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Aprobación de ley de extradición en Honduras

Por : Juan Alfaro Posadas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, recomendó esta semana la aprobación de la Ley de Extradición en Honduras para dar “mayor claridad, certeza y confianza” en cada uno de esos procesos.

Tras apuntar que no hay un artículo en la Constitución de la República, sobre esa materia, dijo que la “normativa debería ser ejecutada por una legislación especial u ordinaria, con los requisitos fundamentales”.

Argueta Pérez también expresó que temas como los de procedimientos y las condiciones en cuanto a medios de impugnación, deben prevalecer en las solicitudes de extradición.

El titular del poder Judicial manifestó que “nos regulamos por un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia anterior; esa por principio universal es una regla de carácter más administrativo que desde el punto de vista propiamente jurisdiccional”.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia recomendó que la normativa sea concreta, con carácter de ley especial, a efecto de que regule detallada, contundente y certeramente el procedimiento de la extradición.

En 2012, bajo presiones de Estados Unidos, el Congreso Nacional – rectorado por Juan Orlando Hernández Alvarado -, aprobó la reforma del artículo 102 de la Constitución de República, que prohibía la expatriación de hondureños para ser juzgados por un Estado extranjero.

Tanto Hernández Alvarado como el entonces mandatario nacionalista, José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, tuvieron que viajar de emergencia a Estados Unidos a “recibir instrucciones” sobre la reforma a dicho precepto constitucional, y de esa manera dar rienda suelta a las extradiciones de compatriotas, para ser juzgados en aquella nación.
Esa reforma constitucional dio lugar a que la Corte Suprema de Justicia emitiera un auto acordado, que abría las puertas a las extradiciones de compatriotas hacia Estados Unidos, por narcotráfico y terrorismo.

De esa forma, en 2014 se entregó al primer hondureño a la justicia estadounidense, identificado como “El Negro Lobo”, por narcotráfico. Hasta la fecha, 23 connacionales han sido extraditados, y otros tres permanecen a la espera de ser enviados a Estados Unidos.

Otros hondureños habían sido entregados anteriormente, a la justicia del Tío Sam, al margen de la Constitución y las leyes, como es el caso de Haneman en el gobierno nacionalista de Ramón Ernesto Cruz Uclés, a principios de los años 70s, y en 1988, en la administración liberal de José Simón Azcona del Hoyo, cuando se permitió que la DEA se llevase a Ramón Mata Ballesteros.

En febrero de 2020, Argueta Pérez “no consideraba indispensable” la discusión y aprobación de una ley de extradición, aduciendo que los magistrados de la CSJ trabajaban con el artículo 102 de la Constitución y el auto acordado que detalla algunos procedimientos, tras recibirse la solicitud de envío de uno o varios compatriotas.

En la actualidad, Argueta Pérez es partidario que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Extradición, para dar mayor “certeza” en cada uno de los procesos, según él.

No se sabe qué elementos podrían haber contribuido a que el Presidente del poder Judicial cambiase de opinión de un año para otro.

La verdad, es que en Honduras no hay independencia de poderes, y Argueta Pérez actúa como un títere del señor Hernández Alvarado, que manipula en su beneficio la institucionalidad hondureña.

El caso de la extradición ha venido a ocupar en los últimos días, importantes espacios en los medios de comunicación social, luego que el delincuente internacional Axel Gamaliel López, que estafó al Estado de Honduras con la compra de los hospitales móviles basura, apareció la semana pasada en Miami Beach, Estados Unidos, participando en una feria de equipos médicos, burlándose del pueblo hondureño.

El Ministerio Público, como ente acusador del Estado, informó hace unos dos meses que se pidió la captura de Axel López a través de un juzgado, y que éste lo había hecho del conocimiento de la Policía Internacional (Interpol).

Sin embargo, el señor López está tranquilo en Estados Unidos, gozando de la protección de las autoridades de ese país, y en la feria ha puesto como ejemplo a Honduras, de haberle comprado en forma “exitosa” siete hospitales móviles.

El señor López no vendrá a nuestro país, en virtud que el fraude con los hospitales móviles chatarra, se hizo de manera consensuada, con Juan Orlando Hernández Alvarado, Marco Bográn, Alex Moraes y otros funcionarios públicos.

A los ciudadanos no nos queda otra opción que castigar con el voto a los corruptos y vende patria del régimen “cachureco”, en las próximas elecciones generales del 28 de noviembre, para que jamás vuelvan al poder de la nación.

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