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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El analista político, Raúl Pineda Alvarado, señaló este martes que la cancelación de la MACCIH, es parte de las acciones que realiza el titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández para huir de sus acciones irregulares.

Dijo que la no renovación del convenio con la MACCIH, va tener repercusiones, “lo que ha hecho Juan Orlando Hernández y otros políticos es huir hacia adelante y se van a llevar de encuentro todo lo que sea una amenaza para su libertad y disfrute de sus bienes”.

Asimismo, apuntó «que se fueron con todo, asumiendo los riesgos», entre las opciones de ir presos o de ser enjuiciados o pelearse con los cooperantes y “ellos no vacilaron”.

El caso de la MACCIH, puntualizó que es una decisión tomada hace varios meses ante la alternativa, «no de lo que había hecho; hizo un papel modesto, si no de la potencialidad de una organización que puso a los políticos en una alternativa de ir a la cárcel o desprestigiarse».

Recomendó que lo que tiene que hacer el fiscal es analizar el asunto y en todo caso llevarse los fiscales a la fiscalía especial contra la corrupción a continuar con su trabajo.

De igual forma señaló que el problema del Ministerio Público, es del fiscal, “si es capaz y valiente va tener un Ministerio Público capaz y valiente”.

“Si el fiscal es un hombre acomodado, encubridor de la corrupción, que desarrolla el olfato al peligro, para hacer justicia selectiva, pues es lo que va tener del Ministerio Público”, dijo.

Enfatizó que lo mismo le va a pasar en febrero al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuando tenga su asamblea y empiecen a manipularla y hacer los cambios y poner gente que le sigue el juego al régimen.

La reacciones van hacer sumamente drásticas para los que están metidos en temas de corrupción, explicó.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El sociólogo Eugenio Sosa dijo este martes que el fiscal general Óscar Chinchilla está muy lejos de ser un fiscal general que necesita en Honduras.

Además, señaló que el alto funcionario tiene el desafío de seguir, no solo con todos los casos de corrupción que dejó pendiente la MACCIH, sino incorporar otras causas penales.

Recalcó que si no lo hace y se mantiene en el poder, demostrará que «es una persona extremadamente frágil como lo ha sido en otros temas para entregarse a las redes de corrupción y grupos de poder».

“Si no la va hacer y quiere tener un espacio de dignidad, que renuncie y que se vaya”, sostuvo el también analista político.

Añadió que si un funcionario que no cumple, tiene dos opciones: quedarse y hablar claramente e irse «si es que tiene miedo y mantenerse en el espacio».

Sosa sostuvo que el fiscal o se alinea con los corruptos y hace su trabajo enfrentando todos los desafíos, para que la sociedad tenga claridad “qué es lo que tenemos y lo que hemos tenido como fiscal”.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Sputnik) El exsecretario federal de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se negó a declararse culpable en una audiencia en Nueva York (EEUU, noreste) para colaborar con la justicia de EEUU, donde está detenido desde diciembre, acusado de vínculos con el narcotráfico.

«Siempre podemos discutir la disposición de negociar, pero en este punto no hay una declaración de culpabilidad», dijo el abogado del exfucionario, César de Castro.

Tres cargos que pesan sobre el exfuncionario están relacionados con narcotráfico y otro es por mentir a las autoridades estadounidenses al solicitar su naturalización en EEUU, sin embrago aún no piensa negociar con los fiscales.

En la misma corte donde fue procesado el narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, la defensa dijo que García Luna ha estado en condición de aislamiento desde el 10 de diciembre pasado, en la cárcel de alta seguridad de Manhattan, Nueva York.

La defensa indicó que «ahora es que va a comenzar a tener acceso a su familia».

El exjefe de seguridad de la administración del expresidente Felipe Calderón (2008-2012) aceptó la designación de su caso como «complejo», con lo cual su defensa y la fiscalía tendrán más tiempo para preparar sus argumentos y evidencias.

El juez Bryant Cogen otorgó 30 días a los fiscales para suministrar las pruebas que han sido anunciadas como «voluminosas, electrónicas y migratorias».

La defensa descarta la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de EEUU y decidió avanzar a un juicio a presentar y exigir pruebas.

La próxima audiencia se celebrará el 2 de abril para definir si logra derecho a fianza.

El funcionario fue detenido el 9 de diciembre en el sureño estado de Texas, EEUU, acusado de corrupción y vínculos con el Cartel de Sinaloa, fundado por «El Chapo» Guzmán, quien purga una condena de cadena perpetua en ese país.

La acusación indica que García Luna recibió maletas con tres y cinco millones de dólares como sobornos, y que fue investigado desde que se instaló en Florida, EEUU, en 2012.

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