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Aumentan contagios y muertes por Covid-19, ante incapacidad y corrupción del gobierno

Por: Juan Alfaro Posadas

Los contagios y muertes por la Covid-19 se han disparado en el país a raíz de la incapacidad, negligencia y corrupción del gobierno cachureco de Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA).

Así lo han revelado muchos médicos estudiosos sobre el comportamiento de este virus que nos golpea desde marzo de 2020, cuando aparecieron los primeros casos en la capital, Tegucigalpa.

La curva de la pandemia – que tuvo su punto más alto en mayo pasado – sigue creciendo ante la falta de vacunación de la población, sobre todo la más vulnerable, que es aquella mayor de 60 años.

La mayoría de decesos registrados, a causa de la Covid-19, corresponden a personas de la tercera edad, por carecer de las suficientes defensas, de acuerdo a los datos estadísticos tabulados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Los estudiosos sobre la materia, vaticinan que si la Secretaría de Salud no se organiza y compra las vacunas necesarias para aplicar las segundas dosis, es como si no se hubiese inmunizado a nadie.

Consideran que todo el esfuerzo realizado se echa a perder, luego del aparecimiento de tres nuevas variantes del virus, consideradas como más agresivas y letales.

La verdad es que el gobierno cachureco de JOHA no se preparó para enfrentar la pandemia, pero sí planificó para robarse más de mil 200 millones de lempiras, aprobados para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

Prueba de ello, son los 48 millones de dólares gastados en la compra de los hospitales móviles (basura), ventiladores mecánicos, mascarillas, gel a base de alcohol al 70 por ciento y otros insumos de bioseguridad.

Hace alrededor de siete semanas el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le aprobó a la administración cachureca 35 millones de dólares, para la compra de vacunas. A estas alturas de la emergencia, los antídotos no se han comprado, pero tampoco aparece el dinero. La gran pregunta es ¿qué hicieron ese presupuesto? ¿En qué lo gastaron? ¿Se lo embolsaron o lo tienen destinado para comprar conciencias en la campaña política?

El gobierno guarda un silencio cómplice y sepulcral al respecto, y paralelamente, comienzan a escucharse las voces de protesta de la población por la carencia de vacunas. El Estado es el responsable de salvaguardar la salud de sus habitantes, tal y como lo expresa la Constitución de la República, en vigor.

Mientras esto ocurre en el país, JOHA y más de cuarenta individuos se dan la gran vida en Europa, haciendo “tours” con los dineros del pueblo. Han recorrido Alemania, Israel y antes de retornar a Honduras a bordo del jet presidencial, se darán su “paseíto” por España.

Aquí no tenemos vacunas para inmunizar a los ciudadanos contra la Covid-19, pero sí se dispone de millones para derrocharlos en esos viajes de placer, donde JOHA también se da el lujo de ir a hacer ejercicio, bajo la protección de guardias de seguridad hondureños, y de los citados países.

Reconocidos médicos como Tito Alvarado y Marco Tulio Medina Hernández han advertido al gobierno hondureño que la segunda dosis de las vacunas, debe aplicarse 21 días después, para que las mismas no pierdan su eficacia en la inmunización contra el mortal virus, y no tres meses después, como vienen haciéndolo.

Empero, al régimen lo que le interesa es inflar las estadísticas, asegurando que se ha inmunizado a más de 400 mil personas, con la primera dosis, para influir políticamente. No obstante, con las nuevas variantes del virus, es como que no hayan vacunado a nadie.

En definitiva, ya perdimos las esperanzas en que se vaya a comprar vacunas. El régimen está empecinado en seguir con las manos extendidas, esperando las donaciones de países amigos, más las que nos obsequie la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo el mecanismo Covax.

JOHA está atento a darnos circo con esas regalías, tal y como lo viene haciendo con las de la casa farmacéutica Moderna que llegaron de Israel hace algunos meses, y el resto de AstraZeneca, Pfizer y Sputnik-V.

No nos quedan otras opciones que el derecho al pataleo, a la protesta organizada en las calles, y a negarles el voto en las próximas elecciones de noviembre, porque es lo menos que se merecen ante el rosario de actos de corrupción, marcados desaciertos, y lo que es peor, la venta de nuestro territorio, a pedazos, amparados en una ley inconstitucional.

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