HomeNacionalAsesinato de 65 periodistas reafirma el peligro de informar en Honduras

Asesinato de 65 periodistas reafirma el peligro de informar en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Alrededor de 65 periodistas fueron asesinados en Honduras entre 2003 y 2015 según un conteo preliminar hecho por ConfidencialHN.

Entre los asesinados se encuentran comunicadores, camarógrafos, operadores y personal administrativo de medios de comunicación que fueron ejecutados de manera violenta en varias partes de Honduras.

Asimismo, casi el 100 por ciento de los crímenes contra trabajadores de la información han quedado en la impunidad; la Policía Nacional y operadores de justicia se han limitado a decir qué siguen investigando las causas que causaron la muerte de los miembros del gremio.

La mayoría de las ejecuciones ocurrieron en el interior del país, específicamente, en zonas donde los periodistas denunciaron actos de corrupción de las autoridades o violaciones a DDHH cometidos por miembros de la fuerza pública.

Estos casos tampoco han sido resueltos por las autoridades.

Durante 2015 y 2016 el país fue considerado el segundo más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo superado únicamente por México. Durante ese período, la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) documentó diez casos de muertes violentas de informadores.

En su momento, el organismo denunció que los periodistas ultimados “eran víctimas de un perverso recrudecimiento del neo terrorismo promovido por los altos niveles de poder de una clase política corrupta. Generalmente de gente poderosa escala local, municipal, departamental y nacional”.

A pesar de las alertas hechas por organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión, el Estado hondureño poco o nada ha hecho para poder esclarecer las causas que motivaron el asesinato de informadores y se ha hecho de vista gorda al justificar que muchos de los crímenes no estaban relacionados con el ejercicio de la profesión.

Sobre el tema, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana Derechos Humanos, Edison lanza, indicó que los crímenes contra los más de 60 periodistas hondureños “son un duro golpe a la libertad de expresión”.

Aunque el Congreso aprobó la Ley de protección para periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, no ha sido efectiva, a juzgar por el crimen cometido contra el periodista del canal HCH, Igor Padilla, ejecutado la tarde del martes en la norteña ciudad de San Pedro Sula.

Y es que con el nombramiento de la cuestionada fiscal especial de la niñez, Nora Urbina, como jefa del Comité de protección de periodistas, poco o nada se ha hecho para garantizar la integridad física de quienes ejercen uno de los oficios más peligrosos de la región, sólo por detrás de las fuerzas de seguridad y defensa.

A la fecha, ningún sospechoso de haber matado periodistas se encuentra procesado judicialmente; muchos de los casos no han pasado de la etapa de la investigación al no “existir” pruebas concluyentes que pueden determinar del porqué fueron asesinados o si tuvieron amenazas de muerte.

También se suma la histórica indiferencia del colegio de periodistas de Honduras que sólo se ha limitado a proteger los intereses de sus agremiados. Quienes no forman parte de Colegio, no son tomados en consideración o son ninguneados por el simple hecho de no tener un título universitario que los acredite como comunicadores.

La violencia contra el gremio se desató tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 cuando se reportó el crimen de Gabriel Fino Noriega quién denunció la asonada militar en la estación para la que laboraba en la localidad de Tela, en el caribeño departamento de Atlántida.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha pedido en reiteradas ocasiones que se persiga, se juzgue y se condene a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas sin que hasta el momento tal petición haya sido escuchada.

Para la organización, los periodistas se han convertido en “blancos de ataque por exponer la corrupción entre los actores poderosos expresar opiniones en temas sensibles e informar sobre el crimen organizado”.

Además, pidió al Parlamento que despenalice los delitos de calumnia, injuria y difamación, sobre todo, relacionado con los funcionarios quienes aprovechan las querellas como armas para silenciar y neutralizar a periodistas críticos.

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