HomeInternacionalAmnistía afirma ‘violencia institucional’ se agravó en Nicaragua en los últimos meses

Amnistía afirma ‘violencia institucional’ se agravó en Nicaragua en los últimos meses

MONTEVIDEO, URUGUAY

(Spútnik) Nicaragua ha sufrido un agravamiento de la violencia institucional desde el informe sobre Nicaragua que presentó Amnistía Internacional (AI) el 29 de mayo pasado, dijo a Sputnik la directora de la ONG internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas.

«Desde el momento que lanzamos este informe (en mayo pasado) hemos visto un agravamiento en el nivel de violencia institucional, una violencia ya mucho más selectiva con ataque a población civil, han desmovilizado los tranques (barricadas y bloqueos de vías realizados por la oposición) de manera brutal en manos de la policía y, sobre todo, de grupos paraestatales que operan en colusión con las autoridades», dijo Guevara-Rosas quien se encuentra de visita en Montevideo para presentar el informe «Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua».

Esa información brindada por Guevara-Rosas a esta agencia se trata de datos preliminares de la misión de investigación de 10 días en Nicaragua que culminó AI el 31 de julio «en varios puntos del país en donde se han cometido graves ataques en contra de la población civil», indicó.

Con los últimos datos, la organización actualizará el informe «Disparar a matar» que se basó en una misión de investigación de AI en ese país centroamericano entre los días 4 y 13 de mayo.

Guevara-Rosas añade que en la última misión de julio, AI ha visto «un número importante de personas que han sido detenidas arbitrariamente, vemos una persecución y una criminalización en contra de las personas defensoras de los derechos humanos y de líderes que representan diferentes sectores ante el diálogo, una Alianza (Cívica) que se ha creado de distintos sectores de la sociedad».

Además de la activista, la delegación de AI en Uruguay incluye a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y a Graciela Martínez, representante del Movimiento de Madres de Abril, que reúne a familiares de víctimas de la violencia en Nicaragua.

El 1 de augusto de tarde, AI presentará su informe en el parlamento uruguayo, donde también hablará de los datos preliminares de la misión de julio.
Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Guevara-Rosas dijo que los fallecidos en el país por la crisis son más de 300, sin embargo la cifra de víctimas fatales varía de acuerdo a las fuentes que la proporcione.

La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó el 26 de julio en conferencia de prensa que, según sus datos, 448 personas fallecieron en el país desde que comenzaron las protestas.

Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrāo, informó el 24 de julio pasado, a través de la red social Twitter, que 295 personas fallecieron desde abril por los enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos oficialistas.

Sin embargo, el presidente de Nicaragua negó esas cifras y dijo esta semana a la cadena de noticias CNN que en su país murieron 195 personas desde abril pasado.
El Gobierno atribuye el derramamiento de sangre en su país a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un «golpe blando» en su contra, mientras los detractores de Ortega afirman que se debe a la represión de fuerzas oficialistas.

A raíz de la situación que vive Nicaragua, en los últimos meses «ha aumentado exponencialmente» el número de solicitudes de asilo de habitantes de ese país en Costa Rica, informó en un comunicado la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Desde abril Costa Rica ha registrado alrededor de 8.000 solicitudes de la condición de refugiados de nicaragüenses y alrededor de 15.000 más recibieron citas para su posterior registro debido a que las capacidades nacionales de procesamiento se vieron desbordadas, según autoridades costarricenses, consigna Acnur en el texto de prensa.

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