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Asfixiante corrupción

(Por Edmundo Orellana) Los casos de corrupción denunciados por el CNA exigen una respuesta del MP. Es su deber constitucional, legal y moral, en su condición de representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad.

Ninguna justificación es admisible ante tan abrumadora evidencia de la existencia del hecho delictivo. Es tan claro su rastro que sorprende el cinismo de los supuestos responsables. No hay duda de que actuaron convencidos de que nada les ocurriría, sin importarles la visibilidad del hecho y su relación causal.

Cuando de perseguir la corrupción se trata, a los investigadores hondureños no les resulta tan difícil descubrir los casos e identificar a los responsables, porque a estos no les importa dejar su impronta personal en el hecho delictivo. Así ha sido siempre. Basta, en efecto, seguir la pista del dinero, en cheques del Banco Central, en transferencias presupuestarias o bancarias, en ejecuciones de contratos, etc. Ni con esa nueva modalidad de usar ONG, dejó de ser burdo el proceso de evadir dinero público hacia bolsillos particulares, porque fácilmente fue detectado, como también lo fue el intento, según el exvocero de la MACCIH, de falsificar facturas para justificar el uso de los fondos otorgados, bajo esa modalidad, a los diputados corruptos.

El problema es el Poder Judicial. La excusa en el pasado fue el proceso, por complejo y complicado; se sustituyó por el oral y público, supuestamente, expedito y, no obstante, el problema continúa. Pretextos abundan para no avanzar en las causas, sea por la importancia del imputado o por el temor de exponer las redes de corrupción. El problema es la falta de independencia del juez, que, nunca como ahora, se ha evidenciado con esas decisiones que favorecen a la “red de diputados”, aunque ello implique negarse como poder independiente, permitiendo que les cercenen su potestad de juzgar.

También es problema del fiscal. Lo que ha quedado al descubierto con los casos denunciados por el CNA en el mismo día que el MP presentaba su informe de supuestos éxitos, atribuibles, en una buena medida, al impulso de la MACCIH, lo que no justifica relegar aquellos casos, por la abundante evidencia existente.

Tampoco se entiende por qué ha ignorado las exigencias de la MACCIH para priorizar el caso del Consejo de la Judicatura y las presiones internacionales para identificar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. En ambos casos, Jiménez Mayor ha señalado la negligencia de los fiscales responsables de estas investigaciones, quienes han desobedecido, incluso, órdenes directas de proceder, según el exvocero de la MACCIH, provenientes del mismo fiscal general. Lo que es inadmisible en el MP, cuya unidad representa, justamente, el fiscal general, a quien compete, originariamente, ejercer de oficio la acción pública penal y que los agentes fiscales ejercen por delegación de aquel. En este esquema jerárquico no cabe que un fiscal desobedezca una orden del fiscal general, salvo que exponga las razones que, a su juicio, le impidan proceder.

Que no haya avances significativos en la lucha contra la corrupción es responsabilidad del MP y del Poder Judicial, indiscutiblemente. A estas dos entidades se debe que, en el Informe de Transparencia Internacional del 2017, nuestro país aparezca como el tercero en Centroamérica con mayor percepción de corrupción.

No hay duda de que estamos en un momento crucial de nuestro devenir. El país se hunde, ante la irresponsabilidad de la OEA y la indiferencia de la cooperación internacional, irremediablemente en las profundidades pestilentes de la corrupción, mientras el insaciable apetito del gobierno fustiga al hondureño con impuestos y aumentos de precios, agudizando sus problemas económicos y sociales. Mala combinación en momentos que el pueblo indignado reclama en las calles por la ruptura constitucional del 27 de enero.

Por eso, debemos destacar el heroísmo de la abogada Gabriela Castellanos y de su equipo que, desafiando las amenazas de destitución provenientes de miembros de la Asamblea General del CNA, entre los más iracundos algunos de los llamados “hombres de Dios”, se enfrenta al sistema de impunidad, exponiendo su integridad física y su vida al denunciar con nombre y apellido a quienes supuestamente son los responsables de esos crímenes de lesa humanidad, porque, cuando se perpetran contra un pueblo flagelado por la pobreza extrema como el nuestro, alcanzan, indiscutiblemente, la dimensión de un genocidio.

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