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SAN PEDRO SULA, HONDURAS 

Una mujer fue aprehendida cuando buscaba introducir alrededor de media libra de marihuana en el penal de ultra alta seguridad el Pozo, ubicado en el occidental departamento de Santa Bárbara, informaron las autoridades.

Y es que la dama llevaba oculto el paquete en sus partes íntimas cuando fue sometida a un escáner de rayos X, por lo que se descubrió el ilícito.

La persona responde al nombre de Joseline Funes (28) quien pretendía visitar a una persona dentro del presidio, por lo que fue aprehendida por efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y enviada a la fiscalía de turno para acusarla por tráfico de estupefacientes.

Al parecer, iba a visitar a un integrante de la pandilla 18, identificado como Cristian Palacios, a quien se le sometió a una investigación para saber si él sería el receptor del cargamento.

Según el sistema penitenciario, alrededor de 30 personas han sido detenidas en lo que va del año por pretender introducir narcóticos en las cárceles hondureñas.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Spútnik) Los centros de votación en Guatemala abrieron ya para que los 8.150.221 ciudadanos empadronados ejerzan su derecho a elegir al presidente de la República, 160 diputados, 340 cargos municipales y 40 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En el consulado de Silver Spring, Maryland, votó ya el primero de los 63.267 guatemaltecos registrados para ejercer el sufragio en Estados Unidos.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Solórzano, declaró en la apertura de los comicios que más de 100.000 ciudadanos integran las Juntas Receptoras de Votos, que recibirán las boletas hasta las 18.00 hora local (0.00 GMT).

En los 2.932 centros de votación distribuidos en los 340 municipios de esta nación centroamericana serán entregadas cinco papeletas electorales para elegir a las nuevas autoridades que tomarán posesión a partir del 14 de enero de 2020.

Los más de tres millones de guatemaltecos que residen en EEUU tuvieron hasta el 17 de marzo pasado para inscribirse, y quienes lo hicieron podrán votar también en las mesas de votación habilitadas en consulados y hoteles de Los Ángeles, Houston y Nueva York.

Al final 19 fórmulas presidenciales, cifra sin precedentes, compiten por la presidencia, y la intención de voto es liderada por los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (Sandra Torres), Vamos (Alejandro Giammattei), Avanzada Nacional-Podemos (Roberto Arzú), Humanista (Edmond Mulet) y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (Thelma Cabrera).

Destaca la participación de Cabrera, una dirigente campesina de origen maya-man que propone profundas reformas al Estado y sus instituciones, y contrasta con el resto de los candidatos, representantes de la política tradicional.

Un sondeo encargado por la Fundación Libertad y Desarrollo a CID-Gallup indica que Torres, ex primera dama durante la gestión de Álvaro Colóm (2007-2011), enfrentaría a Giammattei o Arzú en una eventual segunda vuelta, programada para el 11 de agosto, pero perdería ante los representantes de la derecha.

El combate a la corrupción y la criminalidad, la creación de empleos y la pertinencia de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) fueron los principales temas de una campaña marcada por el veto a dos de las candidatas más populares: Zury Ríos (Valor) y Thelma Aldana (Movimiento Semilla).

Si el voto nulo, reconocido con las reformas aprobadas en 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, alcanza el 50 por ciento del sufragio, las elecciones deben ser repetidas con los mismos candidatos.

Más de 90.000 efectivos de la Policía Nacional Civil, bomberos, personal de salud y otras instituciones integran el dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad durante los comicios, así como el cumplimiento de disposiciones como la Ley Seca que entró en vigor el sábado 15 de junio y durará hasta el amanecer del lunes 17.

Las autoridades identificaron 38 municipios con alerta roja y 52 en alerta amarilla por la posibilidad de darse casos de violencia electoral, en los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Izabal, Santa Rosa, Quiché, Quetzaltenango, Huehuetenango y Sololá.

El 31 por ciento de los encuestados por CID-Gallup Latinoamérica para un reciente sondeo cree que las elecciones serán fraudulentas, criterio apuntalado por incidentes como la reciente salida del país del fiscal electoral Óscar Shaad, amenazado de muerte.

El expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís encabeza una misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ya desplegó a sus 84 integrantes por los 22 departamentos para evaluar la transparencia y legitimidad del proceso.

Los centros de votación cerrarán a las 18.00 hora local (00.00 GMT), cuando comenzará el escrutinio.

MONTEVIDEO, URUGUAY

(Spútnik) Los países de América Latina tienen que reformular sus políticas penitenciarias y empezar a pensar nuevas formas de castigar los delitos si quiere mejorar los graves problemas de seguridad que enfrentan actualmente, dijo en entrevista con Spútnik la exdirectora del Ilanud, Cecilia Sánchez.

«Tiene que haber una discusión esencial; América Latina debe hacer un alto, reflexionar, y decidir si se va a decantar por seguir encerrando gente o si va a replantear» sus políticas, «sobre todo cuando no hay condiciones en las cárceles de llevar adelante procesos de inserción y acompañamiento», dijo la exministra de Justicia de Costa Rica (2015-2017).

Sánchez sostuvo que los países latinoamericanos comparten «una realidad tremendamente complicada» en lo que respecta a la situación de sus cárceles, donde prima el hacinamiento, el uso excesivo de la privación de libertad preventiva, y resistencias de parte de los gobiernos a destinar más cantidades de recursos a programas que funcionen como alternativa a la prisión.

«En general es una situación que pareciera que cada día tiende a aumentar, porque se sigue politizando el tema del populismo punitivo», dijo quien dirigió el Ilanud (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delito y del Delincuente) del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de marzo de este año.

Según Sánchez, los Estados de América Latina gastan, en promedio, entre 30 y 40 dólares diarios por cada persona privada de libertad, una cifra que incluye su alimentación, atención y custodia.

«Y muchas veces son personas que están dos o tres años en prisión porque han sustraído un bien cuyo valor no supera los diez dólares», ejemplificó.

«Esa comparación no se hace, eso no se dice, porque se ha vendido a la gente que lo que importa es sancionar», añadió.

De acuerdo a la base de datos World Prison Brief, en América Latina hay 1,6 millones de personas privadas de libertad, lo que supone una tasa de 256 presos cada 100.000 habitantes.

Sánchez participó en Montevideo del I Congreso Latinoamericano de Políticas Penitenciarias, que se realizó en la capital uruguaya del 13 al 14 de junio.

Durante su disertación llamó a «dotar de racionalidad al castigo» y afirmó que las autoridades y también la propia sociedad deben preguntarse sobre qué tipo de políticas criminal quieren.

«¿Cómo queremos que vuelvan?», inquirió la especialista.

Respecto a las políticas de reinserción que existen en Uruguay, Sánchez destacó el trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), organismo que trabaja con las personas que acaban de cumplir sus penas y son liberadas.

«Me impresiona Uruguay; las políticas que son más avanzadas a nivel pospenitenciario en América Latina son las de Uruguay», aseguró la licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica.

La especialista dijo que experiencias como las de la Dinali y su «Posada del Liberado», donde conviven decenas de personas que acaban de ser liberadas, «no existen en la mayoría de los países, porque el sistema penitenciario se desentiende de la persona una vez que cumple la pena».

«Este acompañamiento que se brinda desde la Dinali me parece excepcional, es una cosa que hay que defender mucho, que hay que potenciar y apoyar mucho», dijo Sánchez.

No obstante la experiencia de la Dinali, Uruguay tiene un sistema penitenciario colapsado, con casi 11.000 presos y una tasa de 333 presos cada 100.000 habitantes, lo que ubica a este pequeño país sudamericano en el puesto 28 a nivel mundial.

Según el último informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, una suerte de ombudsman de las cárceles uruguayas, 30% de las personas privadas de libertad en Uruguay están en situaciones degradantes o inhumanas, y 44% cumple sus penas en establecimientos donde las condiciones para la reinserción son insuficientes.

«Uruguay tiene modelos exportables como el de la Dinali, y convive con otros problemas», observó Sánchez, para quien las buenas experiencias deben ser consolidadas y articuladas a nivel general para que no sean emprendimientos aislados.

Esto, añadió, no debe ser solamente respecto al sistema penitenciario, sino de toda la política de seguridad.

«Para que Uruguay no tenga tantos presos necesitaría que los jueces no manden tanta gente a la cárcel, y para que los jueces manden menos gente a la cárcel debería haber menos leyes que criminalicen todas las conductas. Es un proceso global, de política criminal, una política de Estado», expresó la especialista.

La exdirectora del Ilanud criticó las propuestas de eliminar las libertades anticipadas y las condenas que establecen penas de varias décadas en prisión.

«Creer que muchos años en una cárcel van a cambiar a una persona es ser o muy iluso o muy ignorante», sentenció Sánchez.

En esta línea, dijo que el sistema penitenciario no puede cargar con la mochila de evitar la reincidencia, ya que si bien la reinserción es un trabajo que comienza durante la privación de libertad, es fundamental que se continúe una vez que la persona es liberada.

«El sistema penitenciario no puede hacerse cargo de ese objetivo y decir «los tengo en la cárcel y los voy a tratar de manera que ninguno vuelva a delinquir», porque para que eso ocurra, en el afuera tienen que haber operado otro montón de cambios, una serie de políticas que hayan mejorado la condición de la persona que regresa», explicó la especialista costarricense.

«Tiene que haber un proceso que mediatice el impacto de la salida; es un enorme impacto salir a prisión, pero es un enorme impacto volver sin herramientas», agregó.

En Uruguay, un promedio de 500 presos son puestos en libertad por mes.