Monday, Aug 26, 2019
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BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik) La Cámara Federal de la capital argentina confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por ser la presunta responsable de una red de sobornos montada entre el Estado y las principales empresas del país, informan medios locales.

La Sala I de la Cámara Federal decidió confirmar el procesamiento y la prisión preventiva que había dictado el juez Claudio Bonadio contra la exmandataria como supuesta jefa de una asociación ilícita, informa el diario Clarín.

Bonadio puede ahora pedir al Senado el desafuero de Fernández en el marco de la investigación conocida como «los cuadernos de las coimas [sobornos]».

La Cámara Federal confirmó asimismo los procesamientos del exministro de Planificación, Julio de Vido (2003-2015) y de su mano derecha, Jorge Baratta, como organizadores de la asociación ilícita y también les imputo cohecho pasivo, al igual que a la expresidenta.

El tribunal consideró también organizadores de la asociación ilícita al exsecretario de Obras Públicas, José López (2003-2015), al financista Ernesto Clarens y al expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner.

En cambio, la Cámara federal consideró que los principales empresarios involucrados en el pago de sobornos a funcionarios de Gobierno no formaban parte de la asociación ilícita y solo confirmó sus procesamientos por cohecho, con lo cual además quedarán en libertad.

Este fallo beneficia a Aldo Roggio, dueño de Benitto Roggio e Hijos y de Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios, Luis Betnaza, director corporativo de Techint, la principal empresa constructora del país, Gabriel Romero, propietario del holding Emepa, Juan Chediack, dueño de la firma Chediack y expresidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Pescarmona, propietario de Industria Metalúrgica Pescarmona S.A., y Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y heredero del grupo empresarial familiar.

El tribunal revocó la falta de mérito que el juez Bonadio había dictado en favor de otro grupo de empresarios de «segunda línea» y los procesó por cohecho, según el medio Infobae.

Decenas de personas están procesadas en esta investigación.

El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación.

Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández.

De esos cuadernos solo se han encontrado fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.

Una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaban sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones.

La investigación fue posible luego de la aprobación de la ley del arrepentido, que permite beneficios penales a los acusados que contribuyan con la justicia.

La Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Centeno, quien también declaró como arrepentido.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

En unos seis puntos creció la confianza de la población hacia el Poder Judicial de Honduras informó hoy la corporación Latinobarómetro. 

La entidad, que opera desde Santiago de Chile, aseguró en su informe anual que el organismo judicial pasó de 19 al 25 por ciento durante 2018, por lo que se ubica en una posición media.

De acuerdo a la oenegé, la justicia de Honduras se coloca a la mitad de otros Tribunales Supremos como Brasil, Uruguay, Chile y Costa Rica, este último es uno de los más respetados en América Latina, según el sondeo.

El margen de error de la muestra es de un tres por ciento en cada país donde Latinobarómetro realizó la encuesta, pues efectuó alrededor de 20 mil 200 entrevistas.

Según la encuestadora internacional, unos 15 países en la región no tienen confianza en sus cortes de justicia, entre ellas, El Salvador 14%, Nicaragua 15%, Perú 16% y Venezuela con 18%.

Se midió el grado de confianza en la población hacia el sistema de justicia, FFAA, iglesias, fuerzas de seguridad y defensa y otras como los parlamentos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Las pláticas sobre el aumento al salario mínimo están avanzados en un 50 por ciento, aseguró el jueves el director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina.

En las conversaciones que sostienen obreros y patrones, añadió, hay un «buen ambiente» a fin de llegar a un consenso que permita un incremento al sueldo base para los próximo dos años, es decir 2019 y 2020.

Se tiene previsto que en los próximos días estén consensuados todos los puntos de la agenda que discuten las partes a fin de que sea aprobado por el presidente Juan Orlando Hernández.

Asimismo, aseguró que si las previsiones planteadas por los dialogantes se cumplen a cabalidad podría extenderse el aumento hasta 2021.

Los obreros, por su parte, expusieron que están optimistas que puedan obtener el aumento deseado para que entre en vigencia a partir de enero próximo.

En la actualidad, el salario mínimo en Honduras es de unos diez mil lempiras mensuales, no obstante, depende del número de personas que tenga la empresa.