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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El CNA denunció el martes que un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedis) habría incurrido en enriquecimiento ilícito y que previamente había sido acusado por la extinta UFECIC por el mismo delito.

En un boletín emitido, el CNA indicó que el acusado, cuya identidad se mantiene en reserva, » está a cargo de la gestión de toda la información inherente a los programas sociales, planillas de pago y/o entrega de beneficios a los vulnerables. Cabe destacar que él ya había sido acusado por la Maccih-Ufecic en 2019 por 43 delitos de fraudes contra la administración pública».

«Durante su gestión (período 2007 – 2014) fungió como coordinador del proyecto Programa de Asignación Familiar (PRAF) en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) que estaba dirigido al Bono Diez Mil; revelación hecha a la luz pública por la MACCIH y UFECIC», indicó el CNA.

La investigación del CNA profundizó respecto a los bienes que adquirió el denunciado, mismos que no logran justificarse con los ingresos legalmente percibidos entre él y su esposa, quien también se ha desempeñado como empleada de la Sedis, añade.

«Es decir, que se realizó un proceso de estado de origen y aplicación de activos familiares en el que se identificaron los ingresos legalmente percibidos por medio de su núcleo familiar, mismos que no consiguieron sufragar lo que poseen como patrimonio. Es posible entonces, identificar esta acción como un supuesto delito con la figura de enriquecimiento ilícito durante el período del año 2014 al 2019», se informó.

Funcionarios del CNA acudieron a interponer la denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas a fin que se inicien las investigaciones para esclarecer el presunto caso de corrupción.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un grupo de conductores de microbuses brujos realizaron una protesta la mañana de este martes, en contra los abusos que están siendo objeto por parte de las autoridades.

Los motoristas señalaron que van a realizar una caravana a lo largo del anillo periférico como una forma de continuar con las protestas.

La protesta la realizan los transportistas de unidades que cubren varias rutas como Los Laureles, Torocagua, Cerro Grande, Loarque y otras.

Uno de los afectados señaló “que ya no aguantamos esa persecución en contra de nosotros, ya no nos dejan trabajar”.

Aseguró que en este momento hay alrededor de 15 unidades que están decomisadas, algunas hasta por seis meses con multas de 21 mil lempiras

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Sputnik) El reciente asesinato del líder indígena Jerhy Rivera, de la etnia Brorán, se suma a otros dos crímenes de defensores de los derechos humanos en Costa Rica, afirmaron diversos voceros de la sociedad civil en esa nación centroamericana.

«Asesinan a defensor de derechos humanos de pueblos indígenas, esto se suma a dos muertes más que dejan en la impunidad al Estado de Costa Rica como responsable directo de prevenir estos actos», denunció la abogada Larissa Arroyo, presidenta de la asociación ciudadana Acceder, en su perfil de la red social Facebook.

Arroyo lamentó que, a pesar del trabajo de Acceder para crear un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y un protocolo de investigación, es insuficiente la labor del Gobierno, en particular de la Defensoría de los Habitantes.

Rivera fue asesinado el 24 de febrero en un enfrentamiento entre indígenas y usurpadores de las tierras de una finca entre Térraba y Mano de Tigre (occidente), en el cual otra persona sufrió heridas de gravedad y permanece en un centro médico.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas se hizo eco de denuncias en el territorio de Cabagra sobre la invasión de colonos armados a las zonas de Térraba, Crun D’bonn y Cabagra en Palmira, donde levantaron tres campamentos ilegales en tierra de la etnia Bribri.

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, condenó a medianoche el asesinato de Rivera y confirmó la detención del sospechoso.

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente afirmó que la muerte de Rivera «salpica de sangre la hipocresía del Estado costarricense, que por un lado dice ser abanderado de los derechos humanos, pero que su política pública deja en el abandono y el olvido a todas las poblaciones indígenas de nuestro país».

«Otro asesinato más con la complicidad e irresponsabilidad del Gobierno y de varios medios de comunicación. ¿Qué estarán esperando las autoridades de Gobierno para actuar, que saquen y aniquilan a todas las poblaciones indígenas de los territorios?», expresó en redes sociales Antonio Ortega, secretario general del Frente Amplio (izquierda).

Este crimen ocurre a pocos días del primer aniversario del asesinato de Sergio Rojas, líder indígena Bribri de Salitre, ultimado con 15 disparos pese a las medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015.