lunes, noviembre 30, 2020
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Así purgaron a oficial que no quiso «blanquear» expediente de jefe policial Félix Villanueva

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El resultado de negarse a cooperar en el saneamiento al expediente del director de la Policía Nacional Félix Villanueva: de secretario ejecutivo y oficial asistente a vigilante del Museo de la Policía Nacional fue la recompensa que obtuvo el subinspector Andrés Torres Peralta.

Aparte de ser degradado, se suma la purga realizada por la Comisión Especial Para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras.

Documentación en poder de ConfidencialHN, demuestra cómo el oficial Andrés Torres, fue purgado por la Comisión Depuradora que, a pesar de jactarse de su ardua labor, por los momentos continúa ignorando la documentación que demuestra su error al “cancelar por reestructuración” en su comunicado 23 a quien ocupó importantes cargos dentro de la extinta Direcciona Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la nueva Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

comunicado-23

Según la documentación, la  conspiración contra el oficial Andrés Torres comenzó el pasado mes julio cuando un asesor legal de la DPI  identificado como “el abogado Rómulo” solicitó ilegalmente realizar el trámite “resolución a pasivo” la hoja de servicio del Director de la Policía Nacional Félix Villanueva, presunto responsable de cometer los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

En ese sentido Rómulo, sin la documentación completa, a pesar de ser abogado y supuestamente comprender los procedimientos administrativos que deben realizarse por la naturaleza de su cargo, pretendió que el oficial Andrés Torres incurriera en el delito de abuso de autoridad al pasar al anonimato el expediente de Villanueva.

En ese entonces, Villanueva según el sistema denominado Nacmis (Manejo Nacional Automatizado de Casos y Sistemas de Información, en inglés) tenía una denuncia por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de José Joel Escalante Cardoza, emitida bajo resolución OP/80 del 6 de enero de 2016.

 

“No presentó la documentación completa, no incluyó la hoja del Ministerio Público que detallará que la denuncia contra Villanueva se encontraba cerrada, en vista que dicha denuncia se encuentra abierta aún, al explicarle eso a Rómulo, él salió molesto exigiendo que el pasivo debía realizarse porque era del director de la policía, y no la de un particular”, reza el escrito.

«NEUTRALIZAN» EXPEDIENTE. En la turbia solicitud de Rómulo, se incluyó únicamente la solicitud a cambiar a pasivo el antecedente policial de Villanueva; la hoja de antecedentes policiales donde se confirma que fue denunciado, la constancia de antecedentes judiciales, tres constancias que enumeran las cualidades de Villanueva, un Recibo de Pago de Ingresos Corrientes, dejando por fuera la constancia que emitió el organismo acusador para demostrar si una denuncia ya fue cerrada.

Sin embargo, a pesar de la ilegalidad de tal solicitud, en la resolución de la DPI-NO-2620-2016, las autoridades determinaron aceptar la solicitud un mes después de la petición de Rómulo asegurando que en la narración de los hechos, Villanueva “en ningún momento figura como denunciado”, por lo que el “peticionario es procedente a acceder” a la solicitud porque en la “denuncia no constituye un antecedente policial”.

resolucion

Cabe reiterar, que uno de los requisitos para poder dejar en pasivo los antecedentes policiales es adjuntar la Carta de Libertad Definitiva Original, en los casos que fueron remitidos a los juzgados; Auto de Cierre Definitivo del caso conocido por el operador de justicia y, si es una denuncia, se debe “presentar constancia del Ministerio Público de la regional donde se interpuso la denuncia”. La documentación nunca fue presentada.

DEPURADORES EN SILENCIO. A pesar que el depurado subinspector está amparado por el articulo 82 de la Constitución de Honduras y por el artículo cinco del decreto 21-2016  publicado en el diario oficial La Gaceta número 34,003, donde literalmente se expresa “la Comisión Especial de Depuración presidida por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para cumplimiento de lo establecido en la presente ley debe conceder a los miembros de la policía nacional Audiencia de Descargo (…) el ejercicio del derecho de Defensa, previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que se imputen”.

 

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