sábado, noviembre 28, 2020
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Así opera red de políticos y empresas para drenar dinero por emergencia de coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Cuarta parte) La emergencia por el coronavirus se convirtió en una oportunidad de oro que el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández no iba a dejar pasar para asegurarse al menos del 33 por ciento del actual presupuesto general de Honduras (unos 80 mil millones de lempiras) al tener a su servicio una oscura red de operadores para drenar esos recursos a fin de garantizarse impunidad por cuatro años más, ya sea quedándose enquistado en el palacio José Cecilio del Valle o colocando a un pelele en la silla presidencial que le dé seguridad de no ser entregado a la justicia de EE.UU. por sus vínculos con el narcotráfico.

¿Quiénes están detrás de la movilización irregular de dinero y por qué son cuadros útiles a los intereses de Hernández? El hecho de que no se dé información en torno a los gastos de la emergencia, sumado a la dilapidación de dinero en las compras sobrevaloradas de insumos, maquinaria, hospitales móviles, sumado a las campañas de terror que emprende el mismo jefe de Estado, es orquestada por mentes perversas que buscan, aparte de quedar bien con su amo, seguir saqueando los recursos públicos sin ser apenas perseguidos por el fiscal general, otro socio ideal de esta megatrama corrupta.

Radio Globo y ConfidencialHN, presentan en esta nueva serie de investigación los nombres, cargos, parentescos, afinidad política y cuáles han sido sus papeles en este proceso de saqueo y blanqueo de capitales que terminarán sirviendo para financiar la campaña electoral de noviembre de 2021.

En las relaciones que han ido estableciendo ambos medios, también se encuentran empresarios y gente del denominado aparato social de la economía, quienes se han sumado al discurso de terror de Hernández para mantener a la sociedad sumida en la incertidumbre.

Algunas de estas personas también están relacionadas con cuentas y empresas creadas en paraísos fiscales como Panamá y Bahamas que les permite poder lavar dinero que está siendo desviado y aprovechan el mutismo en la rendición de cuentas al alegar que los precios de los productos se encarecieron por su escasa disponiblidad en el mercado global.

También se encuentran algunas empresas que fueron salpicadas por el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que costó a los ciudadanos un poco más de 350 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones conservadoras.

En pocas palabras, desde el mismo Estado, en complicidad con la empresa privada se constituyeron mafias para robar el dinero público.

MISMAS CARAS, VIEJOS VICIOS. Ambos medios llegaron a la conclusión, tras una extensa comprobación de nexos cómo esta red de personas aprovecharon sus relaciones con el poder político para vender productos sobrevalorados, actuar con ventajismo en relación a sus principales competidores y cómo supieron usar las empresas de fachada para mover dinero subterráneo.

Entre los principales vendedores de productos biomédicos al Estado se encuentra Grupo GYT SA de CV, inscrita en la CCIT con la matrícula 100900001251 y con Registro Tributario Nacional 08019012458482 y ubicado en la residencial Los Soles, propiedad de Juan José Lagos Romero, quien fungió en su momento como presidente del club deportivo Real de Minas y ha sido uno de los proveedores del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Una búsqueda revela que esta persona y su padre Juan José Lagos, están asociados con unas seis empresas, entre ellas, Citycomp, Alphatec, el mismo Grupo GYT, la editorial Impulso Empresarial y Gestión y Tecnología, por lo que aprovechó su relación marital con Zelaya, para entablar gruesos negocios, recibiendo trato preferencial con las anteriores autoridades del RNP.

Radio Globo y ConfidencialHN supieron de primera mano que entre los giros comerciales que ha tenido GYT ha sido la venta de papel de seguridad y posteriormente migró a comercialización de productos blindados como chalecos y cascos.

Se pudo encontrar un documento respecto al acta de recepción de ofertas, correspondiente a la licitación pública 11/2015, efectuada por el Banco Central de Honduras (BCH) en el que se constata que Grupo GYT participó en la oferta de 30 cascos, 80 chalecos y 10 camisetas, todas blindadas, por un total de tres millones 348 mil 842 lempiras.

De la noche a la mañana, saltaron de estos rubros a la venta de productos biomédicos mediante negocios preferenciales que entabló con Inversión Estratégica de Honduras (Investh).

La orden de compra 019-2020 del 8 de abril de 2020 señala que se le pagó a GYT un total de 50 millones 836 mil 500 lempiras por la compra de un total de 474 mil mascarillas N95, producidos por la multinacional estadounidense 3M, a un precio unitario de 107.25 lempiras y que debieron ser entregadas el pasado 15 de abril.

HIJO DE PINEDA CONECTADO CON BUENOS NEGOCIOS Y EMPRESAS OFFSHORE. Las indagaciones también concluyeron que uno de los hijos de José Juan Pineda, actual presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), identificado José Alejandro Pineda Moncada -vinculado a la venta de productos biomédicos- también supo repuntar sus negocios por una sencilla razón: está casado con Cinthya Bográn, hermana menor del director de Investh, Marco Bográn, quien a su vez es el sobrino del excanciller Arturo Corrales Álvarez.

Algunas fuentes reconfirmaron que Pineda Moncada, más conocido como Choche entró en componendas con David Chávez Madison, para facilitar la controvertida compra de hospitales móviles a la empresa turca Elmed Medical Systems Inc., por un monto de 47 millones 462 mil 500 dólares (mil 175 millones 537 mil 435 lempiras con 87 centavos).

Los documentos que obtuvo Radio Globo ConfidencialHN sostienen que Bográn recurrió a intermediarios como el guatemalteco y veterano de guerra Axel López, quien es el gerente de mercadeo de la firma turca y cuya sucursal está asentada en Florida y Choche fue la punta de lanza en el fabuloso negocio.

Un hecho a destacar que Chávez -exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre 2010 y 2014- fue el padrino político de Pineda para ocupar en 2016 un alto cargo en el TSC, como una compensación a la lealtad que le profesa el magistrado-activista; en el fondo, constituyó un pago de favores para bloquear cualquier investigación futura que comprometiera al actual jefe de bancada nacionalista. A la fecha, el Ministerio Público hace la vista gorda para no emitir requerimientos fiscales respecto a escándalos que salpican la gestión de Chávez.

Las conexiones halladas apuntan a que Pineda Moncada es socio de la empresa de maletín Arre Enterprises SA, asentada en Panamá bajo el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 155629363-2-2016 y constituida a perpetuidad el 5 de septiembre de 2016 con un capital de 10 mil dólares a través del bufete Arrocha y Compañía.

Hasta la fecha esta empresa no ha tenido operaciones, aunque sus directivos han sido rotados, según se pudo constatar.

Para reafirmar la veracidad de estas conexiones familiares y políticas, ambos medios tuvieron acceso a una imagen en la que aparecen Bográn, su hermana y su hijo que concibió con el retoño del magistrado del TSC y Marco Bográn, en la celebración de bautizo realizado en una fecha no determinada.

Panamá sigue siendo considerada por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económic0 (OCDE) como un paraíso fiscal ya que permite la inscripción de empresas offshore o fuera de su jurisdicción original en un país donde la tributación es cero y terminan siendo constituidas como entidades usadas por cárteles de la droga y funcionarios corruptos para el lavado de dinero.

Luego que se revelaran los Panama Papers, se ordenó la desaparición de estas sociedades que se mantenían en secreto, sin embargo, Arre Enterprises sigue funcionando y no hay evidencias de que haya sido disuelta por las autoridades panameñas.

Al respecto, el sitio especializado en empresas fachadas Offshorebankshop.com  define que «la característica principal de una sociedad offshore es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es decir, el paraíso fiscal le haría tributar como cualquier sociedad registrada en el país y los tipos impositivos serían muy similares a los de una empresa constituida en un país de altos impuestos».

Otros conocedores de estos temas sostienen que esta clase de sociedades mercantiles también son creadas para defraudar a empresas y personas.

Una de las empresas que fue sindicada en el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Dimex Medical, está participando en las entregas de productos biomédicos al Estado por más de cuatro millones 732 mil dólares y cuyo socio es Juan Francisco Melgar Milla, abrió una empresa offshore en Panamá a través de la firma Millenium World International Corp. SA. 

Se pudo constatar que este socio de Dimex, es director de la empresa asentada en Panamá, de acuerdo a los registros públicos de esa nación y comparte cargo con Hermes Iván Bertrand Soto, socio de las compañías Dexter Corporación, Medicamentos, Equipos y Distribuciones SA y Zeus Laboratorios.

CONFLICTOS DE INTERESES. Los oferentes, contratistas, empresas que se han enriquecido en el contexto de la actual emergencia, también entraron en serios conflictos de intereses, pues terminaron siendo juez y parte, pues contaron con el silencio del régimen nacionalista.

Radio Globo ConfidencialHN también comprobaron tras intensas búsquedas en varios lotes de documentos que uno de los partícipes, Óscar Sady Orellana, empleado de Dimex, está prestando servicios de consultoría a Investh. Este ejecutivo elaboró las especificaciones del equipo médico y se encargó de eliminar a toda la competencia al especificar al organismo que solo la referida casa comercial lo distribuye, por lo que hubo una grotesca ventaja con relación a futuros oferentes.

Asimismo, se pudo constatar que esta persona también es miembro de la sociedad Biomedical. El registro mercantil de Francisco Morazán, administrado por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) señala que los socios son Karen Ingrid Galindo Castellanos y Guillermo Arturo García Jovel, según el protocolo 788 emitido por el notario Arnaldo García Hernández el 11 de mayo de 2005

Uno de sus hijos, Óscar Sady Orellana Galindo, prestó servicios a la empresa Dimex Medical, de acuerdo a las pistas que se le pudieron seguir. Una captura de pantalla que pudieron verificar los investigadores de los dos medios dan constancia que Orellana Galindo acudió a varias actividades de Dimex en el interior del país; el 25 de octubre participó en la exhibición de productos hospitalarios en Juticalpa y de acuerdo a la publicación de Facebook, el mismo Orellana Galindo dio la opción me gusta, por lo que se confirma este nexo.

Su padre, de oficio ingeniero eléctrico y con identidad 0401-1970-000404, según hace constar el contrato de prestación de servicios de consultoría CI-DCPV-112-20, del 24 de marzo de 2020, se dedica a analizar las necesidades del equipo médico para cada hospital móvil -comprados a la empresa turca Elmed Medical Systems-, así como la elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de equipo médico.

También tendrá a su responsabilidad la verificación de que los hospitales móviles tengan las condiciones para la instalación y operación del equipo médico; el apoyo a la recepción y verificación de que los aparatos estén de acuerdo a las especificaciones técnicas, así como a la supervisión de su instalación para que funcione de manera correcta.

Por realizar esta consultoría, Investh le pagará un total de 15 mil dólares, a razón de un sueldo de dos mil 500 dólares mensuales y se dedicará de manera exclusiva a la prestación de sus servicios, por lo que no podrá ejercer funciones como socio de Biomedical, ni de Dimex; pero allanó el camino para vender sin mínimos estorbos cuanta maquinaria y tecnología médica sea posible. Sin embargo, tanto el consultor como el jefe de Investh decidieron pasar por alto la cláusula referente a los conflictos de intereses, según estipula el apartado noveno del contrato suscrito. Por lo tanto, Orellana está obligado a decir a Bográn que ninguno de sus parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad y puedan «tener conflictos de interés con el contratante». «El consultor revelará completamente a el contratante cualquier circunstancia que pueda surgir durante la prestación de servicios», indica el contrato analizado.

AMIGOS EN POLÍTICA Y LOS NEGOCIOS. Esta clase de conflictos, curiosamente, ocurre con aquellos que pudieron estar sindicados en casos  de corrupción, también alcanza a altas figuras del Partido Nacional como Juan José Lagos y el actual presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) Mario Canahuati.

Un chequeo de datos pudo confirmar que Lagos fue precandidato a diputado y posteriormente como designado presidencial por la corriente de Canahuati, quien se postuló en 2008 a la presidencia y perdió la partida contra el expresidente Porfirio Lobo.

En una entrevista concedida a un medio capitalino el 4 de julio de 2016, Lagos confesó que «iba como candidato a diputado por el Partido Nacional pero en el transcurso del tiempo, el precandidato Mario Canahuati me pidió que fuera su designado presidencial, y perdimos contra la corriente de Pepe Lobo, esa fue mi fugaz carrera política… No obstante he trabajado en los diferentes planes de gobierno, tanto de Pepe Lobo y de Juan Orlando Hernández, me he involucrado ayudando y siempre me han llamado para que exponga sobre algunas ideas del tema de la micro y pequeña empresa y eso les ha ayudado, incluso me atreví que en las elecciones de que ganó Ricardo Maduro o del Mel Zelaya hice un plan de apoyo a microempresa…».

Respecto a Canahuati, logró conseguir para la AHM un contrato de tres millones 150 mil dólares para la fabricación de  nueve millones de mascarillas, a un precio de 35 centavos de dólar (8.70 lempiras); en su momento, tanto el dirigente maquilador como el jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández se congratularon por el acuerdo.

«Llegamos a un acuerdo con la Asociación Hondureña de Maquiladoras para producir 9 millones de mascarillas, que pueden ser lavadas y reutilizadas quince veces. Esta es la empresa privada que el país necesita: solidaria con el pueblo», dijo Hernández a través de su cuenta de Twitter. En el fondo, pretendió engañar a la sociedad al decir que era un aporte del gremio, pero documentos que obtuvieron y corroboraron Radio Globo ConfidencialHN, indican lo contrario. 
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