios y asuntos de evaluación y clasificación de las personas privadas de libertad;

2) La Subdirección de Seguridad: se encargara de los temas de seguridad, de inteligencia, y los aspectos de equipamiento y logística; y,

3) La Subdirección de Desarrollo Institucional: se encargara de lo relacionado a los planes y su implementación para asegurar el fortalecimiento y el desarrollo institucional, incluyendo la profesionalización del personal y la búsqueda de financiamiento y cooperación.”

 

“ARTÍCULO 19.-  La Inspectoría General es ejercida por un inspector general quien debe reunir  los mismos requisitos que el(a) Director(a) Nacional.”

 

“ARTÍCULO 20.- Son funciones del (la) Inspector(a) General:

1)…;

2)…;

3)…;

4)…; y,

5) Las demás que le determine el director nacional y que estén relacionadas con la naturaleza de su cargo.

La organización y funcionamiento de la Inspectoría General debe ser establecida en la ley y sus Reglamentos.”

 

“ARTÍCULO 26.- En los Centros Penitenciarios  deben mantener separados; las personas procesadas y sentenciadas, enfermos mentales, los sordomudos, los ciegos, los fármacos dependientes y cualquier tipo de personas que, sufriendo serias limitaciones físicas o mentales, queden dentro del ámbito del derecho penal y puedan ser recluidas en instituciones especializadas.

Las personas que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas pueden ser separadas del resto de la población penitenciaria, dependiendo de la etapa del tratamiento penitenciario en que se encuentren y de las disposiciones que en materia técnica y de seguridad establezca la Dirección Nacional.”

 

“ARTÍCULO 27.- Una vez realizado el estudio técnico-criminológico y la correspondiente clasificación de la persona sujeta a privación de libertad, de acuerdo con esta Ley y sus Reglamentos, se le debe ubicar  de acuerdo a su clasificación de la manera siguiente:

1)  Las Personas Privadas de Libertad clasificados como personas de alta peligrosidad y alta agresividad al Régimen de Seguridad Máxima o Alta Seguridad;

2) Las Personas Privadas de Libertad clasificadas como media peligrosidad y media agresividad al Régimen de Seguridad Media; y,

3) Las Personas Privadas de Libertad clasificadas como baja peligrosidad y baja agresividad, al Régimen de Seguridad Mínima.

Los Reglamentos deben establecer las condiciones, forma de tratamiento, régimen disciplinario, custodia, distribución numérica y restricciones de régimen de vida que corresponden a cada una de estas unidades.”

 

ARTÍCULO 33.- Son atribuciones y obligaciones de los (las) Directores(as) de Establecimientos Penitenciarios:

1)…;

2) Establecer los controles apropiados para velar por el orden, seguridad, disciplina, higiene y salubridad de los centros bajo su responsabilidad;

3) Coordinar y ejecutar, con el personal técnico del Establecimiento, los mecanismos creados por el Departamento de     Gestión Penitenciaria para lograr la readaptación social de la población privada de libertad;

4)…;

5) Garantizar, conforme a las pautas establecidas por la Dirección Nacional y el Departamento de Seguridad , Inteligencia y Logística, la seguridad de las personas privadas de libertad en el Establecimiento a su cargo y de las personas encargadas de organizar las actividades técnicas, laborales, educativas y de salubridad dentro del mismo;

6) Comunicar a la Dirección Nacional y al Departamento de Gestión Penitenciaria, así como a los familiares de las personas privadas de libertad, las defunciones, enfermedades incurables y accidentes graves que ocurran en el Establecimiento que dirige;

7)…;

8) Rendir a la Dirección Nacional informes periódicos de las actividades ordinarias del Establecimiento e informar inmediatamente de los hechos extraordinarios que en él ocurran;  Notificar periódicamente al Departamento de Gestión Penitenciaria, las sanciones disciplinarias que se impongan a las personas privadas de libertad en el Establecimiento a su cargo, para su registro;

9)…;

10)…;

11)…;

12)…;

13)…;

14)…;

15)…;

16)…

17) Ejecutar, supervisar y garantizar la implementación de los programas de trabajo dictados por el Director Nacional del instituto Nacional Penitenciario, y;

18) Las demás que establezca esta Ley y sus Reglamentos.

El (la) Sub-Director(a)  del establecimiento penitenciario debe cooperar con el (la) Director(a)  del establecimiento penitenciario en los aspectos administrativos y técnicos que se le asignen, o estén establecidos en esta Ley y sus Reglamentos, y le sustituye en casos de ausencia o impedimento físico o legal.”

 

“ARTÍCULO 35 A.- Créase la Academia Nacional Penitenciaria como órgano responsable de organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los procesos de formación del personal de la carrera penitenciaria.

La Carrera de Personal de Servicios Penitenciarios constituye un sistema técnico, reglado cuyas directrices permiten al personal ascender sucesivamente a cada grado jerárquico, ocupar cargos, recibir títulos y reconocimientos que determine la ley,  así como cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que le corresponde según su posición y categoría dentro de un sistema jerarquizado y disciplinado, fundado en disposiciones legales.

El personal de la Carrera de Servicios Penitenciarios se regirá por su propio estatuto, el personal administrativo, técnico de servicio, de los departamentos y delas unidades se regirá por lo dispuesto en la ley de servicio civil y el reglamento regulara su funcionamiento.”

 

“ARTÍCULO 38.- Los miembros de la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario están sujetos a la obligación de recibir y aprobar, antes de quedar en posesión del cargo, los cursos de inducción, rehabilitación, reinserción y formación teórica y práctica que imparta la  Academia Nacional Penitenciaria.  Asimismo, en el transcurso de su desempeño como miembros de la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario, deben recibir y aprobar los cursos de formación y especialización que la Academia imparta.

Ninguna persona puede ingresar a trabajar en el Sistema Penitenciario Nacional, sin haber cumplido los requisitos de formación que exigen esta Ley y sus Reglamentos. Excepcionalmente, en casos calificados y establecidos por esta

Ley y el Reglamento de la Carrera de Personal de Servicio Penitenciario, puede contratarse personas sin que reúnan las exigencias de las disposiciones anteriores. Las personas contratadas bajo esta modalidad, no forman parte del personal de Carrera y deben cesar en sus funciones una vez que concluyan sus contratos o terminen las causas que motivaron su reclutamiento.”

 

“ARTÍCULO 40.- En cada Centro Penitenciario debe funcionar un Consejo Técnico Interdisciplinario, organizado por el Departamento  de Gestión Penitenciaria   del  Instituto Nacional Penitenciario (INP) bajo la coordinación del Director del Establecimiento, el cual es un órgano colegiado e integrado por profesionales de la medicina, psiquiatría, psicología, del derecho, trabajadores sociales y de otras disciplinas que se considere necesarias, quienes deben estar sujetos a las políticas establecidas por el Consejo Directivo del Instituto y las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan.”

“ARTÍCULO 46.- Cada Centro Penitenciario debe contar con los servicios de maestros, psicólogos, trabajadores sociales e instructores técnicos necesarios para coadyuvar en la rehabilitación, reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad a la sociedad al cumplir sus penas. Este personal debe integrar diversos equipos técnicos que asesoren a los (las) Directores(as) de los establecimientos en las áreas creadas por el Departamento de Gestión Penitenciaria  del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional.”

“ARTÍCULO 51.- Tratamiento Penitenciario Progresivo es el conjunto de acciones graduales fundadas en Ley, ejecutadas por el personal de un Centro Penitenciario, previamente razonadas y orientadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho establecimiento de conformidad con las políticas dictadas por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), con el fin de prevenir la reincidencia y habitualidad y fomentar en las personas privadas de libertad el respeto a sí mismas, los conceptos de responsabilidad y convivencia social, la voluntad de vivir conforme a la Ley y, en definitiva, lograr su adecuada reinserción social.”

“ARTÍCULO 56.- Las sanciones que deben imponerse por la comisión de faltas disciplinarias son las siguientes:

1)…;

2)…;

3)…;

4)….;

5)…;

6)…;

7)…;

8)…;

9) Aislamiento en celdas, destinadas para tal fin, dentro del centro penitenciario y en su defecto a las de otro centro penitenciario que cuente con las mismas.

10) Reevaluar la clasificación de peligrosidad o de agresividad  la persona privada de libertad.

 

En ningún caso se debe aplicar a la persona privada de libertad, medidas disciplinarias distintas a las anteriores.”

“ARTÍCULO 59.- Los medios de coacción sólo pueden aplicarse cuando concurran las circunstancias siguientes:

1)…;

2)…; y,

3)…;

En todo caso, lo ocurrido debe comunicársele inmediatamente al servicio médico del respectivo Establecimiento Penitenciario, al Departamento de Seguridad, Inteligencia  y Logística,  y a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP).”

“ARTÍCULO 66.- El número de personas internas en cada establecimiento debe estar preestablecido en relación con su capacidad real y no excederse a fin de asegurar una adecuada convivencia.

En el caso de que el número de personas internas en un Establecimiento Penitenciario alcance el máximo permitido, el (la) Director(a) Nacional, debe proceder a distribuir la población penitenciaria en otros establecimientos, notificando en su caso  a los respectivos Jueces de Ejecución.

Cuando se lleve a cabo la distribución poblacional por agotamiento de la capacidad máxima de un Establecimiento Penitenciario, se debe velar porque las personas internas de mayor antigüedad accedan a la Etapa de Pre liberación o libertad condicional, si es posible, dentro del marco de la Ley.

En todo caso, el traslado de personas internas se debe realizar a los Establecimientos Penitenciarios más cercanos al lugar de residencia de sus familiares.”

“ARTÍCULO 68.- Se prohíbe a todo el personal penitenciario:

1)…;

2)…;

3)…;

4)…;

5)…;

6)…;

7)…;

8)…;

9) Organizar o participar en manifestaciones o huelgas en contra de la institución por tratarse esta de seguridad nacional, y;

10) Las demás conductas que esta Ley y sus Reglamentos establezcan como prohibidas.”

“ARTÍCULO 73.- En todos los Establecimientos Penitenciarios se debe permitir a las personas privadas de libertad la lectura de periódicos, revistas y libros de libre circulación en el país, adecuados a sus necesidades de instrucción, formación y sana recreación, siempre y cuando estos sean autorizados y controlados por la  dirección del establecimiento penitenciario.

Se exceptúa los casos en los cuales de acuerdo al tratamiento penitenciario de la persona privada de libertad, por mandato de la ley o los reglamentos restrinjan tal derecho para tales efectos, la administración penitenciaria debe fomentar la organización de bibliotecas fijas o ambulantes.”

“ARTÍCULO 76.- La asignación del trabajo a la persona interna se debe hacer bajo las modalidades siguientes:

1)…;

2) Trabajo comunitario ordenado por el Juez de Ejecución, de conformidad a las modalidades que éste dispongan, en coordinación con el Departamento de Gestión Penitenciaria  del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y el (la) Director(a) del Establecimiento Penitenciario;

3) Trabajo contratado por personas naturales o jurídicas de carácter privado, para ser realizado dentro de los Centros Penitenciarios, siempre y cuando la práctica de esta actividad laboral haya sido autorizada por el(la) Director(a) del Establecimiento, previo dictamen favorable del Departamento de Gestión Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INP); y,

4) Otras modalidades autorizadas por el  Director  del Instituto Nacional Penitenciario (INP), previa solicitud de su Director(a) Nacional y dictamen favorable del Departamento de Gestión Penitenciaria  del Instituto, siempre que no contraríen los fines y principios del Sistema Penitenciario Nacional y los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de la República.”

“ARTÍCULO 83.- Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse periódicamente en forma oral y escrita, con sus familiares, allegados y abogados defensores, en los días y horas establecidas, y en la forma que autoricen los Reglamentos, debidamente vigilado y supervisado por la autoridad penitenciaria.”

“ARTÍCULO 86.- Todos los Establecimientos Penitenciarios deben contar con un área especialmente acondicionada para visitas. Para mantener la seguridad no se debe permitir el ingreso de visitantes a otras zonas distintas a las acondicionadas para este propósito, las cuales podrán ser en todo tiempo monitoreadas y supervisadas por la autoridad penitenciaria.”

“ARTÍCULO 88.- La Dirección del Establecimiento Penitenciario, previo el informe favorable de consejo técnico disciplinario y del Departamento de Seguridad, Inteligencia y Logística, puede autorizar salidas de personas internas en el Establecimiento a su cargo en los siguientes casos:

1)…;

2)…; y,

3)….”

“ARTÍCULO 89.- Las personas internas pueden gozar del beneficio de recibir visitas íntimas de su cónyuge o compañera(o) de hogar en instalaciones o dependencias adecuadas para ello, la frecuencia del otorgamiento de este beneficio debe ser objeto de regulación por razones de salubridad y otras circunstancias calificadas en el Reglamento; exceptuando de este beneficio a las personas privadas de libertad que son consideradas de alta agresividad o alta peligrosidad.”

“ARTÍCULO 91.- El traslado individual o colectivo de personas internas de un Establecimiento Penitenciario a otro, o de un Establecimiento Penitenciario a sede judicial, sólo puede ser ordenado por el Director Nacional y por los (las) Directores(as)  de los respectivos Centros Penitenciarios. Se debe procurar no exponer a la persona interna a la curiosidad pública. El traslado está exento de publicidad y debe efectuarse en medios higiénicos y seguros de transporte. Se debe establecer en los Reglamentos las precauciones que a adoptarse para prevenir evasiones, las cuales en ninguna circunstancia deben causar molestias innecesarias o sufrimiento físico a la persona interna.”

“ARTÍCULO 92.- El traslado de personas internas que cumplan condena de un Establecimiento Penitenciario a otro, debe ser comunicado al Juez de Ejecución con al menos veinticuatro (24) horas de antelación; exceptuando los traslados de personas privadas de libertad calificadas de alta peligrosidad o agresividad por razones de seguridad,  se comunicará al juez de ejecución al momento que se realice el traslado.

Este traslado también debe ser informado por la autoridad penitenciaria al apoderado legal del interno(a)  y al  representante de Derechos Humanos que esté a cargo en la Institución.”

 

CAPÍTULO V

DE LOS REGIMENES ESPECIALES

SECCIÓN I

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL Y PRELIBERACIÓN

 

“ARTICULO 98 A. PRELIBERACION. El beneficio de pre liberación es un mecanismo de reinserción, otorgado por la autoridad penitenciaria que permite la liberación progresiva de la persona privada de libertad. El reglamento de la ley dispondrá los requisitos y procedimientos para poder gozar o suspender dicho beneficio.   No podrán ser beneficiarios los Privados de Libertad que se encuentren cumpliendo condena por la comisión de delitos para los cuales no aplican las medias sustitutivas a la prisión preventiva, según lo establece la legislación vigente.”

 

“ARTÍCULO 98 B.- Las personas internas que gocen de Libertad Condicional  quedan bajo el cuidado y vigilancia del Juez de Ejecución, y las personas privadas de su libertad que se les otorgue el beneficio de proliferación quedan bajo el cuidado y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario; en ningún caso se debe confiar su vigilancia a organismos policiales o de seguridad.

Para efectos de vigilancia, control y supervisión de estos beneficios podrá hacerse uso de mecanismos electrónicos destinados para tal fin, con la debida autorización y reglamentación  de la autoridad correspondiente.”

 

“ARTÍCULO 99.- Derogado.”

“ARTÍCULO 106.- No habrán otros propietarios distintos al Instituto Nacional Penitenciario en (500)  metros a la redonda de los establecimientos penitenciarios, se declara de interés público y prioridad nacional al reubicación de los centros penitenciarios que actualmente funcionen en áreas urbanas.

Las tierras que se encuentren alrededor de los centros serán expropiadas de acuerdo a La Ley Especial de Simplificación para los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública. Queda prohibido que las municipalidades otorguen permisos de operación para cualquier tipo de negocio o actividad en contravención de esta norma.”

 

“ARTICULO 106 A.- Queda terminantemente prohibido de fotos, videos o cualquier otra forma de registro electromagnético de imágenes de los establecimientos penitenciarios, se exceptúan las que estén enviadas por leyes y convenciones internacionales o las que sean previas y autorizadas por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario.”

“ARTICULO 106 B.- Queda prohibido el sobre vuelo de instalaciones penitenciarias de todo tipo de aeronaves piloteadas directa o remotamente. Los encargados de seguridad de los centros penitenciarios están autorizados de derribar las aeronaves que violen esta norma.”

ARTÍCULO 109.- Derogado

ARTÍCULO 110.- Derogado

ARTÍCULO 111.- Derogado

ARTÍCULO 112.- Derogado

ARTÍCULO 113.- Derogado

“ARTÍCULO 114.- TRANSITORIO .La Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario debe presentar los proyectos de reglamento de la presente Ley al Poder Ejecutivo en el plazo máximo de sesenta  (60) días contados a partir de su toma de posesión.”

“ARTÍCULO 115.-  Los Establecimientos Penitenciarios deben implementar en sus puntos de acceso, mecanismos de control que eviten el ingreso, entre otros, de armas, municiones, droga, estupefacientes, teléfonos celulares y cualquier otra sustancia o material prohibida por las Leyes y Reglamentos, etc.; para lo cual debe dotársele de los medios tecnológicos tales como: detector de metales, Rayos X y otros, así como el personal idóneo y capacitado.”

ARTÍCULO 116.- Derogado

ARTÍCULO 10.- El presente Decreto entra en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial  de la República “LA GACETA”.

 

 

 

 

 

 

 

Dado en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los ________ del mes de Enero del año dos mil diecisiete (2017).

 

 

 

MAURICIO OLIVA HERRERA

Presidente

 

 

 

 MARIO ALONZO PÉREZ                        ROMAN VILLEDA AGUILAR

Secretario                                                               Secretario

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