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Argueta ordena sacar juzgado de cuartel militar y trasladarlo a tribunales antiextorsión

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El titular del Poder Judicial de Honduras, Rolando Argueta, ordenó la salida del denominado juzgado de jurisdicción nacional que opera en las instalaciones de Fusina y sea trasladado a los juzgados antiextorsión.

El alto juez dijo a periodistas que a partir de este mes se efectuará el traslado de la instancia que dirige el cuestionado Claudio Aguilar y  «estamos preparados para las próximas semanas y proceder ese traslado de jurisdicción nacional».

La principal razón por la que se movilizará el juzgado es porque opera en un cuartel de las FFAA y, por tanto, su actual ubicación no es la correcta.

Desde hace varios meses se había acordado que Aguilar saliera de la sede de Fusina ya que surgieron denuncias de los que una vez fueron imputados y que lograron recobrar su libertad  en el sentido que se les violentó sus derechos.

Aguilar tiene la mala fama de enviar a prisión a los detenidos en operativos que realiza la fuerza multitarea que fundó el titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández en 2014; uno de los afectados fue un niño de 10 años, quien permaneció procesado porque el togado jamás observó que era un menor de edad y se le acusó de haber pagado una fuerte suma de dinero para asesinar a una persona.

El apoderado del menor, Óscar Cálix, consideró en su momento que no se lo puede juzgar porque la legislación penal ordena que sólo los mayores de 14 años pueden ser sujetos a un juicio y «el expediente que pende contra él es estrictamente para mayores de edad».

«A ellas las detuvieron porque les dijeron que tenían orden de captura…con el menor no se han atrevido en irlo a detener a su casa o escuela cuando él sale de segundo grado», declaró el litigante en una entrevista con este periódico.

La orden de captura contra el niño fue emitida desde el cuartel militar José Trinidad Cabañas, donde opera el juzgado, y el Ministerio Público pidió una orden de captura, «por lo que se violaron garantías constitucionales y al debido proceso, porque en ningún momento se debió dar una orden de captura contra el menor y esos casos los debe conocer un juzgado de la niñez».

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