ASJ y Carlos Hernández trafican con influencias para chantajear al gobierno y acceder a privilegios

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Quinta parte) La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de la mano de Carlos Hernández, se convirtió en un cártel de la sociedad civil que terminó legitimando y avalando las acciones de los tres gobiernos nacionalistas presididos por Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

Para ello accedió a información oficial clave a fin torcer el brazo al Ejecutivo, en una suerte de extorsión, a cambio de cuotas de poder en comisiones interventoras en las secretarías de Salud, Seguridad, Educación y otras que están en la mira de la oenegé que se ha vuelto una de las más poderosas y temidas en Honduras.

Antes de 2013, esa entidad apenas se encargaba de proteger por los derechos de los vigilantes, los cuales eran violentados por ilegales empresas de seguridad y con la llegada de Hernández comenzaron a escalar a posiciones de privilegio, mediante el chantaje de guante blanco por lo que se encargaron de idear una estrategia que les facilitara doblegar voluntades en las oficinas estatales, hicieran zancadillas a personajes del poder que eran intocables hasta volverse todólogos.

No obstante, esa codicia desmedida los llevó a encubrir actos de corrupción, en especial, en el sistema sanitario y las intervenciones -anunciadas con bombos y platillos- se terminaron convirtiendo en un monumental fracaso. La falta de medicamentos en los hospitales es una arista del desastre de cada incursión promocionada desde ASJ y patrocinada por el gobierno.

INCAPACIDAD. De hecho, la organización es la principal responsable del descalabro en el sistema sanitario y de propiciar una incuantificable cantidad de actos de corrupción en Salud ya que fueron incapaces de implementar o aplicar mecanismos y controles para la buena administración en la recepción, almacenamiento y distribución de las licitaciones y compras directas de fármacos.

La trama inició en 2012 cuando se envió una nota firmada por el asesor de ASJ, Douglas Molina, a la unidad de transparencia de Salud para pedir información sobre las condiciones del Almacén Central de Medicamentos y las bodegas ubicados en los hospitales San Felipe, Centro de Salud Las Crucitas y el Hospital Regional de Atlántida, la cual fue negada y Hernández, aprovechando la Ley de transparencia, presentó un recurso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para exigir el derecho de ingresar a los establecimientos a “analizar”.

Sin embargo, días después, la exsecretaria Roxana Araujo autorizó mediante oficio 2236-10-2012 la entrada a las instalaciones, alegando que la organización efectuaría tal inspección a fin de generar propuestas “para contribuir a mejorar los procesos relacionados con el manejo de medicamentos en la Secretaría de Salud”.

El proceso de veeduría, propuestas y denuncias fue una fachada para ASJ, pues su propósito era otro: acceder a información restringida, única y exclusivamente manejada por personal sanitario; se detallaron hallazgos sobre irregularidades en la red, fallos en inventarios, incumplimiento de normas para distribución de medicinas, incapacidad administrativa para la resolución de conflictos, desórdenes, entre otras falencias que fueron puestas a luz, pero se diluyeron con el paso de los años. Las denuncias pasaron a la historia.

ESTAFA AL ESTADO. Se exigió la sustitución de un programa informático llamado Bit Menu por Farmatools para, según los proponentes, mantener controles adecuados y transparente de los inventarios. Ante la presión de los oenegeístas, respaldados por la exrectora de la UNAH e interventora Julieta Castellanos, la exsecretaria Araujo accedió a las exigencias y se mandó al olvido Bit Menu y fue aprobada la instalación de Farmatools ya que fue vendido como la “solución definitiva” a las adquisiciones de medicina; fue instalado en el Hospital Escuela Universitario (HEU), pero resultó ser obsoleto e ineficiente para los fines que fue adquirido.

Hernández, quien ha sabido sacar provecho de esta trama, tiene oculta demasiada información que podría poner contra las cuerdas del Ejecutivo nacionalista, pero se mantiene en reserva como arma de presión para no perder los privilegios que le han conferido con el paso de los años. La conspiración sirvió a la ASJ para acceder de forma “violenta” a los círculos de poder.

Por tanto, en esta investigación que realizó este periódico se deja en evidencia que la ASJ ha estado incurriendo en conflicto de intereses y hasta tráfico de influencias ya que hasta la fecha han sabido torcer el brazo al gobierno y los privilegios están a la vista: saben de salud, educación, seguridad, defensa, actos de corrupción, impunidad y muchas otras donde la sociedad civil ha permanecido ninguneada.

El hecho de ocultar información, que se ha planteado en estas cinco entregas, coloca a Hernández como el cabecilla y el patrocinador de acciones que mantienen en una profunda crisis a segmentos controlados por el Estado de Honduras. Es más, este caos organizado ha podido conformar el surgimiento de un nuevo grupo económico que controla la oferta y demanda de medicamentos, sin que bancos como Occidente puedan hacer algo para que el multimillonario fideicomiso pueda ser respetado en su totalidad.

PAGOS INÚTILES A LA ONU. Asimismo, la ASJ ha callado irregularidades e ineptitudes como las cometidas por el Programa de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés), ya que se comprometió a respaldar la gestión de compra y distribución de fármacos, ya que no se cumplió a cabalidad y por el que se pagó un millón 413 mil 840 dólares (34 millones  036 mil 501 lempiras con 39 centavos). A la fecha no hay resultados concretos sobre el tema.

Un informe de ASJ establece que las controversias -surgidas entre la Secretaría de Salud y UNOPS-, no existen mecanismos que puedan hacer cumplir el acuerdo que fue firmado para buscar transparencia, pero que no fueron cumplidas al ciento por ciento. En otras palabras, el gobierno regaló una fuerte suma de dinero al organismo especializado de la ONU cuyos resultados no se concretaron.

Sin embargo, los informes -mantenidos en bajo perfil- elaborados por la organización, no han sido del agrado de la autoridad sanitaria y asegura que los más de 34 millones de lempiras que fueron pagados están “justificados”, sin importar que los beneficios del desorden han sido para las droguerías, muchas de ellas, vinculadas al poder político. Por lo tanto, las irregularidades han sido calladas adrede por la oenegé y hasta el momento no ha formulado denuncias.

Por ejemplo, se ha silenciado las compras que realizaron las droguerías Hasther y Americana, quienes han resultado favorecidas en las adquisiciones del fideicomiso administrado por banco de Occidente, a pesar que se les ejecutaron las garantías de los contratos y tuvieron que pagar fuertes multas por entregas tardías. A ninguna de las droguerías se les prohibió de seguir participando en las licitaciones.

Ni UNOPS, ni la Secretaría de Salud, ni el banco responsable del fideicomiso entablaron medidas administrativas contra ambas casas farmacéuticas.

DINERO BOTADO. Sobre las irregularidades que silenció la ASJ están el rechazo de medicamentos entregados por la empresa Servimédica, como un lote de dicloxacilina, autorizada por el fideicomiso, entregada el 3 de diciembre de 2013, de acuerdo al oficio 36-BR-ACM, pero cuatro meses más tarde fue “rechazado” por el laboratorio del Colegio Químico Farmacéutico. Resulta que el lote fue guardado de manera irregular en el Almacén Central de Medicamentos por más de 10 meses, por lo que se incumplió cualquier proceso.

Tiempo despúes, la dicloxacilina fue analizada y volvió a ser objetada por el laboratorio oficial. A pesar del ilícito, se pagó una fuerte suma de dinero, según el oficio 0887-2015-ACM, librado el 22 de octubre de 2015, o sea, 22 meses despúes de la entrega y revisión del componente activo que resultó nefasto para la salud de las personas. En consecuencia, los 24 mil 982 frascos del compuesto químico fueron destruidos en el crematorio municipal, de acuerdo a un informe girado por la regente de recepción, Norma Ponce, a la jefa del almacén central, Miriam Lobo, al justificar que se había vencido en octubre de ese año, por lo que se reportó una pérdida monetaria en detrimento de los intereses de la sociedad.

“Se llevó a cabo la destrucción…del lote M-112 con fecha de vencimiento octubre de 2015, proceso realizado en virtud del análisis practicado a dicho producto que no cumplió con la prueba de agua reportando valores por encima de lo especificado en la USP36/2013 informado por el Colegio Químico Farmacéutico. Como testigos, se contó con la presencia de la doctora Gabriela Gómez y el doctor Jerson García, representantes de droguería Servimédica…”, detalla el documento que está en poder de este periódico.

Conocedores del tema explicaron a ConfidencialHN que el lote debió ser repuesto por la droguería para compensar el incidente ocurrido. Eso jamás ocurrió. Ni el banco, ni Salud, ni ASJ se pronunciaron. Hasta el momento, nadie da respuestas del porqué se permitió que tal medicina pasara los controles que ya habían sido impuestos por las autoridades.

Los informes de ASJ siguen a la fecha como secreto de Estado, Carlos Hernández ha optado por callarse y seguir disfrutando de las canonjías del poder.

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION