Friday, Aug 23, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El juez federal Kevin Castel admitió la peticion del fiscal neoyorquino Geoffrey Berman para poner en secretividad los testimonios, vídeos, fotografías y pruebas respecto a la causa penal contra el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández, quien enfrentará juicio en octubre próximo.

La decisión del juez se basa en la solicitud planteada por el acusador federal ya que busca proteger las evidencias sobre las investigaciones que se están realizando en Honduras y cuyos resultados podrían poner en jaque al régimen nacionalista de Hernández.

La fiscalía planteó en su argumentación de que teme que la información procesada en esta etapa contra el excongresista se pueda filtrar en Honduras y termine obstaculizando procesos futuros contra otros implicados en la trama de conspiración para introducir estupefacientes a EE.UU.

Por tanto, Castel ordenó que la información contenida en las solicitudes publicas, «involucrará información confidencial sobre aplicación de la ley en investigaciones delicadas que actualmente se están desarrollando en Honduras y en otros lugares, así como información sobre actos reales y amenazas de violencia contra víctimas cuyas identidades no son públicas actualmente».

Asimismo, la medida se convierte en una prohibición expresa, tanto para el acusado, como para sus defensores, asistentes e intérpretes a fin de que «no transporten ni transmitan el material involucrado en las investigaciones fuera de EE.UU., prohibiendo que Tony o cualquier miembro de su defensa muestre o difunda el material confidencial involucrado en el juicio».

Tampoco podrán poseer ningún documento o evidencia sobre las declaraciones de los testigos que se realicen, tanto antes, durante y después del juicio «excepto cuando revise el material en presencia estricta de sus abogados, ordenando al mismo tiempo que Tony Hernández y su equipo de defensa devuelvan al gobierno, o destruyan todo el material al final del juicio o cuando las apelaciones hayan concluido».

Gran cantidad de archivos han sido liberados durante los últimos meses por el tribunal federal que preside Castel y que complican al ocupante del palacio José Cecilio del Valle, sobre quien pende también fuertes acusaciones de vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS 

Un vehículo fue tiroteado la tarde del jueves en el barrio Río de Piedras, a manos de sujetos que se transportaban desde un picop.

El hecho se registró en el momento que una camioneta Ford color gris estaba estacionado frente a un restaurante, cuando sujetos a bordo de un picop arremetieron a disparos.

Un vídeo de seguridad indica que un individuo bajó la ventana del automotor doble cabina, sacó su arma y disparó.

Por fortuna, no se reportaron víctimas fatales.

Las balas impactaron en los vidrios del vehículo estacionado y al momento del ataque no había personas dentro de la camioneta.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

“Hoy en día, la independencia del sistema judicial y otros principios democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un gran reto y desafío en Honduras”, concluyó el Relator Especial de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, al término de su visita oficial a Honduras del 16 al 22 de agosto de 2019.

“El sistema de administración de justicia, así como la clase política y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía. Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo”, añadió el experto.

Según García-Sayán, el marco normativo e institucional de Honduras presenta contradicciones y lagunas muy graves, a pesar de que sus aspectos fundamentales sean coherentes con los principios de independencia judicial y separación de poderes.

“Como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia”, dijo el relator especial. En particular, el experto auspició que no se siga difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y que en su aprobación “se garantice la participación de la sociedad y, en particular, de jueces y magistrados”.

García-Sayán también exhortó a que el Congreso considere la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General y su Adjunto.

“La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos”, dijo el relator especial.

Durante la visita, el Relator Especial puso énfasis en la importancia de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar la corrupción. Pudo constatar los esfuerzos institucionales que se han traducido en avances concretos como la creación de los juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión así como la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en el Ministerio Público.

“Insto a que la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, cumpla con lo dispuesto en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en cuanto a fortalecer las medidas de protección para la protección de la vida e integridad de operadores(as) de justicia en riesgo. Igualmente, que se investigue con debida diligencia e imparcialidad y se sancionen las agresiones de distinta índole en contra de operadores(as) de justicia”, concluyó García-Sayán.

Finalmente, García-Sayán destacó la función invalorable que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha prestado desde su instalación al sistema de justicia nacional, auspiciando que al vencerse en enero de 2020 el actual mandato de la MACCIH sea renovado consolidando y fortaleciendo sus funciones.

El Relator Especial presentará un informe exhaustivo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.