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Congreso aprueba en primer debate ley para controlar redes

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Congreso de Honduras aprobó en primer debate la Ley de ciberseguridad que pretende ejercer controles en las redes sociales para impedir «campañas de odio».

Según la norma, se crea una estrategia nacional, un comité interinstitucional, un consejo de veeduría social, Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética y multas que van de 50 mil a un millón de lempiras.

En el proyecto de ley se crea el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, el cual estará integrado por las instituciones siguientes:
1) Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
2) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
3) Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa.
4) Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
5) Sistema Nacional de Emergencia.
6) Ministerio Público (MP).
7) Corte Suprema de Justicia (CSJ).
8) Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
9) Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
10)Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.
11)Sistema de Administración de Rentas (SAR).
12)Registro Nacional de las Personas (RNP).
13) Instituto de la Propiedad (IP).
14) Dirección General de la Marina Mercante.
15) Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
16) Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.
17) Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP).
18) Banco Central de Honduras (BCH).
19) Secretaría de Justicia Gobernación y Descentralización.

El Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, debe formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

El comité debe elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en un plazo no mayor a seis (6) meses luego de la publicación de la presente ley y para su funcionamiento, conformará una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, como ente encargado de velar por la ejecución de las políticas aprobadas por el comité.

Mediante la ley, también se crea el Consejo de Veeduría Social, como un mecanismo de participación social a través del cual representantes de instituciones de la sociedad pueden dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, para lo cual podrán emitir informes de seguimiento al Comité y participar en las reuniones de este cuando su participación sea solicitada por el mismo, por lo menos dos veces al año.

El Consejo de Veeduría Social estará integrado por las instituciones siguientes:
1. Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
2. Colegio de Periodistas de Honduras.
3. Colegio de Abogados de Honduras.
4. Sociedad de Internet Honduras.
5. Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (ASETEL).
6. Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
7. Consejo de Educación Superior.
8. Representantes de Sociedad Civil Organizada.
9. Foro Nacional de Convergencia FONAC.
10.Asociación de Cableoperadores de Honduras.
11.Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras.
12. Representantes de la Iglesia Católica y Evangélica.
La coordinación del Consejo de Veeduría Social durará un año y será rotativa en el orden establecido en el párrafo anterior. El funcionamiento del Consejo de Veeduría Social, será conforme al reglamento especial que para tal efecto, como consejo aprueben.

Asimismo, se crea el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, como una dependencia de la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, el cual, dentro de otras funciones que se le asignen, se encargará de la recepción de denuncias de los afectados por contenido ilegal que se difunda a través de Internet.

El proyecto de ley también establece sanciones que consisten en multas que van desde los 50 mil a un millón de lempiras hasta la suspensión y bloqueo del sitio, conforme al reglamento que para tales efectos se establezca.

No obstante, organizaciones defensoras de la vida alertaron que con la ley se pretende imponer una mordaza ya que prevé censura previa y violación a la libertad de expresión.

Según los denunciantes, la ley es subjetiva en los contenidos que «incitan al odio y la discriminación», y en el aspecto legal atribuyendo las figuras delictivas de injuria, calumnia, ciberterrorismo o terrorismo electrónico e incluso establece el bullying cibernético.

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