Wednesday, Sep 18, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El juicio oral contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, que se celebra en los juzgados antiextorsión es «inconstitucional», denunció hoy el expresidente Porfirio Lobo.

Consideró que el proceso que afronta su cónyuge por fraude y apropiación indebida deberían de efectuarse en los lugares que ya establece la Constitución.

«Son totalmente inconstitucionales», aseguró el exgobernante y añadió que han habido fallos e inconsistencias durante el proceso que mantiene a su esposa privada de libertad.

Pepe aseguró que no permitirá que Bonilla sea juzgada de manera injusta porque observa anomalías que no han sido subsanadas por los operadores de justicia.

Cabe recordar que por este incidente están siendo juzgados, junto a la ex primera dama, Saúl Escobar y Mauricio Mora, a quienes lo acusan de apropiación y fraude por un total de 16 millones de lempiras.

En la actualidad, la acusada permanece privada de libertad en la Penitenciaría Femenina de Támara y sus exasistentes en la cárcel de hombres, ubicada en la periferia norte capitalina.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La ex primera dama Rosa Elena de Lobo se sometió hoy al juicio oral por ser acusada por supuestos actos de corrupción, pero podría posponerse porque uno de los sindicados no tiene defensor asignado.

La esposa del expresidente Porfirio Lobo fue llevada a temprana hora a los juzgados antiextorsión donde se realizará el juicio y durará aproximadamente un mes, según informó el Poder Judicial.

La defensa de la imputada en La caja chica de la dama interpuso durante 2018 varios recursos de amparo a su favor a fin de poder defenderse en libertad, pero fueron desestimados por los juzgados de segunda instancia.

Consideraron que las medidas contra Bonilla son una persecución política ya que los delitos por los que está siendo acusada ameritaban medidas sustitutivas.

Cabe recordar que por este incidente están siendo juzgados, junto a la ex primera dama, Saúl Escobar y Mauricio Mora, a quienes lo acusan de apropiación y fraude por un total de 16 millones de lempiras.

En la actualidad, la acusada permanece privada de libertad en la Penitenciaría Femenina de Támara y sus exasistentes en la cárcel de hombres, ubicada en la periferia norte capitalina.

(Por Edmundo Orellana)Decisiones políticas importantes se vienen tomando desde el gobierno de Lobo Sosa que son la causa de cambios trascendentales en el país, no deseados por el gobierno.

Esas decisiones, son, entre otras, aprobar la extradición de hondureños en casos de criminalidad organizada, especialmente narcotráfico, lavado de activos, y la suscripción del convenio que dio vida a la MACCIH.

En ambos casos, sin embargo, esas decisiones se tomaron por la presión que sobre el gobierno ejercieron, en el caso de la extradición, el gobierno de los Estados Unidos, y, en el de la MACCIH, el pueblo indignado. Cuando se aprobó la extradición, algunos de los que se encuentran tras las rejas en aquel país del norte, eran diputados, que, seguramente, votaron por esa reforma constitucional creyendo que jamás los alcanzaría, porque, por una parte, no se sentían amenazados, y, por otra, estaban seguros de que, en el remoto caso de que hubiera problemas, el sistema de impunidad, del que gozaban plenamente en ese momento, los protegería. Hubo resistencia, desde luego, pues la sesión en la que se aprobó fue a puerta cerrada, para evitar que la prensa se enterase de los cuestionamientos de aquellos que advirtieron de las consecuencias.

Cuando se aprobó la venida de la MACCIH, el gobierno negoció para que el convenio se redactase de modo que fuese un refugio más de la burocracia internacional, sin más producción que estudios que nadie lee y cuyo invariable destino son los archivos de la burocracia nacional, dejando intactos los órganos operadores del sistema judicial.

El gobierno se equivocó. Esas decisiones, tomadas contra su voluntad, han provocado cambios radicales en el país, no previstos ni deseados por el gobierno. En el caso de la extradición, ha generado la percepción de que todo aquel que resulte involucrado en narcotráfico o lavado de dinero que afecte los intereses de Estados Unidos, tarde o temprano estará en una corte federal de ese país, lo que se evidencia con el caso extremo de la captura del hermano del gobernante, mientras, localmente, es evidente la inactividad de las autoridades en relación con los extraditados y sus bienes, salvo algunas groseras excepciones.

La existencia de la MACCIH permitió la construcción de poderosos mecanismos en la lucha contra la corrupción, causa de dolores de cabeza para la élite política aldeana. Con el binomio ATIC-UFECIC y los juzgados anticorrupción se ha impulsado un proceso de exterminio de la corrupción, que, casi semanalmente, ofrece sorpresas de magnitud considerable, que, gradualmente, ascienden hacia los niveles más altos de la burocracia política, gubernamental y de los partidos políticos. La lucha es desigual, ciertamente. Porque, mientras el sistema de impunidad no puede oponerse a los pedidos de extradición, sí puede, y lo hace con una efectividad contundente, oponerse a las investigaciones y requerimientos fiscales de la UFECIC, y a las decisiones de los tribunales anticorrupción, vía su revisión en las instancias superiores, especialmente en el vértice, cuyos resquicios permiten la cómoda filtración de la política partidista.

No podemos negar esos cambios; de hacerlo, no seríamos objetivos. No son cambios, insisto, que vienen desde el gobierno, sino de plataformas institucionales operativas que surgieron de decisiones gubernamentales forzadas, cuya existencia y permanencia están amenazadas continuamente por acciones y omisiones del mismo gobierno, desde las más altas esferas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esas amenazas cobraron sus primeras víctimas: Jiménez Mayor y parte del equipo de la MACCIH. Pero el mecanismo sigue avanzando, apoyando las investigaciones y acciones que desde el MP se impulsan, y provocando cambios que ya son perceptibles en las altas esferas del Poder Judicial, como esa última decisión adoptada en el caso conocido como “Arca Abierta”, que, seguramente, disgusta a las élites políticas.

La amenaza más peligrosa puede hacerse efectiva muy pronto, pues bastaría que el gobierno decida no renovar el convenio de la MACCIH o lograr modificarlo a su gusto para que esa incipiente institucionalidad (UFECIC y juzgados anticorrupción) entre en un proceso de irreversible deterioro, hasta su total desaparición.

Mientras se mantengan activos estos mecanismos anticorrupción, lograrán insuflar al sistema de justicia una nueva vitalidad, transmitiéndole su independencia, objetividad y profesionalismo, para transformar el sistema de justicia formal en un sistema de justicia sustancial, es decir, de un sistema productor de impunidad convertirlo en un sistema generador de seguridad jurídica.

¿Y usted qué opina distinguido lector?