martes, diciembre 1, 2020
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Armando el rompecabezas: así se lucran empresas protegidas por el orlandismo (PARTE I)

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La red criminal que asaltó el gobierno de Honduras ha hecho jugosos negocios mediante “prestación de servicios” que poco o nada han servido a los intereses de la población.

El caso de los 19 millones de dólares del fallido proyecto de digitalización del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), administrado por “los Tetos” y el pago de sobornos a exdirectivos del organismo revelan el alto grado de corrupción que se han registrado en los negocios hechos por cuadros del poder con varios gobiernos, en particular, los nacionalistas.

Otras empresas que han aprovechado la coyuntura para hacer negocios, tienen en efecto, relación con altos funcionarios o han sido grandes proveedores del Estado, por lo que se han dado hasta el lujo de vender papel higiénico hasta equipo de limpieza y médico quirúrgico. A fin de cuentas, tener buenos contactos en la administración pública permite tener acceso a contratos que salen de los impuestos de los hondureños.

ConfidencialHN ha podido acceder a centenares de documentos y evidencias que demuestran el favoritismo para empresas y corporaciones que se han lucrado con los recursos del público durante los últimos años; algunos contratos han sido aprobados en su momento por el Parlamento controlado por el oficialismo y la indiferencia o falta de denuncia de las bancadas opositoras ha facilitado el drenaje de multimillonarios montos.

NEGOCIOS EN POPA. Por ejemplo, el decreto 006-2014, publicado en La Gaceta el 14 de junio de 2014, revela el uso de préstamos de organismos internacionales para el proyecto de eficiencia energética, decretando la aprobación de todos los contratos celebrados por el gobierno, incluso el crédito 4536-HN, pues fueron destinados al consorcio Indra-Sasa o Sistemas Abiertos, representado por el Grupo Popa.

Esta consorcio, según el documento número uno de la licitación Promef-BM-LPI-004-2012, por un monto de 12 millones 987 mil 316d dólares o 267 millones 408 mil 836 lempiras de la época, que fue firmado por el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Emil Hawit Medrano y el grupo Indra, representado por Rodolfo Javier Leonardi y Sistemas Abiertos, cuyo representante era Emerson Haresh Pacheco.

Asimismo, según documentación analizada, hay otra licitación para Sistemas Abiertos, en la cual sólo participa una empresa, pues las demás se retiraron de la licitación; participó un oferente que fue descalificado a propósito porque no cumplió con las bases de licitación, que era de 54 millones 962 mil 525 lempiras y la transferencia de fondos, según el decreto, fue de 54 millones 795 mil 790 lempiras, resultando en una diferencia de unos 166 mil 735 lempiras a favor de la licitación.

La empresa BT, descalificada del proceso, presentó una oferta por 31 millones 590 mil 072 lempiras, mientras que Sistemas Abiertos casi duplica su propuesta, tras haber presentado una oferta de los 54 millones y una garantía bancaria por un millón 452 mil lempiras exactos y su competidor apenas 631 mil 801 lempiras, de acuerdo al acta de recepción y apertura de ofertas para mejorar la infraestructura de la red de comunicación de la ENEE, firmado en su momento por María Teresa Santos, Óscar Rolando Martínez, Elia Virginia Medina, Eva Guadalupe Rojas y Victoria Laínez, todos miembros de la estatal eléctrica.

Por estos dos contratos, el consorcio se agenció de unos 322 millones de lempiras que fueron aprobados en circunstancias no esclarecidas por las autoridades; además, la Ley de Contratación del Estado no establece límites a los contratos que suscriba con oferentes, aunque, en este caso, se evidencia el favoritismo para beneficiar a esta empresa que se ha lucrado de haber hecho cuantiosos y fabulosos contratos.

Respecto al Grupo Popa, la comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), reveló en su momento –al igual que la Compañía de Servicios Múltiples de los Tetos–, obtuvo un contrato para el sistema de gestión hospitalaria, del paciente y el IHSS por unos 784 millones de lempiras, la cual tiene inconsistencias y falencias en controles internos, según la auditoría 11/2013 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El proyecto resultó un colosal fracaso e inconmensurable costo para las finanzas del IHSS ya que el equipo no se utilizó y, en tanto, el Ministerio Público mandó a confidencialidad los expedientes respecto a este acto autorizado por la gestión de Mario Zelaya, quien se encuentra preso por el megafraude a la institución que supera los siete mil millones de lempiras, según estimaciones preliminares.

MENTIR PARA GANAR. El 19 de diciembre de 2014 fue firmado un contrato entre la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras y Sistemas Abiertos para la prestación de servicios en el suministro de cintas, tóner y otros para el equipo informático de la institución.

No obstante, la Oficina Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (ONCAE) objetó el contrato al alegar que Sistemas Abiertos mintió ya que dio información falsa respecto a las bases de la licitación que realizó en su momento la CNBS.

La resolución fue firmada por René Sagastume y, a pesar que hay una acción legal respecto a la licitación que beneficia a Sistemas Abiertos, Deras la rubricó, de acuerdo al contrato firmado el 19 de diciembre de ese año y que tiene en su poder Honducompras, bajo el código LPN-N3-20140001.

El valor del contrato, refrendado por Deras y el representante de Sistemas Abiertos Emerson Haresh Pacheco Echeverri, es de dos millones 365 mil 054 lempiras.

EL LEVIATÁN DE LOS NEGOCIOS. Las empresas Cosem, Sistemas Abiertos y Reytel se convirtieron en una suerte de Leviatán: los negocios que realizaron con el Estado se convirtieron en apocalípticos y la población ha pagado con sus impuestos los contratos cedidos a estas compañías.

La mayoría de estas empresas “ganaron” y “perdieron” considerables contratos hasta por una diferencia de 500 mil lempiras, según una revisión del dossier que ha analizado con detenimiento este periódico. De hecho, hay una relación entre las empresas con cuadros influyentes en el régimen nacionalista presidido por Juan Orlando Hernández.

¿Qué tanta influencia tuvieron estas empresas para no ser penalizadas? En el caso de Reytel, fue sujeto de readecuación de un contrato sobrevalorado por prestación de servicios de internet. La presidenta de la junta interventora del IHSS, Vilma Morales, explicó en 2015 que “lograron” anular el contrato de nueve millones de lempiras suscrito con Reytel por el servicio de internet.

En 2015, Radio Tv Globo confirmó nexos de parientes que son socios de Reytel con el régimen nacionalista; no aparecen en el listado de saqueadores del IHSS. En el caso del dueño de la empresa, ha hecho negocios con el Estado e hizo su fortuna en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo.

LOS GARCÍA CARÍAS. Y es que las investigaciones indican que Milla tiene nexos con Julia García Carías, hermana de Ana García Carías, esposa del titular del régimen nacionalista, y se ha dedicado hacer negocios y vender servicios a particulares utilizando infraestructura de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), en particular, con los cables submarinos Maya y Arcos.

Para poder ofrecer tales servicios, debe tener autorización de Hondutel y Conatel, donde su hermano Marco Midence es el actual comisionado.

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