Wednesday, Jul 24, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Si el gobierno de Honduras se empecina en prohibir las visitas a mareros privados de libertad, incurrirá en violaciones a derechos humanos, advirtió hoy la especialista en protección de la vida Reina Rivera Joya.

En entrevista a este periódico, Joya señaló que “el mandatario debe garantizar que la inteligencia del Estado, no sé si será un Estado inteligente, que realizan la aplicación de parámetros militares en este tipo de actividades pueda investigar quiénes son los privados de libertad son los que están involucrados en planificación de crímenes porque ahí se genera impunidad”.

Advirtió que la osada propuesta del presidente de prohibir las visitas familiares a los mareros puede provocar fatales consecuencias. “Hemos visto revueltas, tomas, amotinamientos y gente que ha fallecido en este tipo de protestas. Dictar castigos de tipo general es la peor decisión que puede tomar el gobierno”.

“Si una persona aparte de estar privada de libertad y sigue cometiendo delitos desde la cárcel y el Estado no inicia un proceso contra los nuevos crímenes que está cometiendo, se vuelve cómplice”, añadió la defensora de DDHH.

Se tienen que buscar otros mecanismos para neutralizar el poder criminal de las maras y pandillas, aseguró, entre ellas, la implementación de sistemas tecnológicos para impedir que los mareros sigan operando en la impunidad.

“Pero una medida de carácter general de privar las visitas a los privados de libertad es una medida abusiva que atenta contra otros derechos de esas personas porque de lo único que están privados es de su libertad, pero siguen teniendo otros derechos como el de tener familia y la posibilidad de salir rehabilitado de la cárcel y que ese lugar sea un espacio para la rehabilitación”, explicó.

Resulta hasta inadmisible, prosiguió, dictar medidas de carácter general cuando el Estado, si tiene la afirmación que se ordenan hechos criminales desde las cárceles, se les tiene que iniciar un proceso judicial, “de lo contrario se convierte en cómplice de esos crímenes”.

 

BOGOTÁ, COLOMBIA

(Spútnik Mundo) La reconocida defensora de los derechos humanos colombiana Piedad Córdoba no esconde su entusiasmo por los avances entre el Gobierno y las FARC, pero considera que aún hacen falta grandes transformaciones que van desde el paramilitarismo a la desigualdad.

«Hay que reconocerle al presidente Juan Manuel Santos sus logros, a pesar de la brutal arremetida de sectores de la derecha, que no creen que una guerra de 50 años deba terminar con una salida negociada», aseguró en el programa de radio Voces del Mundo Piedad Córdoba, exsenadora colombiana y luchadora incansable por el fin del conflicto civil en Colombia. Alentó a estar alerta ante otros peligros.

«El fenómeno del paramilitarismo se convierte en una amenaza muy grande. Se están planteando mecanismos para la superación de este problema en el país. De no alcanzarlo se corren riesgos grandes. Así como hay gente que dice que hay que creer en la palabra de las FARC, yo diría que hay que creer en la palabra del Estado», dijo.

«Se debe instrumentar todo lo necesario para acabar con este fenómeno que ha generado muchos de los grandes problemas en términos de las masacres a los derechos humanos. El Estado es el responsable de garantizar que se pueda hacer política sin armas y la seguridad de todos los que pensamos distinto», aseguró Córdoba, quien sufrió atentados y fue secuestrada por fuerzas paramilitares en 1999.

«La firma del acuerdo es importante porque se acaba la política con armas. Pero también es evidente que Colombia necesita grandes transformaciones. Hay casi ocho millones de desplazados internos, ocho millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos, 50.000 desaparecidos, niveles de miseria y pobreza bastante altos. Yo creo que de aquí tiene que salir una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente», opinó la defensora de los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales, así como de los derechos humanos.

«Los medios han tenido una responsabilidad muy grande en la generación de odios en la sociedad colombiana. En el señalamiento de muchas personas que incluso hemos hecho oposición sin haber levantado nunca un arma. Eso da cuenta de las faltas democráticas de nuestra sociedad. El papel de los medios en este proceso ha sido en gran parte negativo. Inicialmente hubo una estrategia de su parte generando encuestas donde daban el triunfo total al ‘no’. Pero esa manipulación fue cayendo. Cada vez es más la gente que está interesada en lograr este acuerdo», explicó Córdoba.

Por último, analizó la actualidad regional. «Ha habido una campaña de la derecha para desprestigiar el avance de la revolución. En Venezuela no hay analfabetismo, hay hambre cero, las personas tienen cobertura universal en educación y acceso a la salud. Además, tienen el sistema electoral más sólido de la región. No hay una dictadura. El Gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande por mantener una política social que le ha dado a Venezuela un millón de viviendas», dijo Córdoba.

«Lo que ocurrió en Brasil es vulgar. No vi un rechazo en los medios hacia lo que sucedió. Es como pasar un semáforo en rojo y que se aplique la pena de muerte. Lo mismo en Argentina donde se ha dicho que van a investigar hasta las últimas consecuencias sin garantías al debido proceso. Estas cosas repercuten en Venezuela porque anima a aquellos que dicen: ‘pudimos tumbar a un Gobierno fuerte como el de Brasil'», consideró.

Córdoba también manifestó su preocupación por la injerencia de Estados Unidos en la región.

«Durante estos últimos 15 años han venido puliendo la estrategia de los golpes blandos a Gobiernos democráticos. Lograron acuñar, después del 11 de septiembre, la tesis del terrorismo. Eso les permitió arrasar y perseguir a movimientos insurgentes como las FARC, como el ELN, para justificar que no eran personas alzadas en armas contra un régimen injusto, sino que eran terroristas. La autodeterminación de los pueblos es lo más importante para no depender de la mirada unilateral de un imperio que no resuelve sus propios problemas y generó muchísimas muertes en el mundo», concluyó.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La mara 18 ha “notificado” a los comerciantes y propietarios de un centro comercial de la capital de Honduras que deben pagar impuesto si no quieren ser asesinados.

Una carta manuscrita hecha por la organización criminal ha ordenado que los propietarios de establecimientos del centro comercial ubicado al sur de Tegucigalpa que tenían que pagar la primera cuota el pasado 7 de septiembre.

Si los afectados no procedían a pagar la extorsión, dice la carta, “vamos ir a matar unos cuantos inocentes y si nos echan riata con la Policía y agarran al que va ir a cobrar la renta vamos a hacer una masacre”.

Cada miércoles, señala el manuscrito, los comerciantes deberán pagar impuesto –que oscila entre los tres mil 500 y siete mil lempiras– y el dinero tendrá que ser entregado en el salón de belleza “Colorama” y la persona “que reciba la carta tendrá que informales a todos los locales”.

La tabla de cuotas a pagar, en el caso de las tiendas de ropa nueva y una clínica de planificación familiar, es de cuatro mil lempiras; las ventas de comida y gimnasios es de tres mil 500 y una tienda de productos escolares tiene que aportar cada semana unos siete mil lempiras.

En la actualidad, Honduras padece una arremetida brutal de las maras y pandillas; en menos de una semana se reportó la quema de tres vehículos repartidores en varios puntos de Tegucigalpa.

Por su parte, el secretario de Defensa, Samuel Reyes y el jefe de las FFAA, Francisco Álvarez, justifican la virulenta reacción de las organizaciones criminales, alegando que es “normal” ante la presión que ejerce el gobierno para erradicarlas.

MARA