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Parlamento de Honduras evalúa a los que buscan dirigir el Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Parlamento de Honduras abrió el jueves las audiencias para evaluar a los cinco candidatos para ocupar la titularidad del Ministerio Público.

La sesión fue programada para hoy a las 3:00 de la tarde donde se discutirán los resultados de las audiencias que se están realizando a quienes buscan suceder a Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar.

Cada candidato tendrá una media hora para responder las interrogantes que están efectuando los miembros de la comisión parlamentaria que fue creada por mandato del presidente de la cámara Mauricio Oliva.

ABRAHAM ALVARENGA. Las audiencias comenzaron alrededor de las 8:00 de la mañana y el primer participante fue el actual procurador general Abraham Alvarenga Urbina.

El aspirante, visiblemente nervioso, admitió ser militante del Partido Nacional; no obstante, aseguró que en caso de ser electo como titular del organismo acusador se encargará de aplicar la ley sin «miramientos políticos».

Alegó que desde su cargo como abogado del Estado se ha dedicado a «ganar demandas» que habían sido interpuestas en tribunales por trabajdores despedidos de oficinas públicas y «capacitamos personal; siempre hay demandas que se pierden por la naturaleza de los juicios, así como hay posibilidades de ganar, se pueden perder«.

Se comprometió a mejorar las capacidades del Ministerio Público en caso de ser electo titular y añadió que colaborará con el Poder Judicial para combatir el delito y crimen.

Además, consideró que los operadores de justicia y aparatos anticorrupción deben someterse a pruebas de confianza «para tener la certificación del personal para que se pueda tener la garantía que trabajan de forma correcta».

Pidió a la sociedad que confíen en él porque cuenta con los requisitos para ejercer las funciones de fiscal general a fin de reducir la impunidad y aquellos casos en los que interviene por ley el Ministerio Público.

CARLOS ROBERTO CÁLIX. Por su parte, el aspirante Carlos Roberto Cálix cuestionó la mora judicial que hay en Honduras y las limitaciones que ha tenido el organismo acusador, por lo que respalda el programa nacional de reducción de la mora.

Asimismo, consideró que debe fortalecerse el papel de los tribunales de sentencia del Poder Judicial a fin de que se pueda contribuir a buscar sentencias basadas en ley.

El presidente de la comisión dictaminadora, Mario Pérez, pidió a Cálix que pasara por alto la pregunta del legislador Edgardo Casaña en torno al papel que tomaría para juzgar a los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. «Pase por alto esa pregunta, no perdamos tiempo», dijo Pérez al candidato.

En cuanto al papel del fiscal en los procesos judiciales, consideró que se deben proporcionar las herramientas legales y logísticas a fin que se puedan conseguir sentencias condenatoras ante un tribunal.

Respecto al papel de la MACCIH y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), consideró que son equipos de acompañamiento al Ministerio Público, pero la responsabilidad debe recaer en el fiscal para que haya una aplicación correcta de la ley.

“Es una lucha que se ha venido haciendo en el país no desde ahora sino desde antes, la MACCIH ha venido a fortalecer, pero quien tiene la última palabra es el Ministerio Público”, pormenorizó.

DANIEL SIBRIÁN BUESO. El actual jefe de la división legal del Ministerio Público afirmó que se debe fortalecer la investigación criminal para «garantizar los derechos sociales y el fortalecimiento de la tutela de los derechos a favor de la víctima».

Sin embargo, afirmó que se han presentado falencias en áreas claves como Medicina Forense, a pesar de que tanto jueces como fiscales si bien se basan en ley para seguir con el debido proceso, pero no suelen haber condiciones ya que no cuentan con el presupuesto que debería ser del tres por ciento del total del presupuesto general.

«Una gran parte del dinero que recibimos (unos mil 800 millones más un monto extra) se está yendo en sueldos y salarios y no contamos para las pruebas científicas y técnicas», comentó.

Durante su intervención, se dedicó a defender la gestión del actual fiscal general Óscar Chinchilla porque, a su juicio, «se ha enrumbado al Ministerio Público y la planificación debe ser fortalecida para la persecución penal y modernización administrativa».

Exigió al Congreso que le debe dar el tres por ciento del presupuesto general, que manda la Constitución, para tener resultados en el combate al delito.

Sobre la exhibición de los imputados de delitos, consideró «que es un problema de manos» y en caso de convertirse en fiscal trabajará en la implementación de protocolos para que la fuerza pública no prosiga con la presentación de los imputados ante los medios por la Policía.

“Tengo un plan de trabajo que gira sobre dos ejes, el primero fortalecimiento institucional para garantizar la persecución penal bajo los términos de los tratados de derechos humanos y para eso creo que es necesario garantizar una planificación de persecución penal en delitos de altos impacto”, indicó.

HERMES MONCADA. En tanto, el aspirante señaló que su compromiso es dar seguimiento al trabajo hecho por Chinchilla en el «fortalecimiento de la institucionalidad«.

Asimismo, aseguró que aplicará la ley a quienes han venido cometiendo delitos ambientales y darle más capacidades a los miembros del Ministerio Público para la mejora de las tecnologías en la prueba científica.

Añadió en su intervención que “a lo largo de los estudios y mapas de denuncia nos muestran que no solo se debe fortalecer las fiscalías anticorrupción, también la fiscalía de la mujer y medioambiente”.

El candidato precisó que entre sus planes es convertir la Dirección de Medicina Forense en una escuela de formación técnica y se comprometió en especializar las unidades que están adscritas al órgano acusador.

Sostuvo que “debe ser un compromiso serio y formal, no solo debe existir durante las elecciones. Es mi compromiso a darle continuidad a lo que ya se ha venido haciendo”.

“Nos interesa que las fiscalías regionales y locales tengan cada uno de los elementos, técnicos y de personal para perseguir el delito”, detalló en su intervención.

LIDIA ESTELA CARDONA. La también exmagistrada de la Sala Constitucional del Poder Judicial afirmó que proseguirá con la agenda que dejará el actual fiscal Chinchilla.

En su intervención ante la comisión, detalló que el plan desarrollado por el fiscal jefe porque ha sido efectivo para combatir la criminalidad organizada y delincuencia común.

Cardona sostuvo que presentó su postulación porque reúne todas las condiciones para ejercer el cargo; no obstante, se basó en el trabajo del alto funcionario, pues «ha hecho mucho por el combate a la criminalidad y todos los días vemos el trabajo del Ministerio Público para el combate a la criminalidad”.

Entre sus planes está la modernización de la unidad de Medicina Forense a fin de tener pruebas científicas que ayuden a solidificar los casos para que el juez pueda dictar sentencias condenatorias con base a la carga probatoria.

Al respecto, opinó que “hay carencias de Medicina Forense, pero para tener más médicos deben tener capacitaciones, es un buen proyecto el crear un nuevo instituto de Medicina Forense, eso ayudaría a esclarecer los delitos. Los médicos forenses hacen un papel importante en las investigaciones”.

Exigió que se eleve el presupuesto al operador de justicia y hacer un estudio profundo para determinar qué fiscalías necesitan más apoyo para que puedan cumplir con su trabajo.

En desarrollo…

 

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