HomeNacionalAsociación de Jueces por la Democracia exige a JOH que respete la independencia judicial

Asociación de Jueces por la Democracia exige a JOH que respete la independencia judicial

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La Asociación de Jueces por la Democracia rechazó hoy la intromisión del jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández en asuntos judiciales al cuestionar las decisiones tomadas por operadores de justicia.

A través de una extensa carta, los miembros de la agrupación rememoraron unas declaraciones de Hernández en el sentido de que unos jueces de ejecución de San Pedro Sula y El Progreso declararon nulo el encierro colectivo permanente de los reos del penal de el Pozo y que lo tomó como una afrenta a la agresiva política penitenciaria que lleva a cabo.

La organización «ven con preocupación este acto que vulnera la separación de poderes y la independencia de jueces y juezas que no deben ponerse en entredicho por el presidente de otro poder del Estado. En un entorno institucional democrático las decisiones de los jueces y juezas se respetan y se acatan, y en caso de inconformidad con las mismas se recurren en tiempo y forma. Ese es el procedimiento tanto para los ciudadanos como para las autoridades».

Señalaron que el Hernández comentó el pasado 15 de julio que tal orden emanada por el sistema «a través de estos dos jueces fue que salieran», y dijo que «aquí se presenta un dilema jurídico: ¿Quién tiene la razón?».

La presidenta de la asociación, Fanny Bennett, se basó en el artículo 303 constitucional ya que «establece que la impartición de justicia debe hacerse independiente e imparcial y debe garantizarse esa independencia para así garantizar el debido proceso legal, un proceso justo, y que las decisiones jurisdiccionales se acaten de manera respetuosa».

La también funcionaria judicial exhortó al titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, para que «asuma su rol de garante de la independencia judicial».

«El presidente de la Corte debe pronunciarse para efecto de que haya un respeto y se garantice la separación de poderes que debe existir un Estado de Derecho», exteriorizó Bennett.

«La resolución en discusión no hace más que resolver o estimar con lugar la queja de decenas de reclusos que acudieron a los juzgados de ejecución de penas en amparo para que cesaran los malos tratos en su contra, y en un acto de tutela judicial efectiva se ordena declarar nulo el acto administrativo mediante el cual se impone la sanción disciplinaria de encierro colectivo permanente de los reclusos de ‘El Pozo’, a quienes mantenían en las sus celdas sin posibilidad de salir al área de recreación del mismo modulo», señala una parte del comunicado.

Según la resolución emanada por los jueces, está orientada al «desencierro de los centenares de reclusos que se encuentran en encierro colectivo permanente, debiendo establecerse como mínimo 8 horas diarias de tratamiento y formativas y 8 horas para el descanso. El cese inmediato de actos violentos por parte de la autoridad militar, especialmente lo concerniente a lanzarles bombas lacrimógenas y balas de goma y garantizar a los reclusos el derecho a la alimentación y a agua embolsada por ser de deficiente calidad la que abastece el centro penitenciario».

La AJD concluye en el comunicado público que «en lugar de atacar tendenciosamente las resoluciones judiciales, el Poder Ejecutivo y la autoridad penitenciaria debe situarse en su rol de garantes de la vida y la seguridad de la población penitenciaria, y aprovechar estas decisiones jurisdiccionales para enmendar las graves violaciones de derechos humanos que en aras de la seguridad acontecen en los centros penitenciarios».

Bennett agregó que «la independencia judicial no es una garantía para el juez, sino para el ciudadano. Esto significa que cualquier persona que esté sometida a cualquier proceso se le va a garantizar que cualquier juez va a responder a la ley, ajeno al conflicto y ajeno al interés de las partes, la única obligación del juez es resolver el conflicto de forma independiente, imparcial y garantizando la igualdad, el debido proceso legal, la celeridad del proceso, y cualquier otro derecho que tiene que ver con derechos fundamentales.

«Por eso es importante que la ciudadanía entienda que esto es en beneficio de la justicia como tal. Por eso la importancia que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, asuma su rol de garante de la independencia judicial».

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